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Agosto 18, 2026

La discusión sobre el presupuesto 2007 está al rojo

La discusión sobre los criterios de política económica con que se definirá el presupuesto fiscal del año 2007 se intensificó cuando quedan aún varias semanas para que el ejecutivo deba presentar su proyecto de ley al Congreso. La dificultad para el equipo económico, encabezado por el ministro de Hacienda Andrés Velasco, reside en que el mecanismo de presupuesto estructural para el período de las “vacas gordas” persigue una conducta fiscal conservadora, pero la fuerte alza experimentada en el precio del cobre de tendencia permite, al contrario, una importante expansión en el gasto público.

El “histórico” superávit fiscal de 4,2% del PIB (más de U$S 5.000 millones) como señaló el economista de la Universidad Católica Felipe Larraín, “debe ser récord mundial o estar cerca”. Los creadores del sistema (Nicolás Eyzaguirre y Mario Marcel) no previeron una situación como la producida, un precio del cobre tan elevado y por un período tan prolongado.

El mecanismo establece que de producirse en el año 2007 el crecimiento de tendencia estimado para la economía y alcanzarse el precio promedio calculado de los próximos diez años se registrará inmediatamente un superávit fiscal de 1% del PIB (sobre U$S1.400 millones en cifras del año 2006) y todo incremento mayor en la cotización del metal rojo sobre la indicada se ahorra, incrementando el excedente. Desde ya, al fijar las comisiones constituidas por el ministerio de Hacienda un incremento tendencial del PIB de 5,3% y un precio de referencia del cobre de U$S1,21 por libra, ello permite un incremento significativo del gasto público en el próximo año y a su vez muestra que nuevamente se producirá un elevado superávit fiscal.

Ambas estimaciones son marcadamente conservadoras y fueron claramente elaboradas para “facilitar” la tarea del ministro de Hacienda. Se reduce así por “secretaría” el margen de gasto público factible de incrementar el año 2007. De otra parte, los ingresos fiscales en el caso de las empresas privadas se producen por los impuestos pagados sobre las utilidades obtenidas y sus remesas efectuadas al exterior y en el caso de Codelco por los excedentes traspasados, lo cual permite también reducir el monto posible de ingresos fiscales si se sobreestiman los incrementos a producirse en los costos. Lo mismo sucede si se fija en un nivel más bajo la cotización del molibdeno, no calculado por el grupo que estimó el precio de referencia del cobre. En otras palabras, el ministerio de Hacienda tiene un margen no pequeño de discrecionalidad para estimar el aumento a producirse en los ingresos fiscales, los cuales son determinantes en los niveles proyectados de gasto y de superávit.

A este incremento posible en el gasto público deben añadirse los intereses generados por los activos financieros acumulados en los años 2005 y 2006 a partir de los elevados superávit fiscales registrados los cuales también con el mecanismo establecido pueden destinarse a gasto, estimados en U$S500 millones. Desde el año 2004 a junio de 2006 -última cifra entregada por la Dirección de Presupuestos- se reunió un superávit fiscal equivalente a más de un 11% del PIB (unos U$S15.500 millones en cifras de 2006). Se trata de un monto extraordinariamente elevado. Además deben sumarse los mayores ingresos a obtenerse fruto del crecimiento económico, el cual conduce automáticamente a aumentar el rendimiento de los impuestos. Si la economía creciese en 5%, el mayor ingreso fiscal se aproxima a otros U$S1.000 millones. El “problema” planteado al equipo económico es que dispone de una considerable masa de recursos adicionales factible de destinarse a gasto público sin moverse ni un ápice del rígido sistema diseñado durante la administración Lagos, en circunstancias que desea mantener acotado ese crecimiento.

El ministro Velasco trató de cerrar cualquier discusión manifestando, antes de que se diesen a conocer los informes que se prepararon para calcular los índices de tendencia en el precio del cobre y el crecimiento económico, que el aumento del gasto público en el 2007 será sólo de “un dígito”. En otras palabras, no se utilizarán todos los recursos posibles a emplear en la lógica del mecanismo aunque los informes entregados le permitan hacerlo. La formulación de Velasco recibió el más amplio apoyo de la Sofofa.

