La Presidenta Bachelet partió el año inaugurando la conexión vial Suiza-Las Rejas, obra de gran envergadura que mejora de manera sustancial la conectividad metropolitana, reduciendo dramáticamente los tiempos de desplazamiento entre la zona centro-sur de Santiago (Av. Departamental) y el poniente (Alameda-Las Rejas).
En el discurso inaugural, junto con resaltar estos aspectos técnicos, la mandataria destacó la gratuidad del uso de la infraestructura entregada, hecho verídico, si se considera la ausencia de un pago directo por parte de quienes transitan por el flamante eje. Sin embargo, conforme al nivel actual del instrumental y del debate en materias de transporte e infraestructura en Chile, aparte de los impactos globales -positivos y negativos para la ciudad, lo que corresponde es examinar y, si amerita, destacar quién se beneficia con una determinada obra y cómo se financia. Bajo este análisis, esta conexión vial no ofrece ninguna racionalidad.
Probablemente la Presidenta no fue debidamente informada sobre el mecanismo de financiamiento de la obra que inauguraba, pues la buena nueva sobre la gratuidad de su uso resulta casi una ironía, debido a que los 38 millones de dólares para la construcción concesionada provienen íntegramente de la tarifa pagada por los usuarios del Transantiago, en circunstancias que esta obra está destinada en una gran proporción al uso de vehículos particulares (dos vías por sentido), tal como ocurre con el futuro corredor de Transantiago en Av. Santa Rosa.
Entonces, en rigor, ¿es gratis el uso de este eje vial? Sí, pero sólo para los vehículos particulares, en su gran mayoría automóviles. ¿Y quién la financia? Exclusivamente los usuarios del transporte público de Santiago. En lenguaje económico, gran parte de la obra se financia mediante un subsidio cruzado, lo que no es un problema técnico-económico en sí mismo (de hecho es legal y funciona). Como ejemplo, la tarificación vial en Londres conlleva un subsidio cruzado, dado que los recursos recaudados por el ingreso de vehículos particulares al centro de la ciudad son principalmente destinados al mejoramiento del sistema de transporte público.
Nuestro caso, por el contrario, adquiere carácter de aberrante, ya que se trata de un subsidio regresivo, que perjudica –estadísticamente hablando- a los ciudadanos más pobres (usuarios de transporte público) y favorece a los más ricos (automovilistas); e insustentable, en tanto “desfinancia” al modo de transporte urbano reconocido universalmente, por lejos, como el más adecuado para las grandes ciudades, en términos de capacidad de flujo, contaminación, uso de espacio público y accesibilidad equitativa, a favor del modo menos sustentable, el automóvil.
Lamentablemente, la afirmación pública de la Presidenta sienta un precedente político que se establece como un obstáculo para corregir esta distorsión, que en el caso de Santiago sería muy fácil, estableciendo un pago automático (TAG) por el uso de la conexión vial, y aliviando en algo la recargada tarifa del alicaído Tranzamorano.
(*) Ingeniero U. de Chile, consultor independiente.
Probablemente la Presidenta no fue debidamente informada sobre el mecanismo de financiamiento de la obra que inauguraba, pues la buena nueva sobre la gratuidad de su uso resulta casi una ironía, debido a que los 38 millones de dólares para la construcción concesionada provienen íntegramente de la tarifa pagada por los usuarios del Transantiago, en circunstancias que esta obra está destinada en una gran proporción al uso de vehículos particulares (dos vías por sentido), tal como ocurre con el futuro corredor de Transantiago en Av. Santa Rosa.
Entonces, en rigor, ¿es gratis el uso de este eje vial? Sí, pero sólo para los vehículos particulares, en su gran mayoría automóviles. ¿Y quién la financia? Exclusivamente los usuarios del transporte público de Santiago. En lenguaje económico, gran parte de la obra se financia mediante un subsidio cruzado, lo que no es un problema técnico-económico en sí mismo (de hecho es legal y funciona). Como ejemplo, la tarificación vial en Londres conlleva un subsidio cruzado, dado que los recursos recaudados por el ingreso de vehículos particulares al centro de la ciudad son principalmente destinados al mejoramiento del sistema de transporte público.
Nuestro caso, por el contrario, adquiere carácter de aberrante, ya que se trata de un subsidio regresivo, que perjudica –estadísticamente hablando- a los ciudadanos más pobres (usuarios de transporte público) y favorece a los más ricos (automovilistas); e insustentable, en tanto “desfinancia” al modo de transporte urbano reconocido universalmente, por lejos, como el más adecuado para las grandes ciudades, en términos de capacidad de flujo, contaminación, uso de espacio público y accesibilidad equitativa, a favor del modo menos sustentable, el automóvil.
Lamentablemente, la afirmación pública de la Presidenta sienta un precedente político que se establece como un obstáculo para corregir esta distorsión, que en el caso de Santiago sería muy fácil, estableciendo un pago automático (TAG) por el uso de la conexión vial, y aliviando en algo la recargada tarifa del alicaído Tranzamorano.
(*) Ingeniero U. de Chile, consultor independiente.