Dos puntos de acuerdo fundamentales sostienen la “transición”: la preservación de la política económica neoliberal y de las reformas puestas en marcha por la dictadura y la inviolabilidad del fuero de Pinochet, es decir su impunidad, para lo cual era preciso que socialistas y demócratas cristianos se comprometieran no sólo a impedir que se intentara enjuiciar a Pinochet y a los militares que participaron en la masiva violación de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, sino también con el esfuerzo por convencer a la sociedad chilena de que las demandas de justicia de las víctimas de la dictadura y de una sociedad deseosa de que se deslindaran las responsabilidades eran en rigor manifestaciones de resentimiento y odio que en nada contribuían a que Chile saliera adelante. Las políticas neoliberales habían generado un nuevo estatus social en el que los grupos de poder y sectores de las clases medias se veían altamente beneficiados. Sin embargo, la continuidad de dichas políticas hizo aún más profunda la desigualdad. El malestar resultante fue acallado por un tiempo con una exitosa campaña de propaganda en la que se amalgamaron los organismos llamados multilaterales, la academia e intelectualidad sustentadora del statu quo dentro y fuera de Chile, los medios de comunicación y los partidos que acordaron enterrar el pasado.
El crecimiento con estabilidad que mostró Chile en la década de los años noventa, una vez superados los efectos de la crisis de principios de la década previa, alentó la ilusión de que las políticas neoliberales juiciosamente aplicadas y aunadas a una democracia funcional serían suficientes para posibilitar que el mercado cumpliera con sus tareas de asignación, siempre que contaran con la mano colaboradora de un Estado que complementara aquellos sectores en los que los mercados no resuelven automáticamente los desequilibrios o desigualdades. En esa tónica el Banco Mundial adoptó las políticas para combatir la extrema pobreza como complemento de las políticas de estabilización, apertura y liberalización de la economía, y el modelo chileno alcanzó rango de paradigma para sobrevivir en los márgenes menos privilegiados de la globalización. El triunfalismo y la arrogancia obnubilaron el criterio de la tecnocracia dura y progre que convivía en la Concertación, provocando que el objetivo de la estabilidad no fuera promover un crecimiento que posibilitara un mejor reparto, sino que el crecimiento no se convirtiera en un riesgo para la estabilidad. De esta forma, los indicadores de desigualdad en Chile escalaron hasta convertirlo en una de las sociedades más desiguales del planeta.
Miseria del modelo chilenoEl muy celebrado modelo chileno, que goza de amplio consenso entre las mentes serenas y sensatas de la derecha y del centrismo, está mostrando sus gruesos y rudos contornos en la crisis nacional que ha planteado la lucha de los escolares contra la Ley Orgánica Constitucional de la Educación (LOCE). Lo que llama la atención en una aproximación superficial es que haya salido de las manos del gobierno un asunto que debió ser resuelto por la vía política. El gobierno de Michelle Bachelet ofreció discutir la derogación de dicha ley, después de haber reprimido bárbaramente a los estudiantes secundarios y haber amenazado con la aplicación de la ley “con todo el rigor”, como si se tratara de delincuentes juveniles. Chile no vivía episodios tan álgidos de confrontación entre la sociedad de un lado y el régimen y las fuerzas represivas del otro desde los años de la dictadura pinochetista. Lo paradójico es que la hija de una víctima de la dictadura, exiliada y militante del partido de Salvador Allende, sea la que reinaugura una etapa en la historia de ese país cuyo regreso era sólo cuestión de tiempo.
