Uno de los objetivos estratégicos de la Concertación fue erradicar la pobreza en Chile y se calcula que los pobres han disminuido porque ahora cuentan con ingresos que les permiten financiar más de una canasta básica. Sin embargo, aún quedan varios millones de pobres entre los cuales se encuentran más de 70.000 personas en conflicto con la justicia.
La mitad es beneficiaria de medidas alternativas a la reclusión y la otra, que es más pobre aún, cumple condenas en cárceles a lo largo del país. La mayoría de estas personas, antes de delinquir, se caracterizaba por la marginalidad social y económica, una baja autoestima, un deficiente estado de salud, alcoholismo, violencia físico-síquica en el hogar, drogadicción, incapacidad para planificar, baja escolaridad y casi ninguna capacitación laboral.
Esta pobreza se acentúa y se hace crónica con el hacinamiento en los penales y el grave deterioro de los edificios que pone en peligro a reos y gendarmes. Más de 40 mil personas viven allí en condiciones alucinantes. Pese al nuevo reglamento carcelario es imposible separar a los detenidos, procesados, condenados, primerizos y reincidentes. El exceso de población es de más de un 30% y algunos Centros se deben hacer cargo de los enfermos mentales que sus familias no reciben, ya que el Hospital Siquiátrico no da abasto.
Lo peor para esta población de chilenos, supuestamente beneficiada con una puerta giratoria, es la pobreza moral y la desesperanza. La promiscuidad, violencia, insalubridad, y sentimiento de aislamiento y abandono son de tal naturaleza que provocan en algunos reclusos una regresión afectiva y síquica que los hace inaccesibles a cualquier progreso moral, sicológico o intelectual. Especialmente en los penales de las ciudades más grandes, predomina la ley del más fuerte, el insuficiente personal de Gendarmería arriesga su vida, los reos están en permanente inactividad y en algunos patios un llamado “monitor” da protección pagada a los más débiles. Las visitas familiares se hacen en patios y en algunos los presos se acuestan con sus mujeres debajo de una carpa o una frazada. En muchos penales aún se carece de excusados en la celdas. Este castigo a los malos, no necesariamente libera a la población de la delincuencia. Los más grandes, especialmente los narcotraficantes manejan sus negocios desde las cárceles. Allí también se da la relación que existe al nivel de toda la sociedad, los más pobres pagan el pato.
En este contexto es imposible desarrollar programas de rehabilitación, capacitación y educación. Los programas de educación que se imparten, dependen del Ministerio de Educación y están orientados fundamentalmente al área humanista sin que se consideren las características de estos alumnos. No existe la educación diferencial para los reclusos con problemas mentales, ya que más del 30% de tiene algún tipo de retraso o deficiencia mental y Gendarmería no cuenta con los recursos materiales y humanos para hacerse cargo de esta tarea. Si no hay una buena educación diferencial para los niños en el país, menos la va a haber para los prisioneros.
En la gran mayoría de los penales no hay talleres de capacitación, sólo algunos de artesanía que no capacitan al recluso para que se gane la vida y que no son suficientes para que use su tiempo libre.
Ante esta situación, habiendo un 60% de reincidencia delictual entre los egresados de intramuros, con la preocupación de la sociedad por la seguridad ciudadana, parece inconcebible que no se enfrente seriamente el problema carcelario. Nadie en su sano juicio puede imaginar que un Estado permita que se mantenga una situación penitenciaria donde delincuentes primerizos o circunstanciales reciban en un régimen de internado toda clase de enseñanzas sobre uso de drogas, sodomía, nuevas formas para atentar criminalmente y que establezcan una red de relaciones que les permitan en libertad delinquir organizadamente.
Los Gobiernos de la Concertación han invertido enorme cantidad de recursos en la construcción de nuevos penales y aumentó el presupuesto de Gendarmería, pero nada ha sido suficiente.
Incluso para los más preocupados por la delincuencia, se les ha entregado el negocio de las cárceles con construcción, administración y reparaciones, pero la construcción concesionada de 10 penales ha ido más lenta que lo que lo fue previamente. Los que quieren una isla para librarse de los malos, deberían saber que hay colonias agrícolas pertenecientes a Gendarmería, en distintos puntos del país, subutilizadas por falta de recursos, donde se podrían instalar escuelas agrícolas de capacitación regional, que se autofinanciaran. La Colonia de la Isla Santa María se regaló y posteriormente parte de la de Talca.
Esto es incoherente con la estrategia de la Concertación que se propone actuar focalizadamente para sacar de la miseria a los estratos más pobres. En este caso abandona a los más pobres de los pobres, pero además perjudica la seguridad ciudadana por el efecto multiplicador que produce la no rehabilitación carcelaria.
Es imposible que el Señor Lavin y sus seguidores piensen que hay que encerrarlos a todos, ya que la primera o la tercera son las vencidas, sin que se trate de recuperar a algunos de esos chilenos para que a lo menos mantengan a sus familias desde sus cadenas perpetuas.
Egresar de los penales que existen en la actualidad en Chile es ser rechazado por su comunidad y tener que delinquir para sobrevivir, porque sin educación y capacitación es imposible insertarse laboralmente en una sociedad cada vez más elitista y competitiva.
NADIE PUEDE PLANTEAR SERIAMENTE CASTIGOS Y PENAS MAYORES A LOS CHILENOS EN CONFLICTO CON LA JUSTICIA SIN PRONUNCIARSE RESPECTO A LA REHABILITACIÓN EN EL SISTEMA CARCELARIO, SU ORGANIZACIÓN Y LOS RECURSOS DESTINADOS A ELLO.