Dice El Mercurio: “el Estado ya le pagó 9 millones de dólares a quienes a través de la ley de reparación, de mediados de 1998, demostraron ser sus propietarios legítimos y aunque Víctor Pey, un ex colaborador de Allende, no quiso hacerse parte en ese proceso, sí llevó el tema al tribunal internacional.” Falso. Los Tribunales de Chile restituyeron en 1995 al Sr. Pey el 100% de las acciones de CPP S.A. al reconocerle como dueño de las mismas. Después que se iniciara el arbitraje en 1997, El Mercurio apoyo una campaña dirigida a que el Ejecutivo repartiera millones de dólares en 2002 entre misteriosos socios de ASINSA y falsos “propietarios”, a fin de fabricar un pretexto para combatir la competencia del Tribunal de arbitraje. En 2002 los representantes de la República de Chile afirmaron ante el Tribunal Internacional de arbitraje que si Chile pagaba esos millones a ASINSA y otros, ello en modo alguno significaba que dejaría de pagar la indemnización que, en su caso, el Tribunal Internacional pudiera concederle a los inversores españoles (quienes habían pedido al Tribunal que ordenara cautelarmente al Gobierno de Chile no pagar a ASINSA y terceros en tanto el Tribunal resolvía el diferendo, a lo que se opuso el Gobierno de Chile), según consta publicado en http://www.elclarin.cl/fpa/pdf/r250901.pdf.
Los inversores españoles advirtieron en 2000-2002 a todas las Instituciones de Chile que la operación en torno de ASINSA era un caso de alta corrupción, como se puede leer en http://www.elclarin.cl/fpa/pdf/240699.pdf, en http://www.elclarin.cl/fpa/pdf/060500.pdf, en http://www.elclarin.cl/fpa/pdf/180700.pdf (comunicaciones al Ministro de Bienes Nacionales), en http://www.elclarin.cl/fpa/pdf/220502.pdf y http://www.elclarin.cl/fpa/pdf/290702.pdf (comunicaciones al Contralor General de la República)
Dice El Mercurio: “Y para imprimirle respaldo político a su pretensión [ante el CIADI Víctor Pey] le cedió el 90% de sus derechos a la Fundación Allende de España, con quien demanda.”. Falso. La cesión de los derechos estaba consumada en 1990, el diferendo con el Ejecutivo de Chile surge a partir de 1995, la demanda de arbitraje fue interpuesta en 1997, como puede leerse en http://www.elclarin.cl/fpa/pdf/d041102.pdf.
Dice El Mercurio: “las partes le han pagado [al CIADI] sobre los US$2,8 millones”. Falso, pues el Gobierno de Chile se ha declarado en mora y en fecha de hoy tiene impagada la provisión de fondos de 250.000 US$ solicitada por el CIADI a cada una de las partes.
Dice El Mercurio: “8 años es un plazo más que prudente para que hubieran zanjado, siquiera, el tema de si el Ciadi tiene o no competencia para resolver la demanda de Pey-Allende.” Falso. Durante esos años la representación de Chile se ha aplicado a falsear documentos y hechos que, cabe suponer, el Tribunal ha tenido que ir descubriendo uno tras otro, según consta en el informe publicado en http://www.elclarin.cl/fpa/pdf/051005.pdf. El Presidente del Tribunal ha comunicado al Gobierno de Chile, en junio de 2005, que está listo el proyecto de resolución que resuelve la competencia. En octubre siguiente el Tribunal le ha comunicado que se ha declarado competente.
Dice El Mercurio:“el suizo Lalive solicitó subir su honorario diario o por reunión desde 2 mil a 4 mil dólares”. Este hecho es tergiversado. El profesor Lalive indicó que minutaba sus honorarios profesionales de su trabajo en el Tribunal según la escala de su despacho en Ginebra, y el Gobierno de Chile lo aceptó.
Dice El Mercurio: [“El profesor Lalive] admitió que estuvo gravemente enfermo con doble embolia pulmonar y problemas cardíacos, lo que ocultó al tribunal”. Falso. El profesor Lalive ha informado al Gobierno de Chile que jugando al tenis se rompió el talón de Aquiles, lo que le forzó a una inmovilización, de la que fueron oportunamente informados el CIADI, el resto del Tribunal y las partes.
