CON ESTE TÍTULO, la revista Rocinante de septiembre de 2002 (N° 47) publicó una investigación de la Premio Nacional de Periodismo, Patricia Verdugo, que nos ilustra respecto del más grave atentado a la libertad de expresión de los gobiernos de la Concertación y, quizás, del mayor escándalo de estos 16 años.
En el reportaje se clarifica el itinerario del caso “Clarín”. Como es sabido, dicho diario fue confiscado por la dictadura inmediatamente después del golpe de Estado. Aquel, que por años había sido propiedad del empresario Darío Sainte-Marie, fue vendido al ingeniero de origen catalán, Víctor Pey. El contrato de compraventa fue suscrito en Portugal y el traspaso terminó de concretarse en septiembre de 1972 en Suiza. Allí Sainte-Marie entregó las acciones y los traspasos firmados en blanco a Pey, quien pagó un total de un millón doscientos ochenta mil dólares. Este último decidió no ser el único propietario, pactando el mismo año la venta de parte de las acciones a tres amigos: Emilio González, Jorge Venegas y Ramón Carrasco. En palabras del propio Pey: “Pactamos que tanto el precio como la forma de pago se convendrían una vez que se estabilizara la economía. De ahí que yo me quedé con todas las acciones en mi poder y ellos me firmaron los traspasos en blanco. Vino el golpe de Estado y obviamente no hubo pagos” (Rocinante N° 47)
Luego del golpe militar, Clarín fue clausurado, su director Alberto Gamboa detenido en campos de concentración y Víctor Pey logró salir al exilio. La oficina de este último fue allanada y su caja fuerte abierta con una carga de dinamita. Allí se encontró el contrato y los títulos de las acciones. Con escándalo público el subsecretario del Interior, coronel Enrique Montero, denunció que “de los antecedentes expuestos y considerando que se encontraron en poder de Víctor Pey todos los títulos de las acciones y los traspasos en blanco de las personas a cuyo nombre figuran esos títulos…resulta que fue éste (Pey) quien compró el Consorcio Publicitario y Periodístico S.A. y la Empresa Periodística Clarín, efectuando los pagos correspondientes” (Rocinante N° 47)
En consecuencia, por decreto supremo 580 se confiscó el diario Clarín exclusivamente a Víctor Pey. Luego de iniciada la “transición”, Pey pidió la devolución de sus acciones al 8° Juzgado del Crimen, quien resolvió en su favor en mayo de 1995. Las acciones las depositó el ingeniero en un banco madrileño y, desde ese año, intentó negociar varias veces con el gobierno de Frei Ruiz-Tagle una compensación por la confiscación efectuada por la dictadura, con el objeto de volver a poner en circulación el diario. Al no obtener respuesta, decidió en 1997 –con la Fundación Presidente Allende de Madrid, representada por Joan Garcés- recurrir al arbitraje del CIADI (tribunal internacional del Banco Mundial), dado que como había sido despojado de su nacionalidad chilena por la Junta militar conservaba sólo la española, pudiendo asilarse en el tratado de protección recíproca de inversiones ratificado por Chile y España. Hasta el día de hoy el resultado de dicho arbitraje se encuentra pendiente.
Entretanto, en 1998 se promulgó la ley 19.568 que restituía o indemnizaba los bienes confiscados por la dictadura. Como el caso ya estaba en un tribunal internacional, Pey no se acogió a dicha ley. Sin embargo, varios herederos de Sainte-Marie lo hicieron,en virtud de un oficio de la Superintendencia de Sociedades Anónimas de octubre de 1974, ¡en circunstancia de que, como era obvio, en el testamento de Sainte-Marie no figuraron en absoluto los bienes de Clarín!
Para agravar el caso, resulta que en 1998 el Comité de Inversiones Extranjeras encargó un estudio en derecho sobre el caso Clarín al abogado Enrique Testa. Luego, en 1999, se constituyó la sociedad de inversiones ASINSA –con cien mil pesos- integrada por el yerno de Testa y concejal PPD por Las Condes, Isidoro Gorodischer, y por Ronald Youlton. Cinco días después de constituida, el 27 de abril de 1999, ASINSA compró el 40% de los derechos hereditarios de la Sucesión de Emilio González en un millón seiscientos mil pesos, pese a que de acuerdo al inventario protocolizado ante notario aquella sucesión no tenía casi nada de valor y un pasivo de nueve millones trescientos veinticinco mil pesos.
Posteriormente, en abril de 2000 el Ministerio de Bienes Nacionales acogió favorablemente la solicitud de compensación de ASINSA, de los demás sucesores de Emilio González y Ramón Carrasco, y de Jorge Venegas, fijándose la indemnización en seis mil trescientos millones de pesos, es decir, nueve millones de dólares. Y a fines de julio de 2001, la Contraloría General de la República tomó razón de los decretos y ordenó el pago.
Es decir, de la investigación de Patricia Verdugo se deduce que los gobiernos de la Concertación no sólo se han jugado fervientemente para impedir la existencia de un diario de centro-izquierda en Chile, sino que, además, no han escatimado recurso alguno en el intento. De acuerdo a Joan Garcés, el pago de los nueve millones de dólares “es una operación delictual. Se trata de un caso de corrupción con complicidades muy altas en las esferas más altas del gobierno de Chile” (Rocinante N° 47)
La única duda suscitada por el artículo de Patricia Verdugo es qué es más escandaloso: si los hechos descritos en él, o si la total falta de reacción que dicho artículo ha generado en la sociedad chilena.