Santiago.- Chile arriesga una nueva condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta vez por la grave crisis que enfrenta el sistema penitenciario nacional, advierten hoy medios locales. El tema será nuevamente expuesto en el organismo regional de la Organización de Estados Americanos (OEA) por la Universidad Diego Portales durante el 126 período de sesiones, que se inició el pasado lunes y se extenderá hasta el 27 de octubre, en Washington.
La denuncia de la alta casa de estudios está contenida en su informe 2006 sobre derechos humanos, que tiene como capítulo central el panorama carcelario del país, donde más de 40 mil reos enfrentan una situación cada vez más caótica.
La investigación subraya que en 2004 y 2005 persistieron “graves condiciones de hacinamiento, falta de atención médica adecuada, muertes, tortura y maltratos, corrupción a gendarmes y una falta de transparencia y control apropiado de la gestión de las cárceles”.
El texto también menciona problemas debido al otorgamiento de concesiones para la construcción de nuevos recintos penitenciarios a empresas privadas, en donde resaltan deficiencias en cuanto a costos y cumplimiento en la entrega de los proyectos, entre otros.
En un tema tan sensible como la situación de los menores de edad encarcelados, el reporte especifica que se siguen cometiendo abusos sexuales y que existe una seria “ineficacia de los programas de rehabilitación de los niños y adolescentes”.
Esta no es la primera vez que la CIDH recibe informaciones sobre la situación carcelaria chilena. De hecho, en el período de sesiones realizado en octubre de 2005, la propia Universidad también presentó documentación sobre este tema.
En un reporte de su corresponsal en Washington, el diario conservador El Mercurio cita declaraciones de Santiago Canton, secretario ejecutivo de la CIDH, donde éste subraya la preocupación del organismo por la situación que prevale en la región.
Aunque Chile no ha recibido aún relatores especiales de la Comisión Interamericana para examinar sobre el terreno la situación carcelaria, el alto funcionario no descarta una visita de inspección al país el año venidero.
En Chile hay 40 mil presos, pero en las cárceles caben sólo 24 mil. El problema es antiguo, pero el asunto se agrava porque cada año son encarcelados un promedio de tres mil 500 personas y la capacidad carcelaria es la misma.
Ante el persistente hacinamiento, el gobierno implementó el Programa de Infraestructura Penitenciaria, que consiste en la construcción de 10 recintos penales con un costo total de casi 300 millones de dólares, que aportarán 16 mil nuevos espacios.
El plan se diseñó pensando en privatizar las cárceles. El trabajo de los privados empieza con el financiamiento, el diseño y la construcción de nuevos recintos, y continúa por 22 años hasta que el Estado vuelva a licitar, con la prestación de todos los servicios.
Pero en el nuevo sistema devolver a la sociedad a una persona productiva costará unos 564 mil pesos mensuales (poco más de mil dólares), más del doble de lo que actualmente (250 mil pesos) cuesta cada reo al Estado.
En teoría, la expansión penitenciaria debería completarse este semestre. Pero todas las etapas han tenido atrasos y conflictos de distinta magnitud, por lo que no se tiene claro cuando podrá estar operativo.
El país ya ha recibido condenas o críticas de organismos internacionales de derechos humanos por la aplicación de la ley de amnistía a ex represores de la dictadura, por la situación de mapuches y casos de discriminación sexual, entre otros.