Dice El Mercurio: “El [árbitro] argelino, a su vez, ocultó que en mayo de este año asumió como Canciller de su país, a pesar de que la ley castiga como delito el ejercicio privado con lucro”. Todo ello es falso. Un nombramiento como Canciller de un país no es ocultable. El árbitro informó de este nombramiento al CIADI, según le consta al Gobierno de Chile, y el propio Embajador de Chile informó del nombramiento al Gobierno de Santiago.
Dice El Mercurio: “Mueve a sospechas que entre sus descargos al tribunal reconociera que no viajó a Chile este año con su Presidente, debido a su posición de árbitro, porque la pregunta es por qué un arbitraje de inversión puede ser más importante que su representación del gobierno de Argelia.” Falso. Lo que el Canciller ha informado el 7 de octubre de 2005 es bien distinto:
« El Embajador de la República de Chile en Argelia, D. Ariel Ulloa Azocar, que es un viejo amigo, ha informado debidamente al Gobierno de Santiago de mis nuevas funciones [de Canciller]. En enero de 2004 tuvo lugar en Santiago de Chile el importante Congreso de la Asociación Internacional de de especialistas de derecho constitucional, en el que participó un número impresionante de juristas, profesores y Presidentes de Tribunales o Consejos Constitucionales de todo el mundo. Fui oportunamente invitado en mi condición de Presidente del Consejo Constitucional de Argelia. He estimado mi deber abstenerme de ir a Chile para evitar la sombra de la menor sospecha en cuanto a mi independencia como árbitro.(…) En el transcurso de la tercera semana de mayo de 2005 el Presidente de la República argelina ha efectuado una visita de Estado a la República de Chile, encabezando una importante delegación. Yo he debido rogar al Señor Presidente de la República argelina que me excluyera de la lista oficial de su delegación., y, en consecuencia, he evitado una vez más viajar a Chile, esta vez en mi condición de Ministro de Asuntos Exteriores. El Embajador de Chile en Argelia, D. Ariel Ulloa Azocar, estaba al corriente y sin duda ha informado a su Gobierno. En general, las relaciones entre Argelia y Chile son excelentes y la vista del Presidente de la República argelina lo prueba de manera clara, y mi condición de Ministro ni de cerca ni de lejos ha afectado negativamente esas relaciones. Ocurre lo mismo en las relaciones entre Argelia y España.”
Dice El Mercurio: “ambos, el [árbitro] suizo y el argelíno, en vez de aceptar su recusación, como lo hizo el ecuatoriano Galo Leoro Franco, han reaccionado violentamente contra Chile.” Falso. Los Señores Árbitros se han limitado a explicar que la recusación carece de todo fundamento, en cumplimiento de lo que dispone la Regla de Arbitraje nº 9.
Dice El Mercurio: “Lalive acusó a nuestro país de violar la confidencialidad del arbitraje y de pretender sabotear el proceso cuando estaba a punto de concluir, a pesar de que él mismo reconoció que estaban resolviendo la competencia, no el fondo y, por tanto, está lejos de concluir.” Falso. El Presidente del Tribunal ha afirmado que salta a la vista que el Gobierno de Chile ha recusado al Tribunal, el 24 de agosto de 2005, después de tener conocimiento de que, desde junio de 2005, está listo un proyecto de resolución que declara la competencia del Tribunal. Declarar la competencia implica necesariamente que el Tribunal Internacional, tras años de estudio de los numerosos documentos aportados, considera probado que el inversor Sr. Pey y la Fundación Presidente Allende son de nacionalidad exclusiva española en el momento de iniciarse el arbitraje en noviembre de 1997, los propietarios de la empresa editora de EL CLARIN, y que la inversión de 1.280.000 US dólares del Sr. Pey en CPP SA en 1972 tiene la naturaleza de extranjera.
