La primera derrota en el Parlamento del ministro de Hacienda, por el proyecto de depreciación acelerada, fue parte de una ofensiva de variados sectores de la Concertación en contra de lo que consideran nefasto poder de Andrés Velasco en el gobierno. La derecha decidió dejarlo librado a su suerte o, más bien, decidió contribuir a su derrota, como una manera de hacer ver, dramáticamente, la falta de cohesión dentro del oficialismo.
El plan maestro del gobierno remozado -de llevar adelante una ofensiva que no dé tregua a las actores políticos y sociales- es una apuesta incierta en sus resultados, pero la única que la Presidenta podía acometer después de los cuestionamientos a su liderazgo y el descrédito ante la ciudadanía por el Transantiago. La reforma electoral, la sustitución de la LOCE y, el anuncio de elecciones de consejeros regionales van claramente en ese sentido, aunque los factores que se pusieron en juego son variopintos.
Por un lado, se despliegan los principios para interpelar a los legisladores y los intereses que se mueven detrás de ellos: la inclusión política, la educación no discriminatoria y sin fines de lucro y la representatividad de los consejeros que tienen que ver con la asignación de recursos a las regiones. Por el otro, se acude al pragmatismo y, después de aceptar a un Contralor satisfactorio para la derecha, se accede a quitar la suma urgencia al proyecto electoral y se recoge la bandera opositora de las elecciones regionales. Estas fueron dos de las condiciones puestas por RN para allanarse a votar la idea de legislar sobre los cambios en la composición de la Cámara de Diputados.
Paralelamente, se envió al Congreso, para discusión inmediata, el proyecto de depreciación acelerada, que implica una tregua tributaria para las empresas con el objetivo, declarado por el ministro de Hacienda, de estimular el crecimiento económico. Esta medida fue en un comienzo ampliamente acogida por los dirigentes del empresariado y los partidos de derecha.
Pero he aquí que surgieron los imponderables de la política, que pusieron a prueba la sagacidad para anticiparse a los problemas de los estrategas de La Moneda. Se ha querido establecer una intencionalidad comunicacional en el énfasis puesto en el fin del lucro para los sostenedores de los colegios particulares subvencionados y de la selección por las escuelas de sus alumnos. Incluso ha trascendido que la Presidenta incluyó el polémico artículo 44 a última hora y que ese fue uno de los puntos del informe oral que la mesa de la Democracia Cristiana pidió a su militante, la ministra Yasna Provoste.
Cualesquiera hayan sido las móviles presidenciales, lo cierto es que quedaron al desnudo dos características de la política chilena. La más general es que cualquier debate sobre materias importantes se realiza bajo sesgos ideológicos y principistas. En este caso, la lucha es entre el estatismo y los derechos de los particulares, la centralización versus la iniciativa privada, la regulación contra la libre competencia. Una impronta similar se cierne sobre los intentos del ministro Cortázar de desatar los nudos del Transantiago, cuando casi instintivamente se defiende a los operadores privados de sus culpas en el descalabro de ese plan.
La segunda característica es más particular y tiene que ver con la creciente falta de cohesión de la multipartidaria oficialista, a pesar de todos los almuerzos y cenas de abuenamiento entre los responsables del gobierno, las bancadas y los partidos. Es lo que se desprende, una vez más, de la reacciones a las iniciativas gubernamentales sobre el Contralor, las reformas electoral y educacional y la iniciativa de depreciación acelerada, ante las cuales se multiplican las voces –y los votos- disidentes. En el caso del proyecto sobre la Cámara de Diputados, el disenso transversal es inevitable, porque están en juego los intereses y gustos de los propios legisladores, aunque en el pronunciamiento negativo de la UDI hay una cuestión de principio frente a la amenaza comunista que, vestida con ropajes democráticos, le resulta aún más peligrosa. Pero respecto del lucro en la educación, las reservas provinieron, con fuerza algo inesperada, de especialistas democratacristianos encabezados por la ex ministra del ramo Mariana Aylwin.
La apuesta resultó arriesgada, porque significó anteponer el sentimiento de la mayoría ciudadana en contra de la enseñanza como negocio (en un 60,2 % lo midió la Fundación Futuro) al de la legítima retribución que sienten que merecen los empresarios educacionales eficientes, que constituyen pymes tanto como organizaciones más grandes. Comunicacionalmente, el gobierno gana en este terreno la batalla contra los conservadores, pero en lo interno puede acentuarse la brecha entre “las dos almas de la Concertación” y eso alejarlas de un proyecto común. Si el lucro es un asunto político-ideológico, el de la selección, en cambio, tiene más bien componentes técnico-sociales y no debiera causar una erosión mayor, sino –visto el empate en las encuestas en este punto- animar la sana polémica.
