Con su pase a la clandestinidad, Iturriaga Neumann no servirá para otra batalla, porque la guerra terminó. Como “don Elías” u otro nombre de chapa que use, el ex comando sólo puede perder la batalla de la dignidad y el honor, última derrota que un militar de verdad quisiera sufrir.
“Soldado que arranca sirve para otra batalla”, reza el dicho popular, que no toma en cuenta los códigos del honor militar que, según los uniformados, guían su conducta. Si la feroz represión que ejercieron los agentes del régimen de Pinochet contaminó a las fuerzas armadas y policiales, hoy se constata que las perversiones que sufrieron muchos de sus miembros proyectan aún sus efectos de manera irreversible en algunos de ellos. El general en retiro Raúl Iturriaga Neumann es uno de esos hombres.
Primero lo demostró negando sistemáticamente toda responsabilidad en la desaparición de detenidos por parte de la brigada Purén, de la Dina que él dirigió; también en los atentados a Prats, Leigton y Letelier, en su calidad de miembro del servicio exterior de la misma policía secreta. Todo pese a las pruebas que se acumularon en su contra en los largos procesos respectivos.
Y pese a que usó todos los recursos que le granjea la ley y que acudió a todas las instancias posibles, hoy alega no sólo indebido proceso, sino que declara a través de un DVD que envió a los medios que no acatará el fallo de tercera instancia, que lo condenó a 5 años, la mitad de la pena original que le aplicó el juez Alejandro Solís.
Es la manifestación hasta el final, 17 años después de terminado el régimen militar, de una mentalidad dictatorial y autoritaria, que no concibió ayer el derecho a defenderse de los detenidos políticos y que no considera el acatamiento a las instituciones de Derecho a las que Iturriaga acudió hasta la saciedad, hasta que se dio cuenta que no le servirían “ya no más”. Instituciones, por lo demás benignas, que no toman medidas cautelares contra un condenado, enviándolo de inmediato a prisión y permitiendo, en cambio, que el juez pacte su presentación bajo palabra de honor al penal, sin pasar por el tribunal.
Iturriaga trató, además, de darle un carácter corporativo a su caso, invocando a los más de 500 uniformados que, según él, sufren similar situación. Más grave que esto es que algunos oficiales en retiro traten de justificar su “drama humano”. Es difícil que vaya a prender una rebeldía de los procesados por DDHH, porque no hay condiciones políticas ni sociales para ello, pero debe exigirse el destierro, en las cúpulas castrenses, de esa doctrina que compara el sufrimiento de las víctimas y sus familiares con el de las víctimarios y sus grupos. Percepciones torcidas como ésas pueden llevar fácilmente a que se tejan redes de protección que bajo el imperio del Derecho son inadmisibles, menos aún si en esos mantos participan elementos que han sido entrenados y armados por el Estado para fines distintos a los de burlar la justicia.
Con su pase a la clandestinidad, el ex comando no servirá para otra batalla, porque la guerra terminó. Como “don Elías” u otro nombre de chapa que use sólo puede perder la batalla de la dignidad y el honor, última derrota que un militar de verdad quisiera sufrir.
Primero lo demostró negando sistemáticamente toda responsabilidad en la desaparición de detenidos por parte de la brigada Purén, de la Dina que él dirigió; también en los atentados a Prats, Leigton y Letelier, en su calidad de miembro del servicio exterior de la misma policía secreta. Todo pese a las pruebas que se acumularon en su contra en los largos procesos respectivos.
Y pese a que usó todos los recursos que le granjea la ley y que acudió a todas las instancias posibles, hoy alega no sólo indebido proceso, sino que declara a través de un DVD que envió a los medios que no acatará el fallo de tercera instancia, que lo condenó a 5 años, la mitad de la pena original que le aplicó el juez Alejandro Solís.
Es la manifestación hasta el final, 17 años después de terminado el régimen militar, de una mentalidad dictatorial y autoritaria, que no concibió ayer el derecho a defenderse de los detenidos políticos y que no considera el acatamiento a las instituciones de Derecho a las que Iturriaga acudió hasta la saciedad, hasta que se dio cuenta que no le servirían “ya no más”. Instituciones, por lo demás benignas, que no toman medidas cautelares contra un condenado, enviándolo de inmediato a prisión y permitiendo, en cambio, que el juez pacte su presentación bajo palabra de honor al penal, sin pasar por el tribunal.
Iturriaga trató, además, de darle un carácter corporativo a su caso, invocando a los más de 500 uniformados que, según él, sufren similar situación. Más grave que esto es que algunos oficiales en retiro traten de justificar su “drama humano”. Es difícil que vaya a prender una rebeldía de los procesados por DDHH, porque no hay condiciones políticas ni sociales para ello, pero debe exigirse el destierro, en las cúpulas castrenses, de esa doctrina que compara el sufrimiento de las víctimas y sus familiares con el de las víctimarios y sus grupos. Percepciones torcidas como ésas pueden llevar fácilmente a que se tejan redes de protección que bajo el imperio del Derecho son inadmisibles, menos aún si en esos mantos participan elementos que han sido entrenados y armados por el Estado para fines distintos a los de burlar la justicia.
Con su pase a la clandestinidad, el ex comando no servirá para otra batalla, porque la guerra terminó. Como “don Elías” u otro nombre de chapa que use sólo puede perder la batalla de la dignidad y el honor, última derrota que un militar de verdad quisiera sufrir.
(Comentario transmitido por radio Universidad de Chile 102.5 FM).