El pronunciamiento anticipado efectuado por Hacienda fue muy valorado por el diario El Mercurio en su “Semana Económica”. “Dada la holgura de recursos públicos -comentó el periódico de los Edwards-, ha sido de gran valor ratificar la voluntad del gobierno de no apartarse de la regla de su superávit estructural equivalente a 1% del PIB” (31/08/06), aunque en los hechos desde el ángulo del gasto la deja de lado. Actuar de otra manera -enfatizó- “sería muy imprudente”. Más aún, trazó fórmulas para modificar el mecanismo del presupuesto estructural, aunque ello signifique lisa y llanamente terminar con la inviolabilidad de la regla presupuestaria hasta ahora usada como dique de contención de las demandas sociales. Es claro, El Mercurio lo expresa en términos más elegantes. Propuso introducir en el mecanismo estructural “un anclaje”, distribuyendo el incremento posible en el gasto “en forma pausada”. Por ejemplo, se podría plantear que ese mayor uso de recursos -añade, “pauteando” a Velasco- “se materialice a lo largo de los próximos tres años del actual gobierno”. Una formulación similar efectuó el académico de la Universidad de Chile Joseph Ramos.

El Instituto Libertad y Desarrollo fue aún más lejos. Uno de sus “expertos” propuso no calcular el precio del cobre en su promedio de los últimos 10 años, sino hacerlo en una proyección de 30 ó 40 años (imposible de efectuar con un mínimo de seriedad) de manera de amortiguar el ciclo coyuntural alto en el precio del cobre. En 2006, la cotización promedio del metal rojo se ubicará en los U$S3, de acuerdo a la estimación de Cochilco.

La otra alternativa mercurial, muy aplaudida por los grandes intereses económicos presentes en el país -ya que en ningún momento se propone disminuir el IVA- es “reducir impuestos hasta por U$S 2.500 millones durante 2007”, destinando a éste propósito el superávit fiscal. Si ello concede nuevos beneficios a los sectores más poderosos se acentuaría la regresividad en la distribución de los ingresos, una de las mayores lacras en la estructura socioeconómica existente. “La reducción permanente de tasas de impuestos -argumenta El Mercurio- no requiere inversiones en capacidad institucional, pues los hogares beneficiados gastarían y ahorrarían tal rebaja con eficiencia” (04/08/06), forma de utilización que desde luego la considera como un hecho.

De lo que se trata es de mantener constreñido el papel del Estado y no destinar esos recursos entre las múltiples opciones a considerar de acuerdo con el interés nacional, desde que sea gasto “sin efecto macroeconómico” (o sea, que no incida en el nivel de la demanda interna) pero contribuyendo a enfrentar problemas reales, atienda múltiples necesidades sociales insatisfechas o se emplee en incrementar la potencialidad de la economía, ya sea a través de inversión productiva o aumentar la eficiencia de los trabajadores y de los pequeños y medianos empresarios.

El debate se desarrolla cada vez más al interior de la Concertación. Formulaciones críticas a los conservadores planteamientos de Velasco han sido planteadas por los presidentes de las comisiones de Hacienda del Senado, Carlos Ominami, y de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini, así como por la Comisión Económica y Social de la Democracia Cristiana. “La discusión que parte con el envío del presupuesto -señaló Carlos Ominami- es por el uso de los excedentes del cobre, en esto podemos hacer algo más inteligente que tener toda la plata metida en un chanchito… Es posible tener una política productiva en torno a visiones de desarrollo que permita un uso inteligente de estos recursos en función de aumentar la capacidad de crecimiento del país… Hay un amplio margen en los temas de fomento minero, avance de solución de la brecha digital, equipamiento tecnológico que puede ser enfrentado más inteligentemente, lo que no puede ser es que el mejor proyecto del país sea meter la plata en el banco” (03/08/06).

Ricardo Ffrench Davis, que encabeza la mencionada comisión demócrata cristiana ha planteado -como lo demuestra la desaceleración experimentada por la economía- que se requiere dar un impulso a la demanda interna, aprovechando los excedentes fiscales generados por el aumento en el precio del cobre, reduciendo los siempre altos niveles de desempleo y apoyando a las pymes. Pablo Lorenzini, a su turno, reafirmó el planteamiento hecho público por la mencionada comisión demócratacristiana, de que existe espacio para gastar más, no sólo durante 2007 sino en los meses que restan de 2006.

