En la última campaña presidencial nuevamente la oposición, dividida en un primer momento y luego obligada a unirse para enfrentar la segunda vuelta, invirtió enormes recursos para conseguir apoyos y respaldos electorales mayoritarios que le permitieran derrotar a la Concertación y así acceder al poder político. Desde el año 1958 que la derecha chilena no logra ganar una elección presidencial.
Visto de este modo, y por cierto desde una perspectiva democrática, las aspiraciones políticas de la derecha resultan ser absolutamente legítimas, adquiriendo sentido en su discurso el planteamiento acerca de la necesaria alternancia en el poder. Efectivamente, en períodos electorales suele apelar con fuerza ante los medios de comunicación e interpelar a la ciudadanía para que produzcan cambios respecto de la coalición política que gobierna Chile desde el año 1990.
Desde la teoría democrática contemporánea la alternancia en el poder, puntualmente para sociedades en desarrollo, constituye un valor altamente deseado y saludable, y es al mismo tiempo concebida como el producto de la valoración y evaluación que la ciudadanía realiza respecto de sus gobernantes y de los partidos o coaliciones que sustentan a los gobiernos.
En otras palabras, la alternancia en el poder no es sólo una aspiración política, tampoco se alcanza por medio de negociaciones entre unos pocos ni se garantiza a través de la formulación de alguna ley. La alternancia tiene un componente esencialmente democrático, de participación, de evaluación y de genuina opinión ciudadana a través del voto; supone ciertos juicios valórico-políticos acerca de la formas propuestas para ejercer el poder, del proyecto de sociedad al que se aspira, de los beneficios concretos a los que la ciudadanía podría acceder y de los “temores y miedos” que tienden a despertar en una sociedad quienes aspiran al poder.
En todo proceso de elección democrática se pone en juego la alternancia de las fuerzas políticas en el poder. Plantear la alternancia sin un contexto que la fundamente sustancialmente o desconociendo los avances alcanzados por otros, sólo pone en evidencia la desesperación, la desconfianza y la imposibilidad de acceder a él apelando a la credibilidad y a la confianza de la ciudadanía y/o al respaldo y apoyo político-social a la propuesta programática presentada.
En enero la derecha perdió y no logró que la ciudadanía desalojara del poder a la Concertación. En términos generales, su derrota se debió a las fortalezas de la propia coalición, a las debilidades de la oposición y al apoyo de importantes sectores de la denominada izquierda extraparlamentaria.
No obstante lo señalado, el tema de la alternancia en el poder, desaparecido de la escena política, amerita ser analizado en perspectivas de los desafíos futuros tanto para el gobierno de Bachelet como para los objetivos que la oposición se proponga para la elección presidencial del año 2009.
La Concertación y el gobierno de Bachelet deberán responder a las esperanzas y expectativas que la ciudadanía se fijó durante la campaña. No sólo deberá dar cuenta de las diversas propuestas presentadas en su programa gubernamental y de realizar una gestión distinta a la de sus antecesores; además deberá avanzar significativamente en temáticas relacionadas con la participación de la ciudadanía. Al gobierno no le bastará con una gestión cercana a las personas, de acogida, de respeto y buen trato. Las sociedades democráticas se profundizan en la medida que sus gobernantes otorgan mayores derechos y mayor poder a sus ciudadanos.
Mayores derechos y poder para la ciudadanía, en el Chile actual, implicaría un giro radical hacia el fortalecimiento de la sociedad civil; hacia una sociedad más democrática y más participativa. Implicaría romper definitivamente con las lógicas de la democracia protegida -expresión concreta de un tipo de participación restringida y no vinculante- y cuyos efectos aún es posible observar en el comportamiento de algunos dirigentes políticos.
La disminución de las facultades presidenciales frente a algunas materias, las iniciativas ciudadanas de ley, la modificación a la ley de organizaciones comunitarias, mayores facultades a los CESCO, mayores derechos a los consumidores, inscripción automática en los registros electorales, mayores facultades a los colegios profesionales, mayores derechos a padres y apoderados respecto de los servicios educacionales prestados por instituciones colaboradoras del Estado en su función educacional, modificación del sistema electoral binominal, etc, son algunas de las materias que darían cuenta efectiva de ese radical giro.
La derecha deberá plantear y procurar, por lo menos mediáticamente, apoyos y respaldos a diversas iniciativas relacionadas con mayores espacios de participación para la ciudadanía. Su objetivo para el año 2009 será el fortalecimiento orgánico, la resolución de los problemas de liderazgo, la identidad del sector y su inserción social, el crecimiento electoral hacia el centro político, la elaboración de una atractiva propuesta programática y la implementación de diversas estrategias que busquen disminuir los prejuicios y desconfianzas de la ciudadanía hacia un eventual gobierno de la oposición.
La reforma previsional, los derechos de los afiliados a las ISAPRES y a las AFP, la demanda por mayores resguardos a los derechos de los consumidores, la demanda por plebiscitos de iniciativa popular, la reforma al sistema electoral binominal, entre otros, serán temas que tensionarán en forma significativa a los partidos de la Alianza.
Particularmente concitará atención y análisis la postura que la oposición muestre cuando se discuta en el parlamento la reforma al sistema electoral binominal. Los argumentos acerca de la estabilidad política del país, de los necesarios equilibrios entre grandes conglomerados, de los peligros a la fragmentación del sistema partidario, y fundamentalmente, al argumento nunca manifiesto del cálculo político mezquino, se verán enfrentados al simple argumento de la participación y de la necesaria y legítima representación política de todos los ciudadanos organizados en partidos políticos.
Es simple, cuando no se cree y al mismo tiempo se desconfía de la ciudadanía no es posible ampliar la participación de la sociedad y menos fortalecer la democracia. ¿De qué sirve entonces la alternancia en el poder si quienes la posibilitan, los ciudadanos, no cuentan con los mecanismos necesarios para ejercer sus derechos y para participar activamente en el desarrollo del país y de sus instituciones?
Hace pocos días los dirigentes del principal partido de la oposición y con mayor respaldo electoral del país le negaron a sus militantes el derecho a elegir directamente a sus dirigentes. En la Concertación el principal partido de gobierno intentó retrotraer la historia instalando mecanismos de elección indirecta de sus dirigentes nacionales. Nada más lejos de lo que demandan los nuevos tiempos y los nuevos liderazgos.
Patricio Bustos Pizarro