La clase política es un reflejo de la masa a la que representan en los espacios de poder del Estado liberal que nos legó la dictadura. Con algunos matices, el espectro es demasiado evidente en lo que se refiere a juicios públicos sobre las coyunturas. Todos sus argumentos son predecibles, y cuando aparece alguna variación sobre un tema, es absorbido por la mecánica “intelectual” que determina las rutinas desde los salones hasta los suburbios, en un circuito cerrado por un lenguaje en proceso de avinagramiento, que le permite conservar las cebollas sin que sufran el efecto de descomposición natural después de un tiempo razonable.
Cada vez, la naturaleza del debate público se hace más genérico y ambiguo, y a pesar de las interpelaciones mutuas entre los bloques dominantes desde la década del noventa en adelante, las evidencias permanecen entre líneas.
Sin embargo, el tema alcanza niveles de dramatismo expresado en argumentos destemplados, que van desde el análisis cínico hasta la descalificación primitiva.
Para nadie es un misterio que parte del financiamiento de la actividad política en nuestro país tiene un origen de dudosa procedencia; dineros provenientes del sector público y del sector privado vienen contribuyendo al financiamiento de las campañas en que se ponen en disputa diferentes cuotas de poder.
Una de las razones es que, las estrategias de comunicación del mensaje se trasladaron desde la propaganda tradicional al mundo de la publicidad, y se encarecieron considerablemente sus costos de financiamiento, y por tanto, la política se convirtió en un producto del mercado que requiere de marketing. Ya no basta con la propuesta política propiamente tal; que a veces ni siquiera existe, es indispensable pensar en la forma como se vende, de que manera convertimos un lenguaje anodino, trasnochado, en un objeto de consumo de la modernidad que alcance el perfil de un objeto tecnológico de punta.
Entonces son indispensables, la elaboración del envoltorio, los envases, su ambientación estética y auditiva, una construcción efectiva y efectista de un servicio que se transa en un espacio táctico comercial donde el cliente es el elector, que a estas alturas está ávido de consumos vacíos, pero con una carga de entretención que les dispense algo de placer o satisfacción.
Es un sistema de producción cultural de alto costo que exige del “profesional” de la política una inversión considerable, que le permita satisfacer su ambición de poder en cada coyuntura electoral, y que a la vez, satisfaga alguna expectativa de sus potenciales consumidores.
Los valores oscilan entre los cincuenta y los doscientos millones de pesos para los candidatos a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados o en el Senado, y como se trata de un sistema uniforme en esta materia, da lo mismo que el candidato sea UDI, RN, DC, PPD, PS, PC, o de cualquier otro partido inscrito en el Registro Electoral.
Los costos de producción de una campaña pueden sufrir variaciones entre los montos descritos, y podrá discutirse sobre el abaratamiento de costos entre unos y otros, pero las cifras siempre serán relativamente similares. Quien no disponga de los medios requeridos para abordar una elección estará claramente en desventaja en relación con sus competidores, y sus probabilidades de ser “comprado” como un “producto” de la preferencia de los consumidores del distrito o de la circunscripción será menor.
Podrá argumentarse que el dinero es un factor y que hay otros elementos que determinan la selección del elector, y es cierto, pero nadie puede negar que los volúmenes de dinero son claves como inversión para ser elegido en un cargo parlamentario.
Por esta razón es completamente predecible que ciudadanos de ingresos medios y medios altos, que son los que mayoritariamente aspiran a un cargo público, no dispongan de los dineros suficientes para abordar el costo de una campaña política; entonces deben ir en busca de financiamiento, y en este proceso se inicia el deterioro, se funden la ambición con la corrupción.
Hay que pedir… y quien provee en estos espacios no es un filántropo o un promotor de las ideas de tal o cual candidato. Entonces será necesario retribuir haciendo lobby para el financista o corresponder a alguna expectativa de este último, y si los recursos no alcanzan, el paso siguiente es recurrir a resquicios que permitan el desvío de recursos de alguna institución, que esté dispuesta a través de sujetos proclives a acciones turbias a enajenar platas destinadas a otros fines. Operación más antigua que el pecado cristiano.
Todos lo saben, porque en distintos niveles el flagelo es bastante similar, lo que sucede en estos casos es que, el impacto mediático dimensiona el hecho a una categoría de escándalo público, incluso entre quienes participan de “pillerías” con cierta frecuencia, tales como, aumentar el valor de una factura y pagar el IVA adicional para justificar el gasto de una empresa o un negocio cualquiera, o evadir tributos entre otras muchas triquiñuelas. Son muchos los casos descubiertos por el Servicio de Impuestos Internos. Casi siempre la gente está permeable a tentaciones de esta naturaleza, y no son pocos los que recurren a subterfugios para proveerse de ingresos adicionales.
Claro está que, en la política el problema es de carácter estructural, porque este tipo de acciones ilegitima al sistema político en su conjunto. En primer lugar, porque la carencia de recursos excluye de inmediato a quienes son incapaces de proveerse de los recursos necesarios para entrar en la competencia de este mercado, provocando una realidad antidemocrática.
En segundo lugar, los niveles de corrupción son similares, aunque la derecha intente aparecer como puritana y cándida frente a situaciones de corrupción. Nunca malversan, son de conductas intachables, independientemente de los dineros investigados por la justicia a Pinochet, su líder natural, y a la historia de cohechos asociados a campañas desde el siglo diecinueve hasta la fecha.