La regla del presupuesto estructural necesita modificarse en un sentido inverso al definido por el ministro Velasco. Ello es lo que enseña el fuerte incremento producido en el precio del cobre. “Un perfeccionamiento de la regla fiscal, necesario para la viabilidad política y que aún así seguiría generando superávit -escribió el economista de Larraín Vial, Leonardo Suárez-, permitiría que estos ingresos inesperados (asociados a un precio del cobre superior a los U$S2 la libra) se invirtieran en gastos fiscales no recurrentes en el futuro. En 2006 -añadió Suárez- Chile tendrá excedentes fiscales de U$S11.000 – U$S12.000 millones en virtud de la regla fiscal, de los cuales U$S6.000 millones serían excedentes no estructurales inesperados. Los excedentes no estructurales asociados a la brecha entre el precio del cobre entre U$S2,0 la libra y el precio de largo plazo seguirían “intocables” para ser gastados en tiempos de “vacas flacas” (10/08/06).

Con este criterio se contaría con recursos para proyectos como el Puente Chacao. El nivel de U$S2 la libra empleado por Suárez en su argumento descansa, según explica, en que la regla del superávit estructural “se diseñó con el supuesto implícito -no escrito- de que el precio el cobre fluctuaba entre U$S0,60 y U$S 1,60 la libra”. A futuro, dado el alza de los costos de la industria minera, el rango de fluctuación relevante, enfatiza, “estaría entre U$S0,80 y U$S2,0 la libra”. Todas las políticas “rígidas” (inmodificables) y la regla del superávit estructural lo es, generan una multiplicidad de manejos absolutamente discutibles, cuando no negativos, para el país.

La esquemática aplicación del mecanismo presupuestario va imponiendo un malestar creciente. Ello se manifestó en la propia Cámara de Diputados cuando 13 de los 21 diputados democratacristianos votaron en contra de uno de los aspectos centrales del llamado proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal. En la discusión de dicha iniciativa, ese grupo de parlamentarios sostuvo que los excedentes generados por el cobre deberían destinarse no sólo a ahorro sino también a gasto social. El mayor cuestionamiento consistió en que se le entregaba al aprobarse la iniciativa un “cheque en blanco” al ministro de Hacienda a cambio de “nada”. “Creemos que vamos en un mal camino -expresó Eduardo Saffirio- si se siguen dando señales de que nos interesan los grandes grupos económicos y se siguen postergando recursos para la gente pobre…”(10/08/06).

La Ley de Responsabilidad Fiscal crea el Fondo de Estabilización Económico Social, del cual pasarán a formar parte todos los recursos acumulados en los superávit fiscal que superen el 1% del PIB . Su contenido no tiene nada de “social”. Establece mecanismos para administrar los activos financieros fiscales y dispone la obligación que los futuros gobiernos cuenten con un lapso de noventa días desde que asuman para establecer las bases de la política fiscal que seguirán durante toda su administración.

El debate coincide con la publicación de encuestas de expectativas de los consumidores que reflejan una caída que las lleva a un nivel similar al registrado a fines de 2003, cuando recién la actividad comenzaba a salir de los niveles recesivos y de bajo crecimiento que se produjeron desde mediados de 1998. La encuesta de la Universidad de Chile constató una caída de 12% en el índice de confianza de los consumidores y de 15% en las expectativas futuras. Por su parte, el indicador de percepción económica de Adimark anotó en junio una caída de 6,6%, la mayor desde que se estableció la muestra en 2002. Su encuesta de julio estableció, a su turno, un 39,9% de aprobación para la conducción económica del gobierno y un porcentaje de desaprobación de 44,8%. La tasa de rechazo al manejo del desempleo fue aún superior (57,4%) al igual que el referido a la gestión educacional (48,3%). La aparente contradicción entre una situación favorable generada en gran medida en el exterior y las expectativas de un porcentaje considerable de la población tiene una fácil explicación: los mayores ingresos fiscales provenientes del alza en el precio del cobre se transformaron en ahorro y, por tanto, no llegan a las personas, mientras que los aumentos en las ganancias de los consorcios privados cupríferos se van en un alto porcentaje al exterior y en un monto muy reducido se traducen en incrementos de la demanda interna. En consecuencia, sus efectos sobre la población son mínimos.