Introducción
Mi historia personal y laboral me condujo a dedicar toda mi vida profesional a investigar y a ofrecer apoyo terapéutico a víctimas de la violencia. En este sentido, dirijo junto con numerosos profesionales los Centros EXIL que ofrecen en Bélgica y España atención médica, psicológica y social a personas, familias y grupos que han sido víctimas de represión, cárcel y torturas, o que han sobrevivido a guerras y a genocidios cuya brutalidad es difícil de imaginar.
Mis experiencias en este campo me han permitido, además, llegar a ser considerado un especialista en programas preventivos y terapéuticos destinados a niños y niñas víctimas de malos tratos infantiles, así como en intervenciones destinados a reparar el sufrimiento de mujeres víctimas de la violencia de género (Barudy, J., 1983, 1998, 1999, 2005, 2006).
Es en este contexto que fuimos conociendo el dolor, el sufrimiento y el daño provocado a miles de familias chilenas que fueron condenadas al exilio después de haber vivido las formas más brutales de violencia organizada. Uno de los casos de violencia que más nos impactó como seres humanos y como profesionales de la salud mental, fue el conocer a familias cuyos niños y niñas habían sido encarcelados y torturados. Los niños y niñas que atendimos en nuestros programas, sólo eran una pequeña muestra de la totalidad de los menores que conocieron esta brutal experiencia.
En efecto, gracias a los testimonios de las víctimas recogidos valientemente por la “Agrupación de Ex – Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura” sabemos que en Chile, durante los 17 años de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet Ugarte, miembros de los cuerpos de seguridad del estado, pertenecientes a las diferentes ramas de las fuerzas armadas, torturaron a casi 200 niños y niñas, hijos e hijas de opositores políticos y de resistentes. Esto ocurrió en una total impunidad, porque la violencia, el abuso y la cobardía fue el motor del funcionamiento militar y esto contaminó todas las instituciones del estado, especialmente la del Poder Judicial en el cual jueces y magistrados que tendrían que haber protegido los derechos de estos niños, los de sus madres y sus padres demostraron una inoperancia cómplice con el poder dictatorial.
La vuelta a la democracia trajo un olor de esperanza justiciera para todas las víctimas de las atrocidades militares, incluidas aquellas más pequeñitas a quienes se traumatizó sus infancias, no sólo dañando, asesinando o haciendo desaparecer a sus padres y sus madres, sino que torturándoles por el hecho de ser los hijos e hijas de gente solidaria y valiente que luchaban por un país justo, democrático y solidario
Los que encarnaron la maldad uniformada, cobarde y deshonesta, encabezada por Pinochet y sus secuaces, se atrincheraron detrás de sus consciencias indolentes y confiadas, incapaces de reconocer sus delitos y pedir perdón. Creyeron que sus antiguos y nuevos cómplices no permitirían que se les exigiera responsabilidad por los crímenes cometidos. Han pasado ya más de 30 años y ninguna persona honesta puede decir que en el Chile democrático se ha satisfecho totalmente el derecho a la memoria y la justicia de todos y todas las víctimas de la represión. Mas aun, en el caso de los menores torturados, los gobiernos y la sociedad chilena tienen todo por hacer, para restituirles el derecho a ser reconocidos como víctimas, restableciendo a través de sus testimonios la memoria de lo ocurrido, e identificando y castigando a los culpables. Esta es una oportunidad, que no se puede perder para contribuir a la sanidad colectiva y prevenir el estigma de quedar marcado para la historia como la nación en que se torturaron niños y niñas, sin que se hiciera justicia, teniendo todas las posibilidades para hacerlo.
La memoria y la justicia como pilares para recuperar la dignidad nacional
Es gracias a la iniciativa de las propias víctimas, ahora adultas y organizadas en la “Agrupación de Ex – Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura” que el país y la opinión pública mundial ha tomado conocimiento que en Chile se cometió una de las formas más extremas de malos tratos infantiles: La tortura de niños y niñas, como forma de represión política.
La Agrupación de Ex – Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura presentó en un principio el testimonio de 164 personas que fueron víctimas de prisión política y tortura siendo niños y niñas. A pesar de los testimonios documentados, que permiten establecer la veracidad de las denuncias, las respuestas de funcionarios y responsables políticos chilenos han sido evasivas y formales.