Donde sí la derecha logró meter la cola fue en el debate parlamentario de la depreciación acelerada, irguiéndose como defensora de las pymes, junto a cuatro senadores oficialistas. El flanco lo abrió un asediado ministro Andrés Velasco, contra quien recaen hoy las culpas de una tecnocracia neoliberal no compasiva, culpable, por lo demás, del diseño del Transantiago. La paradoja es que, para salvar el proyecto, Bachelet pidió a los dirigentes empresariales interceder ante los parlamentarios de derecha, en tanto que encargó a su ministro de Hacienda acoger los planteamientos de quienes han exhibido más sensibilidad que él. ¿Es que el hombre de las finanzas pone trabas al Estado social de derecho que propugna la Presidenta? Es una dilucidación pendiente.
Por un lado, se despliegan los principios para interpelar a los legisladores y los intereses que se mueven detrás de ellos: la inclusión política, la educación no discriminatoria y sin fines de lucro y la representatividad de los consejeros que tienen que ver con la asignación de recursos a las regiones. Por el otro, se acude al pragmatismo y, después de aceptar a un Contralor satisfactorio para la derecha, se accede a quitar la suma urgencia al proyecto electoral y se recoge la bandera opositora de las elecciones regionales. Estas fueron dos de las condiciones puestas por RN para allanarse a votar la idea de legislar sobre los cambios en la composición de la Cámara de Diputados.
Paralelamente, se envió al Congreso, para discusión inmediata, el proyecto de depreciación acelerada, que implica una tregua tributaria para las empresas con el objetivo, declarado por el ministro de Hacienda, de estimular el crecimiento económico. Esta medida fue en un comienzo ampliamente acogida por los dirigentes del empresariado y los partidos de derecha.
Pero he aquí que surgieron los imponderables de la política, que pusieron a prueba la sagacidad para anticiparse a los problemas de los estrategas de La Moneda. Se ha querido establecer una intencionalidad comunicacional en el énfasis puesto en el fin del lucro para los sostenedores de los colegios particulares subvencionados y de la selección por las escuelas de sus alumnos. Incluso ha trascendido que la Presidenta incluyó el polémico artículo 44 a última hora y que ese fue uno de los puntos del informe oral que la mesa de la Democracia Cristiana pidió a su militante, la ministra Yasna Provoste.
Cualesquiera hayan sido las móviles presidenciales, lo cierto es que quedaron al desnudo dos características de la política chilena. La más general es que cualquier debate sobre materias importantes se realiza bajo sesgos ideológicos y principistas. En este caso, la lucha es entre el estatismo y los derechos de los particulares, la centralización versus la iniciativa privada, la regulación contra la libre competencia. Una impronta similar se cierne sobre los intentos del ministro Cortázar de desatar los nudos del Transantiago, cuando casi instintivamente se defiende a los operadores privados de sus culpas en el descalabro de ese plan.
La segunda característica es más particular y tiene que ver con la creciente falta de cohesión de la multipartidaria oficialista, a pesar de todos los almuerzos y cenas de abuenamiento entre los responsables del gobierno, las bancadas y los partidos. Es lo que se desprende, una vez más, de la reacciones a las iniciativas gubernamentales sobre el Contralor, las reformas electoral y educacional y la iniciativa de depreciación acelerada, ante las cuales se multiplican las voces –y los votos- disidentes. En el caso del proyecto sobre la Cámara de Diputados, el disenso transversal es inevitable, porque están en juego los intereses y gustos de los propios legisladores, aunque en el pronunciamiento negativo de la UDI hay una cuestión de principio frente a la amenaza comunista que, vestida con ropajes democráticos, le resulta aún más peligrosa. Pero respecto del lucro en la educación, las reservas provinieron, con fuerza algo inesperada, de especialistas democratacristianos encabezados por la ex ministra del ramo Mariana Aylwin.
La apuesta resultó arriesgada, porque significó anteponer el sentimiento de la mayoría ciudadana en contra de la enseñanza como negocio (en un 60,2 % lo midió la Fundación Futuro) al de la legítima retribución que sienten que merecen los empresarios educacionales eficientes, que constituyen pymes tanto como organizaciones más grandes. Comunicacionalmente, el gobierno gana en este terreno la batalla contra los conservadores, pero en lo interno puede acentuarse la brecha entre “las dos almas de la Concertación” y eso alejarlas de un proyecto común. Si el lucro es un asunto político-ideológico, el de la selección, en cambio, tiene más bien componentes técnico-sociales y no debiera causar una erosión mayor, sino –visto el empate en las encuestas en este punto- animar la sana polémica.
Donde sí la derecha logró meter la cola fue en el debate parlamentario de la depreciación acelerada, irguiéndose como defensora de las pymes, junto a cuatro senadores oficialistas. El flanco lo abrió un asediado ministro Andrés Velasco, contra quien recaen hoy las culpas de una tecnocracia neoliberal no compasiva, culpable, por lo demás, del diseño del Transantiago. La paradoja es que, para salvar el proyecto, Bachelet pidió a los dirigentes empresariales interceder ante los parlamentarios de derecha, en tanto que encargó a su ministro de Hacienda acoger los planteamientos de quienes han exhibido más sensibilidad que él. ¿Es que el hombre de las finanzas pone trabas al Estado social de derecho que propugna la Presidenta? Es una dilucidación pendiente.