Lima.- El gobierno peruano terminará de evaluar y con mucha probabilidad aprobará este viernes 17 expedientes de repatriación del ex presidente Alberto Fujimori. De recibir luz verde, los legajos, que documentan crímenes cometidos por Fujimori durante sus dos períodos presidenciales (1990 a 2000), cobrarán calidad de solicitudes activas de repatriación y serán enviados a las autoridades chilenas el 28 de diciembre.
Esos expedientes, los más avanzados del proceso, fueron remitidos el martes último al Ministerio de Justicia para su evaluación por cuatro expertos juristas.
Entre ellos los que fundamentan cargos más graves son los referidos a las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y al asesinato del líder sindical Pedro Huillca.
En 1991, el grupo paramilitar Colina masacró a 15 personas, entre ellos un niño, que participaban en una reunión social en una quinta de la zona limeña de Barrios Altos.
Al año siguiente, los paramilitares asesinaron a nueve estudiantes e hicieron desaparecer a un profesor de la capitalina Universidad La Cantuta.
También en 1992 efectivos del grupo Colina mataron a Pedro Huillca, entonces presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú y uno de los más acérrimos críticos del régimen de Fujimori.
La autoría intelectual de esos hechos se le atribuye al ex presidente, que por esos delitos afronta cargos como el de homicidio calificado y sendas condenas de hasta 30 años de privación de libertad.
Sin embargo, los abogados chilenos que representan al Perú en el proceso estiman que las solicitudes con más posibilidades de prosperar son las que documentan delitos de corrupción cometidos por el ex gobernante.
Los letrados alegan que si bien los casos de asesinatos y violaciones de derechos humanos son los que más llaman la atención, también son los más difíciles de probar, como resultado de las dificultades que entraña establecer una autoría mediata.
De cualquier, han recomendado enviar también a Chile cuadernos como los referidos a las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, porque fundamentan casos de alta sensibilidad en la vecina nación austral.
El gobierno peruano tiene hasta el 6 de enero de 2006 para presentar los expedientes de extradición a las autoridades chilenas.