El largo camino que lleva a la justicia en el caso de las platas de Pinochet tuvo el miércoles otra parada: la del encausamiento por cuatro delitos dictado por el juez Carlos Cerda, quien sucedió tanto en titularidad como en acuciosidad a Sergio Muñoz, el magistrado que abrió la caja de las misteriosas cuentas de chilenos en el Riggs y otros bancos. Pero para que el tren procesal llegue a la estación terminal tiene que sortear dos grandes obstáculos en la vía: la alegada demencia subcortical de carácter vascular y la edad del nonagenario militar y dictador en retiro.
Para que tan formidables vallas pudiesen ser levantadas concurrieron dos factores: el cuidadoso itinerario que para sí se fijó Pinochet, dentro de su Constitución de 1980, y la renuncia de quienes lo relevaron en el poder político a perseguirlo judicialmente. Esto último fue notorio en el acuerdo final con aquél de que, a cambio de dejar su asiento de senador vitalicio, se le otorgaría fuero como ex Jefe de Estado. Ni siquiera su detención y antejuicio en Londres se tradujeron en un ajuste de cuentas por parte del gobierno democrático chileno; al contrario, éste se la jugó por impedir su extradición a España, y una vez de regreso aquí fueron personeros independientes quienes iniciaron la larga serie de querellas que vinieron a perturbar los días de jubilación de Pinochet de la política activa.
Todo lo que se avanzó en esclarecer la verdad con los informes Rettig y Valech, la mesa de diálogo y las condenas al general Contreras y otros militares y agentes no tocó al anciano y enfermo ex dictador… hasta que a raíz de la voladura de las Torres Gemelas de Nueva York las investigaciones de lavado de dinero por el terrorismo llevaron al banco Riggs y las cuentas secretas de Pinochet.
Cada día que pasa se hace demasiado tarde para la causa de la justicia, porque es improbable que se logre castigar penalmente al autor de los cuatro ilícitos materia del nuevo procesamiento. Si ellos se confirman en un fallo definitivo sólo podría esperarse una dificultosa restitución por parte del condenado o de su sucesión. En el caso de los crímenes de la operación Colombo –a cargo del juez Víctor Montiglio- una reparación civil del victimario a las víctimas se divisa como surrealista.
Pero, a falta de justicia efectiva de los tribunales, parece irreversible el juicio histórico y a él están contribuyendo los medios de comunicación de todas las líneas. La frase de la abogada Carmen Hertz de que “Pinochet es hoy un cadáver político y una ruina moral” puede sonar enconada, pero traduce muy bien dos cosas: Una, que al ex dictador no lo apoya editorial ni oficialmente ningún medio ni partido. Y dos, que la trascripción de los interrogatorios a que fue sometido por los ministros Cerda y Montiglio revela que algunas características de su personalidad no han variado, ni con demencia senil ni vascular.
“Sigue tan ladino como siempre”, comentó a los periodistas la defensa del ex jefe de la Dina. Claro, sólo la socarronería de Pinochet podía permitirle –a sus 90 años de edad- acuñar una más de sus históricas frases, como la que precedió su cara a cara judicial con Manuel Contreras: “No me acuerdo, pero no es cierto. Y si es cierto, no me acuerdo”. Que se acordó que él, como Jefe de Estado no era el mandamás de la Dina lo dejó claramente establecido cuando aseguró que el organismo dependía, por decreto supremo, de la Junta de Gobierno. Contreras estaba impedido, por su propia lucidez, a replicarle con fuerza a su ex jefe. Por ejemplo, que el argumento de la Junta no era válido, porque ésta de, órgano supremo del régimen militar, mutó a mero Poder Legislativo, transfiriéndole las atribuciones ejecutivas al Presidente de la República, puesto que pasó a ocupar Pinochet. El condenado Contreras está empeñado en demostrar que su órgano de inteligencia no cometió ningún delito y si implica demasiado a su superior se hunde más él mismo.
Pero la demostrada falta de lealtad del ex comandante en jefe a sus subalternos quedó demostrada también en sus declaraciones al magnético juez Carlos Cerda. Esta vez la víctima fue nada menos que el general Jorge Ballerino, el fiel lugarteniente que operó en los inciertos días del boinazo, en mayo de 1993. Preguntado por el traspaso de fondos de la Casa Militar a la cuenta del banco Riggs de Miami, Pinochet respondió: “De esta operación no me acuerdo bien, lo que me acuerdo bien es que Ballerino tenía un tumor y le hicieron un corte, le sacaron el tumor que era grande, andaba con dolor de cabeza y hablaba muchas cosas que eran falsas… yo quiero mucho a Ballerino, por eso me acuerdo de él… traté de llevarlo con fondos reservados a Estados Unidos y lo llevé… y también a Ricardo Izurieta (el general que lo sucedió en la comandancia en jefe del Ejército en 1998).
Es muy comprometedor este juego del desmemoriado que se explaya tan amenamente en sus recuerdos.