La Presidenta propuso un cambio completo de vajilla en la cocina educacional, pero no pudo hacer lo mismo en la electoral. El debate será arduo en ambos casos y largo en el de los cambios en la enseñanza. Y acuciada por la violencia de los menores de edad que se manifiesta detrás de las protestas de estudiantes y pobladores, Bachelet hará efectiva la responsabilidad penal juvenil, en medio de sombríos pronósticos de un colapso material parecido al de los tribunales de familia.
Al cumplirse un año del estallido de las protestas estudiantiles, el gobierno presentó, con ritos republicanos, el proyecto que sustituye la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Es decir, la Presidenta fue más allá de lo que los alumnos le pidieran literalmente en uno de sus célebres carteles: “Michelle, anda a lavar la LOCE”. Ha instado al Parlamento cambiar el juego de vajilla completo, a través de una serie de iniciativas legales que enviará sucesivamente.
El arduo debate que ya se inició –enfocado de inmediato en los conceptos de lucro y discriminación que se quiere erradicar- preanuncia nuevas pruebas de fuego para el remozado gabinete, con José Antonio Viera Gallo en el rol de articulador de las fuerzas oficialistas y negociador con las de oposición. Después de un taladrante debut, que desentrampó la designación del nuevo Contralor, el gobierno deberá transitar por dos carriles distintos, que se probarán muchas veces excluyentes: el del pragmatismo y el de los principios.
Puesto en jaque por un malhadado Transantiago, que se diseñó mal y ejecutó peor, el gobierno de Bachelet debió renunciar a algunos de los moldes con que quiso distinguirse de sus predecesores, y que podían etiquetarse como una “una interlocución renovada con la ciudadanía”. Un hombre que terminó de forjar su carácter político en la negociación parlamentaria, incluso con el general Pinochet, consensuó en pocos días con la derecha el nombre de Ramiro Mendoza, para salvar una acefalía de nueve meses en la Contraloría. Y antes de la crucial votación en el Senado, anunció el envío de un proyecto de ley para enmendar la ley electoral y de inscripción ciudadana. Esta iniciativa fue objeto de otra ceremonia ritual en La Moneda, con los jefes de Renovación Nacional y el partido Comunista sentados juntos.
Si en la Cámara Alta sólo se restaron al acuerdo en torno a Mendoza tres senadores de la Concertación y tres de la de derecha, en el proyecto electoral los presagios son negativos. En el sentimiento íntimo del concertacionismo un hombre de ideas más bien conservadoras no podía convencer, pero había que darle una mano a la Presidenta en medio de la crisis del Transantiago. En cambio, una iniciativa que ni siquiera “lava” el binominal, sino que sólo mete en la parrilla un poco más de carne, no satisfizo a nadie, ni siquiera a la chèfe. A los principistas, porque los 38 cupos actuales del Senado y los 120 de la Cámara de Diputados siguen regidos por el binominal; a los derechistas, porque ven con pavor que una minoría izquierdista de cinco puede arbitrar a las mayorías; a los pragmáticos, en fin, por los cálculos de toda laya.
No han faltado los seguidores de las teorías conspirativas que vieron en esta iniciativa un intento de introducir una “cuña” en la Alianza por Chile y, sobre todo, de distraer la atención poblando la agenda pública. Pero lo que más bien habría que preguntarse es si no se trata de un nuevo saludo a la bandera de una clase política que, en realidad, no quiere cambiar el sistema electoral, porque le acomoda tal como está. Puede alimentar esta sospecha el que, efectivamente, la población no le preste mayor atención, concentrada como está en exigir mayor eficiencia a las autoridades en las políticas públicas, y que su enfoque tienda a concentrarse en el impopular aumento de curules parlamentarios.
Donde el factor social sí se hace presente es en las otras iniciativas “estrella” de la actual administración. La reforma educacional es impostergable, después del movimiento de los “pingüinos” iniciado hace un año y que se cierne como una sombra en las próximas semanas. El debilitamiento de la fuerza estudiantil hacia fines del año pasado pudo deberse sólo a razones estacionales. Hoy, los dirigentes estudiantiles han retomado protagonismo y se les corteja invitándolos a palacio y abriéndoles las puertas de los ministerios de Educación y Transportes. El hecho que encabezaran las protestas por el Transantiago y que el vandalismo se haya manifestado detrás de ellos da cuenta también de la urgencia, no sólo de desatar los nudos de la movilización colectiva en la capital, sino también de no postergar la puesta en ejecución de la responsabilidad penal juvenil. Los menores de 16 años que saquean y destruyen, y que quedan en libertad de inmediato, plantean una nueva exigencia ciudadana de control y contención. Ciertas desafortunadas voces gubernamentales llamando a los padres a asumir responsabilidades respecto de sus hijos no pueden relevar al Estado de sus tareas de prevención, rehabilitación e inserción de jóvenes excluidos y sin rumbo.