El modelo económico chileno ha provocado una profunda desigualdad, tan evidente que no hay fuerza política que no la reconozca como el problema más acuciante. La revista empresarial Capital publicó el año pasado las ponencias presentadas en el seminario “La gran vergüenza de Chile: la desigualdad”, organizado por dicha revista. En ese seminario participaron académicos, empresarios, líderes de opinión y los entonces precandidatos para las elecciones presidenciales Michelle Bachelet, Soledad Alvear y Joaquín Lavín. Allí se constató que el gran pendiente era acabar con la desigualdad y se generó un consenso en torno a la idea de que el mejor camino para lograrlo es la educación. El entonces presidente Ricardo Lagos sostuvo que la forma más inteligente de mejorar la calidad de la educación y mejorar su cobertura no requiere de afectar las políticas de gasto ni las políticas fiscales. Es decir, sin costo para el erario que implique afectar los impuestos, ni incrementar el ingreso de las personas. Algunos expositores, sin embargo pusieron de relieve el hecho de que sin una variación favorable en las condiciones de vida de las familias pobres era imposible incrementar el rendimiento de los jóvenes procedentes de las clases sociales pauperizadas y cualquier mejoría en el ámbito material o tecnológico podría resultar irrelevante para los fines planteados: generar oportunidades para los “desfavorecidos” a través de una educación de calidad. No es casual, por lo tanto, que el modelo se resquebraje precisamente por el flanco educativo. La educación pública en Chile es asunto de los gobiernos municipales; esa estructura no se ha cuestionado, ni siquiera en el momento en que se constata que el camino para superar la desigualdad es mejorar la educación para los más pobres. La descentralización en el manejo de los recursos para financiar la educación pública pretendía ser una eficiente forma de gestión, sin embargo, se ha enfrentado a la discrecionalidad con que muchos alcaldes han administrado los fondos. En muchas ocasiones se privilegiaron “urgencias más acuciantes” y se sacrificó la educación (y seguramente la salud y las coberturas sociales). Por lo tanto, en Chile, el estado se ha desentendido de su responsabilidad en el ámbito de la educación y esa es la factura que hoy cobran los estudiantes.
La lucha estudiantil toca el centro neurálgico de la naturaleza del régimen cancertacionista y ha expuesto su naturaleza antipopular y antidemocrática, a pesar de la muy buena prensa de la que dispone la señora presidenta: “La movilización de los estudiantes encierra dos hechos de la máxima trascendencia. Uno es el cuestionamiento al modelo económico neoliberal, que ha dado como resultado un sistema educacional mercantilista, de pésima calidad y que profundiza las diferencias entre los diversos estratos sociales del pueblo chileno, con una educación para ricos y otra para pobres. […] Frente a la masiva movilización de los estudiantes, Michelle Bachelet y su gobierno neoliberal han apostado por la división del movimiento estudiantil, han desplegado grandes esfuerzos por desactivar la lucha de la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios”. (1)
Algunos estudiosos han constatado que en Chile el problema de la desigualdad se finca en la perversa distribución del ingreso que genera el modelo neoliberal que la Concertación ha defendido tan eficazmente. Hugo Fazio lo plantea en los siguientes términos: “En los tres últimos años las sociedades que entregan sus resultados públicamente incrementaron sus ganancias en 164,1%. Un alto porcentaje de estas ganancias lo obtiene un reducido porcentaje de ellas. Las treinta empresas de mejores resultados operacionales explican un 70% del total. 17 empresas acumularon aproximadamente un 40% de las utilidades globales. La concentración de las ganancias se intensifica si se tiene en cuenta a las grandes empresas -fundamentalmente transnacionales- no obligadas a entregar públicamente esta información. Las ganancias de las grandes empresas mineras privadas alcanzaron después de cancelar impuestos a US $6.400 millones. Estos hechos constituyen una de las caras que conducen a la regresiva distribución del ingreso chileno” (2). La desigualdad en Chile reside ciertamente en la falta de oportunidades para los excluidos, pero está fuertemente vinculada con su contraparte natural: la concentración del ingreso. Cuando Ricardo Lagos intenta no tocar la política tributaria ni aumentar el salario para mejorar las oportunidades de los pobres, está protegiendo al capital de los costos que supone generar tales oportunidades.