Y en tercer lugar, el conflicto tiende a una especie de autocontrol pues detrás de las presuntas malversaciones está la lucha por el poder entre los bloques, y por tanto, unos deben conservarlo, y los otros, añoran la época de la dictadura donde formaron parte de los equipos de gestión e incorporaron a profesionales y técnicos proclives a su “proyecto de país”, muchos de los cuales, cuentan el tiempo y apuran con un lenguaje destemplado el derrumbe de la coalición gobernante, para recuperar algunos de los privilegios que otorga el ejercicio y la administración del poder ejecutivo.
Sin embargo, el tema alcanza niveles de dramatismo expresado en argumentos destemplados, que van desde el análisis cínico hasta la descalificación primitiva.
Para nadie es un misterio que parte del financiamiento de la actividad política en nuestro país tiene un origen de dudosa procedencia; dineros provenientes del sector público y del sector privado vienen contribuyendo al financiamiento de las campañas en que se ponen en disputa diferentes cuotas de poder.
Una de las razones es que, las estrategias de comunicación del mensaje se trasladaron desde la propaganda tradicional al mundo de la publicidad, y se encarecieron considerablemente sus costos de financiamiento, y por tanto, la política se convirtió en un producto del mercado que requiere de marketing. Ya no basta con la propuesta política propiamente tal; que a veces ni siquiera existe, es indispensable pensar en la forma como se vende, de que manera convertimos un lenguaje anodino, trasnochado, en un objeto de consumo de la modernidad que alcance el perfil de un objeto tecnológico de punta.
Entonces son indispensables, la elaboración del envoltorio, los envases, su ambientación estética y auditiva, una construcción efectiva y efectista de un servicio que se transa en un espacio táctico comercial donde el cliente es el elector, que a estas alturas está ávido de consumos vacíos, pero con una carga de entretención que les dispense algo de placer o satisfacción.
Es un sistema de producción cultural de alto costo que exige del “profesional” de la política una inversión considerable, que le permita satisfacer su ambición de poder en cada coyuntura electoral, y que a la vez, satisfaga alguna expectativa de sus potenciales consumidores.
Los valores oscilan entre los cincuenta y los doscientos millones de pesos para los candidatos a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados o en el Senado, y como se trata de un sistema uniforme en esta materia, da lo mismo que el candidato sea UDI, RN, DC, PPD, PS, PC, o de cualquier otro partido inscrito en el Registro Electoral.
Los costos de producción de una campaña pueden sufrir variaciones entre los montos descritos, y podrá discutirse sobre el abaratamiento de costos entre unos y otros, pero las cifras siempre serán relativamente similares. Quien no disponga de los medios requeridos para abordar una elección estará claramente en desventaja en relación con sus competidores, y sus probabilidades de ser “comprado” como un “producto” de la preferencia de los consumidores del distrito o de la circunscripción será menor.
Podrá argumentarse que el dinero es un factor y que hay otros elementos que determinan la selección del elector, y es cierto, pero nadie puede negar que los volúmenes de dinero son claves como inversión para ser elegido en un cargo parlamentario.
Por esta razón es completamente predecible que ciudadanos de ingresos medios y medios altos, que son los que mayoritariamente aspiran a un cargo público, no dispongan de los dineros suficientes para abordar el costo de una campaña política; entonces deben ir en busca de financiamiento, y en este proceso se inicia el deterioro, se funden la ambición con la corrupción.
Hay que pedir… y quien provee en estos espacios no es un filántropo o un promotor de las ideas de tal o cual candidato. Entonces será necesario retribuir haciendo lobby para el financista o corresponder a alguna expectativa de este último, y si los recursos no alcanzan, el paso siguiente es recurrir a resquicios que permitan el desvío de recursos de alguna institución, que esté dispuesta a través de sujetos proclives a acciones turbias a enajenar platas destinadas a otros fines. Operación más antigua que el pecado cristiano.
Todos lo saben, porque en distintos niveles el flagelo es bastante similar, lo que sucede en estos casos es que, el impacto mediático dimensiona el hecho a una categoría de escándalo público, incluso entre quienes participan de “pillerías” con cierta frecuencia, tales como, aumentar el valor de una factura y pagar el IVA adicional para justificar el gasto de una empresa o un negocio cualquiera, o evadir tributos entre otras muchas triquiñuelas. Son muchos los casos descubiertos por el Servicio de Impuestos Internos. Casi siempre la gente está permeable a tentaciones de esta naturaleza, y no son pocos los que recurren a subterfugios para proveerse de ingresos adicionales.
Claro está que, en la política el problema es de carácter estructural, porque este tipo de acciones ilegitima al sistema político en su conjunto. En primer lugar, porque la carencia de recursos excluye de inmediato a quienes son incapaces de proveerse de los recursos necesarios para entrar en la competencia de este mercado, provocando una realidad antidemocrática.
En segundo lugar, los niveles de corrupción son similares, aunque la derecha intente aparecer como puritana y cándida frente a situaciones de corrupción. Nunca malversan, son de conductas intachables, independientemente de los dineros investigados por la justicia a Pinochet, su líder natural, y a la historia de cohechos asociados a campañas desde el siglo diecinueve hasta la fecha.
Y en tercer lugar, el conflicto tiende a una especie de autocontrol pues detrás de las presuntas malversaciones está la lucha por el poder entre los bloques, y por tanto, unos deben conservarlo, y los otros, añoran la época de la dictadura donde formaron parte de los equipos de gestión e incorporaron a profesionales y técnicos proclives a su “proyecto de país”, muchos de los cuales, cuentan el tiempo y apuran con un lenguaje destemplado el derrumbe de la coalición gobernante, para recuperar algunos de los privilegios que otorga el ejercicio y la administración del poder ejecutivo.