El arduo debate que ya se inició –enfocado de inmediato en los conceptos de lucro y discriminación que se quiere erradicar- preanuncia nuevas pruebas de fuego para el remozado gabinete, con José Antonio Viera Gallo en el rol de articulador de las fuerzas oficialistas y negociador con las de oposición. Después de un taladrante debut, que desentrampó la designación del nuevo Contralor, el gobierno deberá transitar por dos carriles distintos, que se probarán muchas veces excluyentes: el del pragmatismo y el de los principios.
Puesto en jaque por un malhadado Transantiago, que se diseñó mal y ejecutó peor, el gobierno de Bachelet debió renunciar a algunos de los moldes con que quiso distinguirse de sus predecesores, y que podían etiquetarse como una “una interlocución renovada con la ciudadanía”. Un hombre que terminó de forjar su carácter político en la negociación parlamentaria, incluso con el general Pinochet, consensuó en pocos días con la derecha el nombre de Ramiro Mendoza, para salvar una acefalía de nueve meses en la Contraloría. Y antes de la crucial votación en el Senado, anunció el envío de un proyecto de ley para enmendar la ley electoral y de inscripción ciudadana. Esta iniciativa fue objeto de otra ceremonia ritual en La Moneda, con los jefes de Renovación Nacional y el partido Comunista sentados juntos.
Si en la Cámara Alta sólo se restaron al acuerdo en torno a Mendoza tres senadores de la Concertación y tres de la de derecha, en el proyecto electoral los presagios son negativos. En el sentimiento íntimo del concertacionismo un hombre de ideas más bien conservadoras no podía convencer, pero había que darle una mano a la Presidenta en medio de la crisis del Transantiago. En cambio, una iniciativa que ni siquiera “lava” el binominal, sino que sólo mete en la parrilla un poco más de carne, no satisfizo a nadie, ni siquiera a la chèfe. A los principistas, porque los 38 cupos actuales del Senado y los 120 de la Cámara de Diputados siguen regidos por el binominal; a los derechistas, porque ven con pavor que una minoría izquierdista de cinco puede arbitrar a las mayorías; a los pragmáticos, en fin, por los cálculos de toda laya.
No han faltado los seguidores de las teorías conspirativas que vieron en esta iniciativa un intento de introducir una “cuña” en la Alianza por Chile y, sobre todo, de distraer la atención poblando la agenda pública. Pero lo que más bien habría que preguntarse es si no se trata de un nuevo saludo a la bandera de una clase política que, en realidad, no quiere cambiar el sistema electoral, porque le acomoda tal como está. Puede alimentar esta sospecha el que, efectivamente, la población no le preste mayor atención, concentrada como está en exigir mayor eficiencia a las autoridades en las políticas públicas, y que su enfoque tienda a concentrarse en el impopular aumento de curules parlamentarios.
Donde el factor social sí se hace presente es en las otras iniciativas “estrella” de la actual administración. La reforma educacional es impostergable, después del movimiento de los “pingüinos” iniciado hace un año y que se cierne como una sombra en las próximas semanas. El debilitamiento de la fuerza estudiantil hacia fines del año pasado pudo deberse sólo a razones estacionales. Hoy, los dirigentes estudiantiles han retomado protagonismo y se les corteja invitándolos a palacio y abriéndoles las puertas de los ministerios de Educación y Transportes. El hecho que encabezaran las protestas por el Transantiago y que el vandalismo se haya manifestado detrás de ellos da cuenta también de la urgencia, no sólo de desatar los nudos de la movilización colectiva en la capital, sino también de no postergar la puesta en ejecución de la responsabilidad penal juvenil. Los menores de 16 años que saquean y destruyen, y que quedan en libertad de inmediato, plantean una nueva exigencia ciudadana de control y contención. Ciertas desafortunadas voces gubernamentales llamando a los padres a asumir responsabilidades respecto de sus hijos no pueden relevar al Estado de sus tareas de prevención, rehabilitación e inserción de jóvenes excluidos y sin rumbo.
El hecho que las obras de infraestructura para implementar esta reforma no estén listas –y que se prevea un colapso material parecido al de los tribunales de familia-, pone otra vez a prueba la eficiencia del gobierno, que no se ocultará con medidas transitorias como la de los cómodos buses interprovinciales, clones del Metro. Un nuevo fiasco hallará a la ciudadanía atenta y a los políticos al acecho.