A fines de mayo el ex presidente anduvo por Ecuador dando en un coro a distancia con el Secretario General de la OEA, el también chileno Miguel Insulza, un espaldarazo al gobierno ecuatoriano contra las amenazas del gobierno de Estados Unidos que pretendía llevar el diferendo del gobierno ecuatoriano con la petrolera Oxy al terreno de las relaciones de Estado, pero acto seguido ofrece los buenos oficios de la petrolera estatal chilena para sustituir a la transnacional estadounidense. Los gobiernos de la Concertación han sido estupendos agentes en la proyección transnacional del capital chileno y, en la medida en que no adoptan políticas que permitan la distribución equitativa de las ganancias que obtienen las empresas, son artífices de la concentración del ingreso y de la desigualdad consecuente.
Por lo demás, basta con ver la composición del gabinete de la presidenta Bachelet para entender cuáles son las prioridades en términos de “sectores” sociales que tiene el gobierno (3). Como botón de muestra, Bachelet incluye en su gabinete a un represor como Velasco, en respuesta evidente a la declinación acelerada de su “popularidad” que no es sino la manifestación más obvia del creciente malestar popular. Velasco no representa únicamente un ajuste en el gabinete, como podría interpretarse en los casos de la salida de la Ministra de Educación a consecuencia de la derrota sufrida a manos de los estudiantes secundarios, o el cambio en el Ministerio de Economía que intenta reconocer la correlación de fuerzas al interior de la DC. Velasco representa la decisión política del gobierno de Michelle Bachelet de recrudecer la represión.
La derecha se radicalizaMovidos por el profundo temor que les provoca la movilización popular, la constatación de que la Concertación estaría viviendo sus últimos estertores, la división entre los partidos de la derecha, la creciente demanda de mejoras en las condiciones de vida, es decir, agotada la larga primavera que la “transición” y los regímenes de la Concertación les proveyeron, la burguesía chilena se agita y comienza a movilizarse. Cuenta con el ejército mejor equipado de América Latina gracias a las transferencias de fondos que recibe desde la dictadura y mantenidas por la Concertación, especialmente en el periodo en el que la presidenta Bachelet fue Ministra de Defensa (4). Uno debería preguntarse si efectivamente “hicieron bien sus deberes” y lograron con base a su enjundia convertirse en experiencia modélica y paradigmática para el Tercer Mundo. ¿A qué teme la burguesía chilena que con su pleitesía a un asesino comprobado, además de corrupto, pareciera seguir requiriendo de mano dura para preservar sus privilegios y un ejército no sólo debidamente consentido sino con suficiente poder para responder agresiones externas? Pero, ¿cuáles? Si son un modelo a seguir. ¿Qué teme la burguesía chilena? ¿Que su arrogancia quede expuesta cuan patética es si Chile se revela como un país más del mundo pobre y dependiente, y que se sepa que toda la parafernalia en torno a su éxito fue una maquinación útil para los poderes transnacionales? ¿O que la debilidad de sus estructuras afecte su propia capacidad de proyección transnacional?
Los temores de la derecha chilena acusan también las nuevas correlaciones políticas que se van configurando en América Latina. El apoyo que dispensaba un país con una economía en expansión o un gobierno a la ofensiva en la esfera internacional tranquiliza a los grupos dominantes en sociedades dominadas y dependientes. La derrota electoral republicana en las pasadas elecciones de medio término, el desastre en Irak aunado a las recomendaciones de la Comisión Baker, los resultados electorales de este año en América Latina, donde la derecha ha sufrido importantes derrotas y donde ha ganado lo ha logrado en medio de una profunda ilegitimidad y con una sociedad enardecida, como en México, o se aísla con la misma velocidad con la que abandona las promesas electorales para cumplir con quienes la colocaron en el poder, como Alan García en el Perú. (5)
En lo inmediato lo que es evidente es que las dos mitades de Chile están confrontadas. En una democracia madura no debería observarse el fervor que muestra la derecha por el que reclama su enseña moral, política e ideológica, menos aún tratándose de Augusto Pinochet.
