Los casos de los tres gobernadores que hicieron ruido antes de asumir, aunque tienen menos importancia que las medidas sociales anunciadas por el gobierno debutante, tuvieron la virtud de poner en el tapete la relación de éste con los partidos que lo sustentan. Una relación que es determinante para el futuro de todos los proyectos que requieren de concurso legislativo y, en general, para la gobernabilidad del país, y que puede también llegar a ser muy contaminante.
La prolijidad con que la Presidenta Bachelet acometió la confección de sus cuadros de ministros, subsecretarios e intendentes no pudo repetirse en el escalafón de gobernadores, porque ella acudió a los políticos de su coalición para que la ayudasen a hacer las 51 nuevas designaciones. Ya fuere porque quiso hacer un gesto a aquéllos, después de haberlos mantenido a raya en los procesos anteriores, o porque simplemente se dio cuenta que el tiempo no le alcanzaba para llenar un número tan elevado de cupos, la Presidenta decidió delegar.
Primer resultado: no se logró mantener el criterio de paridad, ya que los partidos son verdaderos clubes de Tobi. Las designaciones recayeron, entonces, sólo en 17 mujeres y en el doble de hombres. El ministro del Interior, encargado de la tarea, escuchó a todos los dirigentes políticos que tuvieron la oportunidad de decir algo en el asunto. Y se produjo lo inevitable: aunque en una democracia representativa ellos debieran justamente representar el sentir de la ciudadanía, la costra partidaria en la que actúan los lleva a tal distorsión, que suelen confundir los intereses de los mandantes con los de los correligionarios.
Las gobernaciones no están investidas de gran poder ejecutivo, supeditadas como están a la égida del intendente, que muchas veces –como en el caso de Víctor Barrueto, en la Metropolitana- no se siente sólo el delegado del Jefe de la nación unitaria, sino también el presidente del gobierno regional. Pero un gobernador puede cultivar el caldo que hervirá en las elecciones municipales y parlamentarias, para que se lo sirvan los candidatos de su partido.
Inadvertidamente, se designó en Cautín a una ex concejala de la UDI que en primera vuelta votó por Piñera, ya que estaba enojada con Lavín. El que recomendó a doña Solange Chesta, el diputado Eduardo Díaz –un ex UDI reelecto como DC- dio su argumento: la necesidad de ensanchar la votación de Bachelet en segunda vuelta, en una región donde ella había perdido en primera, llevó a reclutar votantes de Piñera. Pero esto, según los democratacristianos que acusaron a los hermanos Zaldívar –jefes del partido y del gabinete- de no velar por sus intereses, no tiene por qué conducir a premiar la conversión política con un puesto de gobernadora. No basta cambiarse de bando entre una batalla y otra; tiene que pasar más tiempo para que los militantes de la Concertación olviden que Chesta izó en su casa la bandera nacional a media asta el día que detuvieron a Pinochet en Londres.
Por lo demás, en las 24 horas hábiles que duró en el cargo ella mostró también desprolijidad: interpeló y desafió a su autoridad antes de renunciar realmente. Por eso, mientras hablaba a los medios recibió el llamado del intendente con instrucciones del ministro para que se fuera de inmediato.
La frustrada gobernadora no siguió los otros ejemplos a la mano. El su colega de Linares Gloria Alegría, cuestionada por similares razones y que guardó táctico silencio hasta que la embestida del senador Naranjo fue neutralizada por los apoyos de los diputados Tarud y Águiló. O el de Chañaral, Gonzalo Riquelme, quien simplemente se quedó en su casa en Huasco, la provincia en la que quería asumir, y no donde nadie le preguntó. Chañaral es hoy un puerto sumido en la tristeza y el abandono y para muchos trasladarse allí más parece un castigo que una oportunidad.
A la señora Chesta tampoco le avisaron de su designación y sólo se enteró por los medios. Como ni siquiera es simpatizante democratacristiana, cuesta entender que los partidos, después de reclamar mayor participación, respondan tan improvisadamente cuando la obtienen. En realidad, el triple episodio de las gobernaciones no rayó la pintura del auto presidencial, que partió airoso al anunciar las gratuidades médicas y la reforma previsional. El déficit debe adjudicarse a los dirigentes políticos que, antes y después del cambio de mando, estuvieron erráticos también en la esfera parlamentaria: en el Senado la nueva bancada mayor de la Concertación no quería ceder ante el deseo de la disminuida representación DC de presidir esa Cámara, sin parar mientes en que, de no acceder, el acto de transmisión presidencial quedaría protagonizado por puros socialistas. Al final, el jefe del PS dijo que el gesto realizado significó “un gran costo” para su tienda. Como si cualquier costo partidario no fuera irrelevante frente al beneficio de dar gobernabilidad del país.
En el mismo Senado, la Presidenta debió intervenir, vía ministra Paulina Veloso, para que los partidos concertacionistas, en especial el de ambas, el Socialista, flexibilizaran sus posturas y diesen a la oposición la presidencia y el control de ocho comisiones de trabajo, para asegurar una más tranquila gestión de la agenda legislativa.