El sufrimiento y el daño de las víctimas infantiles de la tortura
El sufrimiento y el daño de estos menores son la consecuencia de lo que denominamos ‘procesos traumáticos’ es decir: “un conjunto de agresiones a los niños y niñas cometidas por adultos que, abusando de su poder, les provocan estrés, sufrimiento psíquico y dolor, que por su intensidad o duración agotan los recursos naturales que el niño posee para modular el estrés y calmar sus sufrimientos y dolores, y que al mismo tiempo, por sus contenidos, el niño no puede entender ni las causas ni porqué esto le sucede a él, ni menos entender porqué sus padres u otros adultos significativos no lo defienden ni protegen”. Estas agresiones provocan traumas psíquicos de gran intensidad cuyas consecuencias son peores que los traumatismos físicos graves resultados, por ejemplo, por un accidente grave como ser atropellado por un auto o caerse de una gran altura. La diferencia radica en que en este último caso, se puede explicar a los niños lo sucedido. El niño puede entender porqué sucedió, cómo ocurrió, quién es responsable. A diferencia de ésto, sufrir la tortura siendo un niño, es sufrir una experiencia límite terriblemente estresante y dolorosa, que además es totalmente incomprensible. Si para un adulto es casi imposible entenderlo, es fácil imaginar que para los niños, es una experiencia más horrorosa aun, por lo tanto, sin sentido.
Los traumas de los niños y niñas torturadas
Los testimonios de los menores torturados en Chile, dan cuenta de niños y niñas que fueron víctimas de malos tratos físicos en el momento en que los agentes de la policía o militares allanaron sus domicilios familiares. Otros sufrieron la tortura cuando estaban en el útero de sus madres mientras ellas eran sometidas a sesiones de torturas, cuyo contenido y duración sobrepasa cualquier situación de horror imaginado. Existen múltiples investigaciones que demuestran las diferentes posibilidades de daño que un feto puede sufrir como consecuencia de situaciones de estrés extremo y de dolor a la que una mujer embarazada puede ser sometida.
También existen niños y niñas que nacieron en prisión, cuyas madres fueron interrogadas y torturadas durante periodos en que los niños quedaban solos o al cuidado de otras prisioneras, con el riesgo de sentirse abandonados o ser afectados por el ambiente de inseguridad y tensión emocional del grupo. Estos contextos de estrés extremo, pueden ser fuentes de trastornos en los procesos de maduración del cerebro y del sistema nervioso central, así como del desarrollo de las diferentes capacidades que dependen de esta maduración: motoras, afectivas o cognitivas. De las reiteradas violaciones a las que fueron sometidas las mujeres en los centros de tortura, nacieron varios niños y niñas. Estos han debido vivir con el peso psicológico del secreto de sus orígenes o el estigma de su filiación.
Los casos más extremos de esta lista de experiencias traumáticas, lo constituyen el de aquellos niños o niñas que fueron secuestrados, ya sea en sus casas, en la calle o en la escuela y conducidos a lugares secretos, para usarlos de rehenes para obligar a sus padres a entregarse o a delatar a otras personas. Muchos de estos niños y niñas fueron torturados delante de sus padres o madres para obtener una confesión o la información que los torturadores buscaban. Por último, existe también un grupo de adolescentes que fueron arrestados y torturados por su pertenencia a movimientos juveniles de resistencia.
Todas las situaciones descritas corresponden a procesos traumáticos, que pueden haber dejado secuelas si estos niños o niñas no encontraron en su medio familiar y social los recursos necesarios para calmar sus dolores y resiliar sus experiencias.
El fenómeno de resiliencia, es decir; el contar con apoyo afectivo, una explicación veraz de los sucedido, así como el reconocimiento de lo sucedido para superar constructivamente los traumas, se pudo haber visto obstaculizado por la incapacidad de la sociedad chilena en reconocer estos acontecimientos dramáticos y cobardes, dando impunidad a los culpables.
El hecho que los padres u otros adultos significativos puedan haber tenido una gran dificultad para relatar a sus hijos lo sucedido, optando, por diferentes razones (pero principalmente porque se sienten culpables), por ocultar la verdad o inventar una explicación falseada, puede haber agravado la situación de estos menores. Muchos niños chilenos torturados a una edad que es imposible recordar, se enteraron de la verdad de lo ocurrido muchos años después. Por lo que no sólo han tenido que elaborar lo vivido sino que, además, encontrar un sentido al hecho que sus padres le hubieran ocultado la verdad.
La ley del silencio impuesta por el terror y la impunidad que han gozado los torturadores, es la única explicación a este último fenómeno. Es una tarea de terapia social, ayudar a lo padres de los niños víctimas de prisión y torturados, a no sentirse culpables pues ellos no fueron los verdugos de sus hijos, al contrario, fueron víctimas de uno de los chantajes más cobardes que los sistemas políticos violentos han creado para doblegar a sus oponentes. Para esto, es indispensable que la justicia cumpla su papel, nombrando, juzgando y castigando a los torturadores y reconociendo de esta manera a las víctimas. De esta manera, los padres y las madres pueden sin culpa, seguir siendo fuentes de afecto y de apoyo para sus hijos e hijas.
