Buenos Aires.- El tema de la existencia de un tráfico de ciudadanos de Bolivia para explotarlos como esclavos, podría subir de tono ante la acusación este jueves al cónsul de ese país por supuesta responsabilidad. De acuerdo con fuentes de la justicia federal, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) denunció al diplomático, Albaro González Quint, como presunto responsable de una red ilícita que actúa internacionalmente. La acusación, que medios locales consideran gravísima, podría trasladar el espinoso tema también al campo de la diplomacia por su implicación en las relaciones entre los dos países.
El pasado 30 de marzo un voraz incendio en un taller de confecciones textiles cobró la vida de seis personas, cuatro de ellos niños, todos de nacionalidad boliviana.
El dramático hecho puso al descubierto la existencia en el local de un sistema de explotación extrema que incluía el casi total encerramiento de los operarios, quienes vivían allí hacinados junto con sus familias.
A raíz del hecho comenzaron a revelarse declaraciones de ex empleados y vecinos sobre la inhumana explotación de esos trabajadores bolivianos, quienes recibían sueldos de miseria bajo amenaza de ser expulsados.
Inspectores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires detectaron y clausuraron decenas de estas plantas de costura de ropa en similares condiciones y comenzó a emerger la existencia de una red de tráfico ilícito de personas.
Después de varias manifestaciones de protesta de centenares de ciudadanos bolivianos por las pésimas condiciones en que trabajan y viven, comenzó a circular el rumor de que el cónsul pudiera estar involucrado en el pingüe negocio.
Hoy, con la colocación de un expediente en manos del juez Norberto Oyarbide, el asunto toma un rumbo que conmina a la Justicia a actuar.
El documento denuncia la existencia de una “red ilícita que actúa internacionalmente” para traer a bolivianos a Argentina con el propósito de someterlos a reducción y servidumbre “en talleres textiles que producen mercadería para grandes marcas”.
De profundizarse el asunto, opinan expertos en la materia, una investigación mayor podría revelar una eventual complicidad de los dueños de esas grandes firmas, pues son los principales beneficiados con esa cuasi esclavitud.
La denuncia de la LADH se sustenta en la violación de la ley nacional de migraciones y pide al juez Oyarbide que dé conocimiento de eso a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
El pasado día 3, el ministro de Producción de la ciudad, Enrique Rodríguez, dijo que son cuatro mil los bolivianos en condiciones de esclavitud en mil 600 talleres y fábricas porteñas, mientras otros 11 mil laboran ilegalmente.