Escribo esta nota, en las semanas siguientes de implementación del plan de transporte público llamado Transantiago. Período inicial resistido por el pueblo de Santiago de Chile, un plan que aparentemente estaba mal diseñado o mal implementado, todo esto, en un clima del más desvergonzado oportunismo político proveniente por un lado de la derecha, que ha visto la posibilidad cierta de la capitulación del gobierno de la Bachelet y la convocación a elecciones anticipadas de presidente, pasando por el oportunismo de ciertos sectores de la izquierda extraparlamentaria que anuncia un ultimátum a través de la Cut.
Hasta llegar al peor de los oportunismos, que es el que nace del propio estercolado nido, es decir de la propia Concertación, que toma distancia de la presidenta, pidiendo en voz alta la guillotina para el ministro de Hacienda y otros altos personeros claves del gobierno. Nadie quiere hacerse cargo del enfermo y todos quieren sacar provecho de su estado aparentemente terminal.
Toda noción elemental de Ética nos dice que “no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti” y exige solidaridad y altura de miras, cuando se intenta probar un modelo en el contexto de una política pública que en síntesis consiste en ordenar detrás de ésta, a grandes empresas privadas como gestores puntuales. La solidaridad debe existir, como un acto superior de humanidad, aún cuando no se comparta a cabalidad lo que se intenta llevar a cabo. El realismo nos enseña, que muchas veces, nuestras ideas, nunca se llevarán a cabo en su totalidad, ni aún cuando dispongamos de la totalidad del poder. La realidad nos lleva a veces por ásperos caminos.
La aplicación de este modelo, ha posibilitado ver la cruda realidad de una ciudad ordenada de acuerdo a un criterio excluyente, que hace necesario el traslado de largas distancias de la “gente pobre” que vive mayoritariamente en sectores alejados, para trabajar en el sector de la “gente rica”, dónde se encuentra “la pega” y el progreso. Ha hecho ver, la desigualdad que cruza a la sociedad chilena.
Doy por hecho que el modelo va a tener éxito después de un relativo corto período. No puedo aceptar que se deba volver al sistema antiguo, a la ley de la selva, a la expresión genuina del más salvaje capitalismo, en que los autobuseros con chipe libre, fijaban la política de transporte público.
El Transantiago es la oportunidad de poner a prueba un modelo, que bien podría aplicarse a la totalidad de las políticas públicas: La empresa privada como agentes o gestores económicos, el pueblo conciente exigiendo un buen servicio y dándole al Estado facultades superpoderosas para fiscalizar y para poner límites a la voracidad empresarial.
Toda noción elemental de Ética nos dice que “no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti” y exige solidaridad y altura de miras, cuando se intenta probar un modelo en el contexto de una política pública que en síntesis consiste en ordenar detrás de ésta, a grandes empresas privadas como gestores puntuales. La solidaridad debe existir, como un acto superior de humanidad, aún cuando no se comparta a cabalidad lo que se intenta llevar a cabo. El realismo nos enseña, que muchas veces, nuestras ideas, nunca se llevarán a cabo en su totalidad, ni aún cuando dispongamos de la totalidad del poder. La realidad nos lleva a veces por ásperos caminos.
La aplicación de este modelo, ha posibilitado ver la cruda realidad de una ciudad ordenada de acuerdo a un criterio excluyente, que hace necesario el traslado de largas distancias de la “gente pobre” que vive mayoritariamente en sectores alejados, para trabajar en el sector de la “gente rica”, dónde se encuentra “la pega” y el progreso. Ha hecho ver, la desigualdad que cruza a la sociedad chilena.
Doy por hecho que el modelo va a tener éxito después de un relativo corto período. No puedo aceptar que se deba volver al sistema antiguo, a la ley de la selva, a la expresión genuina del más salvaje capitalismo, en que los autobuseros con chipe libre, fijaban la política de transporte público.
El Transantiago es la oportunidad de poner a prueba un modelo, que bien podría aplicarse a la totalidad de las políticas públicas: La empresa privada como agentes o gestores económicos, el pueblo conciente exigiendo un buen servicio y dándole al Estado facultades superpoderosas para fiscalizar y para poner límites a la voracidad empresarial.