Es muy probable que el dolor, el estrés y el horror de las sesiones de tortura, no hayan quedado registradas en la memoria infantil como recuerdos de imágenes, debido a la corta edad en que algunos fueron agredidos, o bien porque los menores de más edad desarrollaron defensas disociativas para defenderse de la angustia creada por estas experiencias. Como consecuencia, muchas de sus vivencias traumáticas pueden haberse almacenado como una memoria de emociones y sensaciones dolorosas y angustiosas, que pueden emerger posteriormente como manifestación de lo que se conoce como “trastornos de estrés postraumáticos”.
El impacto real de estos acontecimientos puede haberse amplificado al tratarse de agresiones a seres en desarrollo. En la mayoría de los casos, la agresión duró tiempos prolongados y después muchos menores tuvieron que seguir viviendo ya sea en el país bajo el miedo de la dictadura o en el exilio donde conocieron otras experiencias de dificultades y tensión. Es probable que una de las fuentes principales del daño que estas experiencias pueden haber provocado en los menores, es el de haber sido torturados a causa o en presencia de sus padres, por otros adultos que simbólicamente pertenecían a instituciones que simbolizan la noción de seguridad, protección contra los enemigos y respeto de la ley. Estas experiencias pueden haber jugado un rol perturbador de la confianza en los adultos que los niños y niñas necesitan tener para construir su identidad y su autoestima.
El contenido de los testimonios deja entrever el enorme daño que se les puede haber provocado a estos niños y niñas. Esto contrasta con la actitud casi ligera o indiferente que las autoridades del estado chileno han tenido hasta este momento para dar un justo reconocimiento a las víctimas infantiles de esta cobardía militar, negándoles total o parcialmente la reparación a la que tienen derecho. Esta actitud no es nueva y la historia de las víctimas está plagada de ejemplos como éstos. El reconocer que el sufrimiento y el daño psicológico de una víctima es consecuencia de una agresión producida por sujetos que abusan de su poder, sigue siendo una actitud minoritaria en nuestra cultura. Durante siglos y siglos hombres, mujeres y niños han sido agredidos y dañados en contextos de violencia organizados intencionalmente por los poderosos de un sistema social para mantener su dominación. En este sentido, diferentes sociedades se han demorado siglos en reconocer la violencia ejercida sobre la mujer y mucho tiempo más en reconocer las diferentes formas de malos tratos infantiles. En situaciones como la de la sociedad chilena, donde los perpetradores pertenecen a una de los sistemas con más poder – el de las armas- no es extraño que las instituciones del estado y el gobierno se hayan demorado tanto tiempo en reconocer e inculpar a una parte de los culpables de tantas atrocidades.
Cuando las víctimas son niños o niñas, lo que es legítimo esperar, es que las autoridades y responsables políticos muestren una mayor sensibilidad y hagan todo lo necesario para apoyar a las víctimas y sancionar a los culpables. Desgraciadamente, la mayoría de la veces esto no ocurre.
En diferentes artículos hemos denominado como “alienación sacrificial” de las víctimas infantiles, al fenómeno a través del cual se niega a los niños sus derechos de ser reconocidos como víctimas. De esta manera, niños y niñas son sacrificados para resolver conflictos entre los adultos, para defender ideologías o formas abusivas de relación social o para ofrecer la impunidad a sujetos poderosos a quien se les teme por la fuerza y el poder que detentan. En tiempos remotos, miles de niños fueron vendidos o regalados para aplacar la ira de los poderosos o para contentar a los dioses. En los tiempos modernos, existe el riesgo permanente que los intereses de los adultos primen sobre los intereses de los niños y que sus sufrimientos sean minimizados o banalizados cuando el responsable de éstos son adultos con un poder que atemoriza. Los niños y niñas sometidos a tales contextos, no tienen otra alternativa que aceptar y adaptarse. Sólo una vez siendo adultos, si las condiciones lo permiten, pueden organizarse para luchar por sus derechos, hasta ser reconocidos como víctimas, así como asociarse en la defensa de otros niños, que como ellos, puedan o están siendo sometidos a la violencia cobarde de los adultos.