La lucha por la distribución y la democracia con justicia a la base del enconoLos enfrentamientos violentos entre partidarios y adversarios de Pinochet son una manifestación de un conflicto más profundo. No son sólo, aunque lo expresan, resultado de las diferencias ideológicas o de una controversia coyunturalmente reabierta por el deceso del ex dictador que el tiempo irá superando, como quisiera el gobierno. El encono y la virulencia con que se han enfrentado físicamente en las calles ciudadanos no militantes denota la polarización de una sociedad en la que la desigualdad se cultivó y se intentó dispensar como el costo de la estabilidad y el crecimiento. Son el resultado natural de las desigualdades y del creciente reclamo de justicia social y legal que el pueblo chileno está enlazando en sus demandas.
La pretensión de que el olvido todo lo cura resulta ingenua cuando no absurda a la vista del espectáculo que nos transmiten los medios. Chile tiene pendiente vivir el duelo de la dictadura y para curar el profundo trauma que ésta implicó deberá ventilar sin cortapisas ni complejos el verdadero alcance de los crímenes que se cometieron castigando ejemplarmente a los responsables. No hacerlo equivaldría a legitimar la explicación de que el golpe fue necesario porque “no había otra salida para la crisis”. Sobreseer las causas que se seguían contra el difunto es un escapismo cobarde que pretende evadir responsabilidades o, en el mejor de los casos, responde a esa torpe creencia de que cuanto menos se ofenda a los poderosos, menos ruda será su reacción. Por eso la derecha se engalla, manotea, azuza, lanza consignas y discursos amenazantes porque sabe que impacta en ciertos sectores del gobierno. La respuesta temerosa será la más cordial invitación a que no lo piensen dos veces antes de lanzarse a una aventura golpista. Si algo mostró la experiencia del gobierno de la Unidad Popular es que condescender con los enemigos sólo los anima a dar el paso más pronto. Si algo muestra la experiencia bolivariana es que profundizar el proceso es el mejor camino para mantener asilado el ánimo conspirativo de la derecha. Sin la fuerza organizada del pueblo no hay gobierno que pueda sostenerse ante los embates de fuerzas poderosas, salvo que disponga del brazo armado del Estado. ¿Qué pretende hacer la presidenta Bachelet: recurrir a las “fuerzas del orden” o modificar el orden establecido para hacerlo más incluyente y hacer justicia? La respuesta requiere de una definición previa que es ineludible: ¿Para quién se gobierna? Para los grupos poderoso o para las mayorías, no hay opción en el medio, aunque de esa ficción alimenten su ideología la socialdemocracia. La coyuntura latinoamericana es propicia para dar un giro en la conducción política y económica de Chile, y la polarización interna requiere acotar los espacios de la derecha organizada, especialmente entre sus segmentos más radicales. Cuanto más tarde muestre iniciativas decididas el gobierno mayor será la polarización y menor el margen de acción. El desacato del sobrino de Pinochet en la ceremonia luctuosa tiene que ser sancionado para enviar un claro mensaje a las fuerzas golpistas que anidan en las fuerzas armadas chilenas. Seguir repitiendo la confianza en la institucionalidad de las fuerzas armadas y darse por satisfecha con promesas, como lo hizo la Ministra de Defensa, son muestras de debilidad antes que de buena disposición. En todo caso, la derecha no necesita buena disposición del gobierno sino garantías de que los intereses de la burguesía seguirán debidamente resguardados. Por su parte el pueblo pobre exige que se atiendan sus demandas y se organiza para defender sus derechos largamente postergados. ¿De que lado inclinará la balanza el régimen de la Concertación?
Notas:1) Ver http://www.argenpress.info/nota.asp?num=031006
2) “Sociedades anónimas alcanzan récord anual de utilidades”. http://www.elsiglo.cl/noticia.php?id=3047&sec=0&subsec=0&area=agencia
3) Ver el excelente análisis realizado por el periodista chileno Enrique Carmona: “Quién es quién en el gabinete Bachelet” http://www.argenpress.info/nota.asp?num=027800
4) Ver Roberto Ortiz “El matón del barrio. Chile armado hasta los dientes”. Punto Final http://www.rebelion.org/noticia.php?id=31874
5) García ha perdido 9 puntos de aceptación entre la opinión ciudadana y aún no llega a los cien días. Va por buen camino.
Artículo publicado en Argenpress