Desde luego que la propuesta del Presidente del Senado llega a destiempo, porque no es el momento de reestructuraciones, sino de una salida del atolladero. El Transantiago fue –es- un ambicioso proyecto de refundación de un sistema que a todas luces era arcaico, nocivo y costoso, y además humillante, porque las aglomeraciones constituían también uno de sus distintivos en horas punta y en determinadas direcciones. Lo que contrastaba con el gran número de micros desocupadas no sólo en horas valle, sino también hacia, por ejemplo, el barrio alto, cuando los trabajadores allí empleados viajaban en sentido contrario.
Una vuelta atrás, con las micros amarillas pasando de nuevo todas por el centro, con contaminación impune, no sería en sí –a estas alturas- una derrota para la Concertación, porque el remedio fue peor que esa enfermedad. Una de las virtudes reconocidas internacionalmente en la ejecución de la políticas públicas es la capacidad de las autoridades para enmendar rumbos de manera parcial o total, claro que después de oír a las comunidades afectadas. En este momento, el problema del Transantiago está contaminado políticamente, pero este dato debiera ser secundario en una solución al problema. Si la oposición quiere hacer su pega vitriólicamente, corresponderá a la ciudadanía juzgarla en su momento. Por ahora, lo rescatable del antiguo sistema es su malla y frecuencia de recorridos, que respondían –eso sí con sobresaturación- a las necesidades de la gente. ¿No será mucho y poco lo que decía un usuario desesperado, que antes tenía 14 recorridos para ir entre su casa y su trabajo y ahora sólo uno?
Para rediseñar la malla y para que un mayor número de máquinas salga a la calle no se necesita volver a pintarlas de amarilllo –aunque en el imaginario colectivo este color se evoque con nostalgia-, sino ejecutar el sistema tecnológico de posicionamiento global y crear los incentivos necesarios en contratos rediseñados con los operadores.
Así, en definitiva, parecen entenderlo tanto Frei como la UDI. El ex Presidente de la República precisó su intención: que el Estado reordene el transporte público y que después, “con más calma y seriedad”, se involucren los privados. El partido de derecha no pidió la vuelta de las amarillas, pero algunos dirigentes tuvieron palabras de defensa del antiguo sistema, porque en él, a través del mercado, la gente indicaba los recorridos que necesitaba, aseguraron.
Lo peligroso en las argumentaciones es el sesgo ideológico, pro y antiestatizante, y en este terreno la derecha está demostrando más apego dogmático a la ideología. La cautela y aún la poco acogida que halló la iniciativa de Frei en el oficialismo no fue más allá de los aplausos prodigados en la junta nacional DC y de la incorporación de la sugerencia en el documento final de este evento partidario, como una forma más de acendrar el ambiente de contemporización y compromiso que inundó el evento partidario. Tal vez por eso Frei matizó a la salida de La Moneda, para darle viabilidad a su propuesta.
La derecha, en cambio, acude a malos ejemplos para demostrar que el Estado no tiene capacidad de gestión, como la experiencia de la Empresa de Transportes Colectivos (TCE), que terminó en la quiebra en los años ´70. Esa empresa estatal se había formado para asumir, parcialmente, el fracaso de los operadores privados. No es un caso homologable al del Metro, creado y operado por una sociedad pública y autónoma y que sí dio muestras de capacidad estatal de gestión.
En lo que pueden tener razón los críticos del Estado es que, en esta coyuntura, los técnicos que diseñaron el Transatiago y los responsables políticos que los avalaron no dieron precisamente muestras de capacidad. Puede que la falla central radicó en la concepción de un sistema mixto, con empresarios que no cumplieron su parte ante autoridades demasiado magnánimas con ellos. Pero si bien este no es el momento de identificar cabezas para hacerlas rodar, tampoco se trata de confiar a los mismos tecnócratas la estatización del mal concebido plan. No más parches, como dicen Frei y la UDI por separado, pero tampoco los mismos sastres.
El otro déficit del Estado empresario chileno es su adscripción a conductas tradicionales de los operadores privados, con el plus de lograr rápidamente el uso de la fuerza pública, para reprimir a los trabajadores, como se ve en las huelgas del cobre, y a los usuarios, como se asomó el lunes, cuando el Metro tuvo que cerrar sus puertas, causando la exasperación en las calles.