En el caso chileno, la valentía de las víctimas infantiles, organizadas en La Agrupación de Ex – Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura es una esperanza para el futuro. Lo que les caracteriza son sus compromisos con la verdad y la solidaridad mutua. Son más de 200 personas que a pesar del sufrimiento y el daño sufrido por la prisión y la tortura siendo menores, están reconvirtiendo sus tragedias y transformado sus sufrimientos en denuncias para ayudar a su país a recuperar su dignidad y en altruismo con otros niños que han vivido o podrían vivir una experiencia similar, con el objetivo que esto no ocurra nunca más.
Conclusión
Si cualquier forma de maltrato infantil es una de las más dramáticas expresiones de la incapacidad de ciertos adultos para establecer relaciones de cuidado y de respeto incondicional con los niños y niñas, el torturar niños y niñas es una grave manifestación de la inhumanidad y de la cobardía no sólo por parte de los adultos que lo hacen o lo hicieron, sino que también de las instituciones que lo promovieron y lo permitieron.
Los padres o madres que violentan o abusan de sus hijos, lo hacen como resultado de una historia personal y familiar llena de sufrimientos y carencias.
Sin embargo, en el caso de los torturadores de niños y niñas, sus malos tratos se realizan en forma consciente e intencional. No se trata aquí de una violencia resultado de una incapacidad, sino la manifestación de una maldad abusiva, monstruosa e institucionalizada.
Torturar niños y niñas es una de las violencias más extremas, uno de los ejemplos más repugnantes de la violencia y la cobardía de adultos y de las instituciones de los regímenes políticos a los cuales pertenecen.
En Chile, estos torturadores y torturadoras fueron o son miembros de las fuerzas armadas, que ejercieron esta violencia, bajo las órdenes de los altos mandos militares y de un gobierno dictatorial. La indignidad y la vergüenza de esta maldad cobarde, cuestionan la existencia misma de las instituciones militares responsables de estas atrocidades y compromete al conjunto de la sociedad a tener la valentía de comprender las causas y asumir la responsabilidad de lo ocurrido, así como a hacer todo lo necesario para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. En caso contrario, existe un riesgo enorme que toda una sociedad, todo un pueblo, todo un país, quede marcado para siempre, como aquel en el que se produjo y se permitió esta atrocidad.
La recuperación del honor, la dignidad y la salud mental de un país en la que se produjeron múltiples actos de barbarie, en la cual torturar niños y niños es una de las manifestaciones más obscenas, exige una voluntad política de los gobernantes democráticos y del conjunto de la sociedad. Es fundamental establecer la verdad, reconocer el sufrimiento y el daño de las víctimas ofreciendo los recursos que sean necesarios para lograr repararlos y, sobretodo, hacer hasta lo imposible para que los perpetradores, cómplices e instigadores sean identificados y juzgados.
Al igual que las víctimas traumatizadas por estas violencias, los países traumatizados deben, para recuperarse, recordar y reconocer a los que han sufrido, expiar las culpas y responsabilidades a través de un trato digno y justo hacia todas las víctimas, acompañado del enjuiciamiento de los perpetradores.
En Chile, las propias víctimas organizadas en la Agrupación de Ex – Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura, están contribuyendo a esta tarea de terapia social. Es deber del conjunto de la sociedad civil y sus organizaciones apoyarles. Es responsabilidad del nuevo gobierno acoger sus demandas y reparar de esta manera los errores cometidos en el pasado. Sólo de esta manera Chile, como nación, quedará exonerada de la culpa de estos actos crueles y bárbaros – encarcelar y torturar niños y niñas- que fueron cometidos por militares abusadores, violentos y cobardes. La memoria y la justicia es uno de los caminos más decentes para recuperar la dignidad de una nación.
(*) Artículo preparado como contribución al Primer Encuentro Nacional de Ex – menores víctimas de prisión política y tortura.
1 Psiquiatra psicoterapeuta y terapeuta familiar. Director de los Centros EXIL de Bélgica y España. Director del Instituto de Formación, Investigación e Intervención sobre las consecuencias de la Violencia Familiar (IFIVF) en Barcelona y Bruselas.
Bibliografía:
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BARUDY J.: “El dolor invisible de la infancia: una lectura ecosistémica”. Editorial Paidós. Barcelona, 1998.
BARUDY, J.: “Maltrato Infantil. Ecología Social: Prevención y reparación” Ed. Galdoc. Santiago de Chile, 2000.
BARUDY, J. & DANTAGNAN, M.: “Los buenos tratos a la infancia. Parentalidad, apego y resiliencia”. Ed. Gedisa. Barcelona, 2005.
BARUDY, J. & MARQUEBREUCQ, A.: “Hijas e hijos de madres resilientes. Traumas infantiles en situaciones extremas: violencia de género, guerra, genocidio, persecución y exilio”. Ed. Gedisa. Barcelona, 2006.