Dice El Mercurio: “El canciller argelíno, a su vez, creyéndose una corte de derechos humanos y no un árbitro de inversiones, señaló que su tribunal está llamado a “sancionar con todo el peso de la ley la corrupción y la dictadura de Pinochet”, haciéndole justicia a Pey, que sufrió bajo ese régimen“. Falso. Lo que ha afirmado el árbitro, ex Presidente del Tribunal Internacional de la Haya, el 7 de octubre de 2005 es lo siguiente:
“Desearía recordar en esta oportunidad lo que cierto día declarara el Sr. Paul Wolfowitz, Presidente del Banco Mundial, bajo cuya autoridad se encuentra el CIADI. El Presidente Wolfowitz, en guerra contra toda forma de corrupción, ha declarado al Financial Times que estaba feliz por haber contribuido a sacar del poder de Filipinas a Ferdinando Marcos, y por haber hecho lo mismo en la época en que el poder en Indonesia era manipulado por la corrompida familia Suharto (« Financia! Times Week End », Saturday September 24/Sunday September 25, 2005, p.15-16). Es legítimo sentirse orgulloso de haber contribuido a aplastar la corrupción. El Tribunal de arbitraje no estaría menos orgulloso, por su parte, de sancionar con toda la fuerza del derecho la corrupción y la dictadura de Pinochet en Chile al tratar de hacer justicia a uno de aquellos, numerosos, que han padecido ese régimen. Es el honor del Tribunal de arbitraje, la reputación del CIADI, el triunfo del derecho contra toda corrupción de procedimiento, y, por último, sencillamente la justicia, los que su suman en este caso a la preocupación del presidente Wolfowits en su lucha por sanear las costumbres políticas en el mundo”
Dice El Mercurio: “Pero lo más importante es que a través de los descargos de los recusados por “prejuicio político y parcialidad“, Chile supo que había ganado el caso por segunda vez, y no pasó…¡nada!”. Falso. El Tribunal ha informado al CIADI, en mayo de 2001 y en octubre de 2005, que la única propuesta de resolución existente del Tribunal es la depositada en junio de 2005, y que ésta no es favorable a las excepciones defendidas por Chile.
Dice El Mercurio: “El árbitro Galo Leoro Franco, designado por el país, relató que en una reunión en París, en enero de 2004, el tribunal había adoptado la decisión que el Ciadi no tenía competencia, según un documento que preparó para el efecto el presidente Lalive y aprobó párrafo por párrafo, Leoro Franco.” Falso. El Presidente del Tribunal lo ha desmentido, y de ello ha sido informado el Gobierno de Chile y las restantes partes.
Dice El Mercurio: “Y después de un prolongado silencio de Lalive, hasta junio pasado, éste saca de la manga una nueva minuta donde se vira, reconociéndole al tribunal la jurisdicción para intervenir en el conflicto y programa una reunión para resolverlo en septiembre.” Falso. La única resolución que el Tribunal conoce es la de junio de 2005, de lo que el Gobierno de Chile está informado.
Dice El Mercurio: “Chile le pide al tribunal investigar también por qué otro triunfo se le evaporó en forma tan inexplicable. El primer presidente de la instancia, Francisco Rezek, renunció en 2001 a petición del abogado de Pey-Allende, pero justo después que resolviera acoger el planteamiento de jurisdicción que esgrime Chile.” Falso. El Tribunal presidido por el Sr. Rezek no adoptó resolución alguna. El Tribunal ha informado a las partes, en mayo de 2001, y de nuevo en octubre de 2005, que ningún proyecto final de resolución existe más que el depositado en el CIADI en junio de 2005.
Dice El Mercurio: “En círculos informados se asegura que el Ejecutivo no está desesperado, porque tampoco está dispuesto a aceptar un veredicto si no se enmienda el procedimiento hacia uno justo, transparente y ecuánime, condiciones todas ausentes hasta ahora.” Falso. El procedimiento ha sido justo, transparente y ecuánime. Por otro lado, en ocasión de su reciente visita a España en octubre de 2005 el Ministro de Hacienda, Sr. Eyzaguirre, ha manifestado que el Estado de Chile cumplirá el laudo, aun si éste fuere desfavorable a sus pretensiones, en cumplimiento del Convenio de Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Chile y España y del Convenio del CIADI, vigente en Chile y España.
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