El Gobierno busca eliminar las situaciones complicadas, en los casos que por error los usuarios no cancelen las boletas por la prestación de servicios de las autopistas concesionadas.
Sin embargo, Bitrán aclaró que si bien “este es un paso muy importante para proteger el interés de los usuarios”, al mismo tiempo se mantiene las multas para preservar la disciplina de pago.
El titular de Obras Públicas adelantó que la iniciativa contempla la modificación a la Ley de Concesiones, la creación de una Superintendencia del ramo, para conservar los estándares de los niveles de servicios comprometidos por privados y por el Estado en la construcción de obras.
“Este es un paso fundamental en generar nuevos derechos para los ciudadanos y mecanismos claros, eficientes, ejecutivos para poder reclamar esos derechos y que efectivamente se cumplan”, sostuvo Bitrán.
El proyecto, busca también establecer una modificación de los mecanismos de resolución de controversia, en particular el mecanismo de arbitraje amigable componedor, y en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) se propone, en el caso de que se opte por sistema arbitrales para resolver los conflictos entre una empresa concesionada y las pymes subcontratistas, debe existir necesariamente la obligación de someterse al sistema arbitral de la Cámara de Comercio de Chile.
“Estamos convencidos que con esta reforma del sistema arbitral vamos a tener menos incertidumbre, menos variación en los juicios y también estamos convencidos que vamos a proteger de una manera más adecuada el interés fiscal y un campo más nivelado para la competencia”, aseguró.
“El uso de motonetas en autopistas de alta velocidad es peligroso, aumenta riesgos y por esa razón en muchos países del mundo, y en el mismo nivel de tarificación, y a veces mayor que el que tienen los automóviles, y en segundo lugar, un tema muy relevante para la ciudad de Santiago, la contaminación, los niveles de contaminación por pasajero transportado en el caso de las motonetas es significativamente más alto que los buses y mucho más alto que los automóviles”, sostuvo.
Por lo que a su juicio existen “muy buenas razones”, desde el punto de vista del interés público general, para establecer en su oportunidad este tipo de tarificación, destacando que “esto está establecido en los contratos”.
En tanto, más de un centenar de motociclistas llegaron hasta las inmediaciones del palacio de Gobierno para reclamar por la decisión del cobro para este medio en las autopistas urbanas.