El anuncio el pasado 6 de diciembre del ministro Eduardo Dockendorff, en el cual se reconoce la derogación del Decreto Nº26, que permitía a los organismos públicos calificar como “reservadas” ciertas informaciones, es otro paso adelante para lograr la mayor transparencia posible en lo que se refiere al acceso a información pública.
Si bien este anuncio debe ser confirmado por la Contraloría, tiene gran relevancia, ya que dejará sin efecto cerca de 90 normativas dictadas por diferentes organismos del Estado –ministerios, subsecretarías, alcaldías, entre otros-, lo que es coherente con la Reforma Constitucional del artículo Nº8 de la Constitución. Dicha modificación, dictada en septiembre pasado, establece que son públicos todos los actos administrativos de los organismos del Estado, establece también serias restricciones a las excepciones que podrían aplicarse –referente, por ejemplo- a la seguridad nacional, lo que se refleja en la necesidad de una Ley de Quórum Calificado para decretar algún documento como “secreto” o “reservado”. De hecho, las organizaciones ciudadanas pensamos que esta reforma derogaba en forma implícita el Decreto Nº26, por ir en contra del espíritu de esta ley. Al parecer, lo mismo piensa el Ejecutivo, lo que hay que celebrar.
Sin embargo, diferentes experiencias internacionales han demostrado que no basta con una legislación que regule el acceso a información, sino que esto se trata, además, de un problema cultural que es necesario modificar, utilizando distintas herramientas, sobre todo en lo referente al empoderamiento y la participación ciudadana.
A pesar de los avances legislativos, un reciente estudio realizado por la Universidad Diego Portales, referente al acceso a información de la prensa, demostró que la forma más segura de conseguir información es el contacto personal, dejando ver -además- que la información generada o publicada por los organismos no funciona bien como canal y no es suficiente. En tanto, el Poder Judicial, junto a las grandes empresas privadas que entregan servicios públicos –que también están sujetas a la legislación de acceso a información- son las instituciones peor evaluadas, seguidas de cerca por el Ministerio de Salud y de Obras Públicas, en lo referente además a la precisión y confiabilidad de la información. El rol que le corresponde a la prensa de informar a la ciudadanía es fundamental. Además, para contar con una ciudadanía con una opinión crítica y fundada es necesario otorgar este derecho.
La importancia del acceso a información pública es fundamental, sobre todo si quiere fomentarse una real participación ciudadana, que permita no sólo aportar a las políticas públicas, sino que también fiscalizar a los organismos del Estado, que son financiados con el dinero de todos los chilenos. En países como EE.UU, al comprar cualquier artículo, la rotulación del precio indica cuál es el valor real del producto y cuánto corresponde al impuesto que se lleva el Estado. Si en Chile el IVA es de un 19%, entonces al comprar unos zapatos de 12 mil pesos, $2.280 van a las arcas fiscales. Esta es una buena forma de entender que, como principales financistas del Estado, tenemos derecho a saber el actuar de cada una de estas instituciones. Finalmente, somos
Su principal patrón y cliente a la vez. Por tanto, todo ciudadano, sin importar su identidad o sus razones, tiene derecho a acceder a la información pública. Así además lo establece la ley.
Sin embargo, existe poca conciencia sobre la importancia que reviste el acceso a información pública. No sólo está el hecho de que muchas personas desconocen este derecho, sino que también los organismos públicos niegan el acceso a información solicitado por la ciudadanía. De hecho, desde el año pasado Fundación Terram está solicitando a la CONAF tener acceso al Informe Laguen, estudio que fue realizado por la Universidad Austral y que habla de la situación actual del alerce. No obstante, hasta el día de hoy este texto no es público, a pesar de haber sido citado por el director ejecutivo de la CONAF, Carlos Weber, para defender su tesis de que “queda alerce para rato”. Si es así, queremos verlo.
Por este motivo, consideramos fundamental que se siga avanzando en la legislación de acceso a información, que el actual proyecto de ley que perfecciona las actuales normativas llegue pronto a buen puerto, pero que también se generen instancias -tanto ciudadanas como gubernamentales- destinadas a fortalecer este derecho. México, por ejemplo, cuenta con un organismo exclusivamente dedicado a velar por las demandas de los ciudadanos a información pública. Este es un camino muy importante en la senda hacia una sociedad más justa, democrática, equitativa y participativa.
Fundación Terram*