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Agosto 18, 2026

La post guerra con Bolivia debe terminar

En algún momento Santiago tendrá que indicarle a Lima su responsabilidad, a menos que quiera continuar con una diplomacia de administración frente a La Paz. Lo que está claro a estas alturas del gobierno de Evo Morales es que no renunciará a un acceso soberano al mar y que ningún acuerdo económico, por favorable que le resulte, llevará a la integración con ese país.

La “luna de miel” que vive Alan García con los peruanos  y también con sus interlocutores regionales se parece mucho a la experimentada por Evo Morales. Aunque esta última estuviese terminando –una ley inexorable que se aplica a cualquier gestión gubernativa-, la lección que queda es que debe aprovecharse dicho período de gracia para construir nuevas bases para una relación constructiva.

En el expediente boliviano, ha habido en las últimas semanas señales confusas, pero ellas se emiten en un escenario siempre complejo. Nada de lo ocurrido puede depreciar el valor de los gestos que se prodigaron tanto en La Paz como en Santiago a comienzos de año. Las inversiones políticas de entonces –junto a las manifestaciones públicas que rodearon los encuentros oficiales- constituyen un capital que no está aún liquidado.

Así debiera ser también en  la nueva fase con los peruanos. La visita del Presidente electo se inscribe claramente en una estrategia regional que apuesta a Brasil, Chile y Colombia, y esa determinación suya –más la antigua afinidad ideológica del aprismo con el socialismo de los Matte y Allende- debieran aventar los temores de que se repita lo vivido con el Presidente Alejandro Toledo: al comienzo, mucha retórica de afinidad con la Concertación y, en particular, con el PPD, y después un alejamiento paulatino, quizás dictado por la falta de apoyo interno.

García dijo que los límites marítimos no son prioritarios en su agenda y confirmó, con franqueza, que se propone competir con Chile como plataforma del Pacífico. Esto es homologable al gesto de Evo Morales de no mencionar la reivindicación del acceso al mar por su nombre, sino como “el problema histórico”, infaltable en una agenda sin exclusiones. A poco andar el problema surgió con la fuerza que la cancillería chilena seguramente calculó, y que logró canalizar por la vía bilateral, tanto en la Cumbre de Viena como en la OEA.

Los desencuentros vinieron por el lado del gas. La nacionalización de los hidrocarburos y el nuevo contrato de abastecimiento de Bolivia  a Argentina –que se firmará este jueves- dieron lugar a declaraciones del canciller Foxley que fueron contestadas por La Paz. En definitiva, la instalación de “candados” para evitar una triangulación con reventa a Chile fue prevista como “hostil” por Santiago, pese a las explicaciones del vicepresidente Alvaro García Linera y el cónsul José Pinelo de que no había “trazas” de animosidad en ello.

Más precisa nos pareció la respuesta que nos diera en Antofagasta –el viernes 23- el diputado del MAS Iván Canelas, durante un seminario del Colegio de Periodistas  sobre el papel de los medios en las relaciones políticas entre Chile, Perú y Bolivia: “Lo que sucede es que mi país vendía gas a Argentina a un precio solidario y resulta inaceptable para nosotros que se revenda el recurso a un tercero a un precio muy por debajo del mercado. Si hay  trato con Chile, debe ser directo y a un precio convenido por ambas partes”.

Según trascendió, el nuevo precio será de 5 dólares el millón de BTU, en vez de los US$ 3,20 actuales por la misma unidad, lo que significará en la práctica un encarecimiento del gas que Argentina vende tres veces más caro a Chile. Pese al compromiso que firmará Néstor Kirchner con Evo Morales, se estima muy difícil controlar que “ninguna molécula de gas boliviano” se revenda. Aún más, en los últimos días estalló la denuncia de que las reventas se hacían con subfacturación de las empresas argentinas a las chilenas.       

En la declaración del diputado y periodista Iván Canelas – militante del Movimiento al Socialismo de Evo Morales-,

no debe leerse, en todo caso, una disposición sin más a vender energía a Chile. Una cosa es que no se quiera reivindicar la “diplomacia del gas”, por el desdoroso uso del chantaje que implica para obtener una salida al mar. Y otra es que, más allá de las omisiones verbales, Bolivia no renunciará a su reivindicación. Ningún acuerdo económico, por complementario que sea y ventajoso que le resulte, llevará a la integración plena, como creen algunos tecnócratas de la Concertación, que mal aplican a ese país lo que puede ser cierto para otros.

Como se dijo en el encuentro trilateral de los periodistas, el vencedor en la guerra debe ser más generoso y perseverante en la liquidación de un asunto que se arrastra por 127 años. Quisiéramos agregar que, a la luz de lo percibido en Antofagasta, la soberanía entendida a la manera decimonónica sigue en pie para los vecinos que perdieron el acceso al mar y que ninguna fórmula más adscrita a los conceptos de integración del siglo 20 parece viable en su caso. Esta realidad nos lleva a volver la mirada al Perú. Ya que tampoco resulta viable cortar el territorio chileno en dos, sólo un corredor junto a la línea de la Concordia parecería aceptable para el cedente.

Seguramente el punto no se evocó en el reciente encuentro entre Michelle Bachelet y Alan García. Es un motivo de fricción más en el vecindario. Pero llegará el momento en que Santiago deberá indicarle a Lima su responsabilidad en el asunto, a menos que quiera optar por sólo ejercer una diplomacia de administración frente a La Paz, lo que sería deplorable: la post guerra con Bolivia debe terminar ya.