Por yerros involuntarios o maliciosos, ojalá sea lo primero, la Municipalidad de Las Condes, en donde se levantan los edificios más elegantes y elevados del país, está dejando de percibir millones de dólares al año por concepto de pagos de derechos asociados a la calidad de la construcción de las obras amparadas en permisos de edificación, situación que está en conocimiento pleno de la Contraloría General de la República, Consejo de Defensa del Estado, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.
Este affaire fue denunciado hace unos 6 meses atrás por el concejal fiscalizador Hugo Unda, aunque todos los demás que también conocen la pillería adoptan la cómoda posición de observadores. Para que los lectores se adentren en el asunto, señalamos que la legislación ordena que los permisos de edificación deben pagar un derecho que se calcula sobre el monto del presupuesto de la obra y que se confecciona aplicando una Tabla de costos unitarios por m2 de construcción, conforme a los tipos y materiales a emplearse. Mientras más impresionante es la vivienda o el edificio, sus dueños tienen que pagarle más a la municipalidad que otorga el permiso, lo cual es bastante obvio.
Dicho derecho municipal, que no es un impuesto, sino tan solo un cobro por la revisión de cada expediente corresponde al 1,5% del presupuesto de la obra, según la clasificación y categoría que señala esa Tabla elaborada por el Minvu.
Cómo se clasifican en líneas gruesas las construcciones ?
Clase A : construcciones con estructura soportante de acero.
Clase B : construcciones con estructura soportante de hormigón armado o con estructura mixta de acero con hormigón armado.
Clase C : construcciones con muros soportantes de albañilería de ladrillo confinado entre pilares y cadenas de hormigón armado.
Existen las Clases D, E, F, G. H e I, las cuales no las describimos porque no tiene significación en el volumen.
La clasificación depende del material predominante y/o estructural y las categorías dependen de los atributos de los materiales de terminación, estructura, instalaciones y diseño de la obra. La categoría se asigna de acuerdo a lo determinado en la Resolución Exenta Nº 5014 del Minvu y para ello se tienen en cuenta los atributos de la construcción determinándose así las categorías 1, 2 y 3, según calidad. Existen también las categorías 4 y 5 que son simples.
Con la clase correspondiente al tipo de edificación, según su estructura predominante y con la categoría de la obra, según sus atributos, se determina el valor del m2 de cada obra, siendo las de más alto costo la A, B y C, como clase y 1,2 y 3, como categoría. Los arquitectos y revisores de los proyectos determinan su clase y categoría uniendo las letras con los números, las que deben ser verificadas por los funcionarios municipales para aprobarlas y enseguida otorgar los permisos.
En esta comuna la mayoría de las clasificaciones son B1 y a pesar de ello, por “desinteligencias” o una revisión negligente, un altísimo porcentaje de permisos de edificación pagaron derechos correspondientes a la clasificación B3, con lo cual se han visto beneficiadas las inmobiliarias y naturalmente el perjudicado ha sido el municipio que así tiene menos recursos para la inversión y gasto social. Luego, con estos “errores” siempre pierde el pobre.
De acuerdo a la Tabla de Enero de 2007 del Minvu, el costo del m2 para la clasificación A1 es $ 217.964, para la clasificación B1 es $ 248.619 y para la clasificación B3 es $ 136.227, cifras indicativas de la lesión que sufre el erario municipal de Las Condes.
Según la documentación que manejamos, hay unos 30 permisos mal clasificados, lo que indica que éstos están viciados y procede aplicar el artículo 20º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sancionando con multa a los culpables y paralizando las obras, hasta que se regularice el cobro correcto del derecho municipal que aludimos. Esos 30 permisos son los que tenemos individualizados, pero todo indica que existen muchos más que nosotros desconocemos y que también están con esa “falla”.
Luego, si en esta comuna se otorgan permisos anuales por más de 2 millones de m2 construidos, estamos hablando de pérdidas enormes en dólares que ha debido soportar esa municipalidad por el descontrol existente en su Dirección de Obras y por ello esperamos que los organismos públicos que saben de estas “gracias” asuman sus roles para recuperar los dineros escabullidos.
Ojalá que este episodio antisocial, que recién se está conociendo abiertamente, sirva para que las municipalidades adopten las medidas necesarias a fin de promover la probidad comercial para que así cada uno pague lo que le corresponde, según el nivel de calidad de sus proyectos.
Estarán al tanto de esta situación los funcionarios de La Moneda que están a cargo de la denominada Agenda Probidad y Transparencia ? Tendrá la voluntad necesaria el Consejo de Defensa del Estado para iniciar acciones judiciales en contra de todos aquellos beneficiados con este menor cobro, tal como nuestra agrupación ciudadana se lo solicitó formalmente en días pasados ?
Estarán al tanto de esta situación los funcionarios de La Moneda que están a cargo de la denominada Agenda Probidad y Transparencia ? Tendrá la voluntad necesaria el Consejo de Defensa del Estado para iniciar acciones judiciales en contra de todos aquellos beneficiados con este menor cobro, tal como nuestra agrupación ciudadana se lo solicitó formalmente en días pasados ?
Y por último, porqué será que de lo mencionado en esta columna no se publica nada en los diarios de los consorcios periodísticos que reproducen a página completa y con vistosos colores los avisos promocionales de las más importantes inmobiliarias del país ?
Agrupación “Defendamos la Ciudad”