Cuando defiendo y postulo la adopción del régimen parlamentario para nuestro país, me estoy refiriendo a lo que se entiende por tal en el Derecho y la ciencia política, que ciertamente no se corresponde con nuestra experiencia histórica posterior a la Revolución de 1891, sino con aquellos actualmente experimentados con éxito en todos los continentes, si bien nacidos en Europa, sea como monarquías constitucionales (Reino Unido, España, Holanda, Suecia, Bélgica, etc.) o como repúblicas parlamentarias (Portugal, Alemania, Italia, Irlanda, etc.). En el Derecho, existe un aforismo que dice, “Las cosas son lo que son y no lo que se dice que son”, y la así llamada por nuestra historiografía, Republica Parlamentaria, no era un régimen parlamentario con los mecanismos del voto de censura y el voto de confianza, así como la antigua República Democrática Alemana, no era una democracia.
Me temo que mientras no arribemos -a través de una Asamblea Constituyente, cuyos integrantes no puedan postularse en las primeras elecciones subsiguientes o, en su defecto, mediante un plebiscito con alternativas serias y no una parodia de acto cívico como aquel fraude de 1980- a una Constitución que nos represente a todos, nuestra Transición seguirá en suspenso.
Finalmente, digamos que el régimen parlamentario de gobierno, cuando se ha planteado, ha recibido un apoyo de carácter transversal entre nuestras fuerzas políticas, por lo que su proposición como la forma de poner feliz término a una Transición eterna, lejos de representar una idea peregrina, resulta mucho más realista que seguir disfrazando de democrática, con parches y más parches, una institucionalidad espuria e ilegítima que a nadie representa y que sólo puede avergonzarnos.
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