{mosimage}Lima.- Perú volvió a ser un
atractivo mercado para fabricantes y vendedores de armamento desde que
el presidente Alejandro Toledo cambió su política de reducción de
gastos militares en diciembre de 2004, con la creación del Fondo de
Defensa Nacional para comprar, reparar y modernizar equipos bélicos. Según
el gobierno peruano, el vicecanciller ucraniano Oleg Shamshur sostuvo
el 8 de este mes una entrevista con el ministro de Defensa, Marciano
Rengifo, en la que abordaron “puntos de vista sobre temas de mutuo
interés”, y al final de la misma se regalaron artesanías.
funcionario ucraniano traía una propuesta de su gobierno que no se hizo
pública: construir en la capital peruana un centro de reparación de
aviones de carga Antonov para toda América Latina, y una fábrica de
municiones.
Las adquisiciones de armas se enmarcan en la renovada tensión con Chile por los límites marítimos de ambas naciones.
El
Fondo de Defensa Nacional peruano arrancó este año con 40 millones de
dólares, y se nutrirá de ingresos procedentes de las regalías que cobre
el Estado por la explotación del yacimiento amazónico de gas natural de
Camisea. Las Fuerzas Armadas recibirán por esa vía 2.550 millones de
dólares en 20 años (127,5 millones por año, 354.000 dólares por día),
que destinarán a comprar armas.
Cuando asumió el
cargo de presidente en julio de 2001 Toledo informó de su decisión de
no comprar más armamento, para destinar recursos a los programas de
reducción de la pobreza, que en Perú afecta a 51,4 por ciento de los
casi 28 millones de habitantes.
Pero el único
programa específico de Toledo contra la pobreza, “Juntos”, lanzado este
año y consistente en subsidios a las familias más pobres, cuenta con un
presupuesto de apenas 38 millones de dólares.
La
decisión original de Toledo obedecía a que durante el régimen de
Alberto Fujimori (1990-2000), el Estado había gastado alrededor de
4.000 millones de dólares en armamento, financiados parcialmente con
1.100 millones obtenidos por la privatización de empresas públicas.
Las
compras de armamento aumentaron notablemente debido al diferendo
fronterizo con Ecuador. Pese a que se firmó un acuerdo definitivo con
Quito en 1998, Fujimori (preso en Chile desde el 7 de este mes) siguió
gastando en equipamiento bélico, un rubro que se convirtió en el
principal mecanismo de corrupción del fujimorismo, según
investigaciones judiciales.
El entonces asesor de
Fujimori, Vladimiro Montesinos, recibía millonarios sobornos de los
traficantes de armas favorecidos por las compras de las Fuerzas
Armadas. El propio mandatario ordenaba a qué compañías contratar, y
éstas sobrevaloraban los precios.
Las autoridades
judiciales estiman que los 140 millones de dólares que Montesinos
escondía en cuentas de bancos en Suiza, correspondían a los sobornos
por las compras de aviones de combate MiG-29 y Sukhoi25, helicópteros
Mi-17 y Mi-6T, equipos para espionaje telefónico y sistemas de guerra
electrónica, entre otros.
Toledo decidió no
comprar más armas, sustentado en la finalización de los problemas
históricos de límites con Ecuador. Pero poco después reconoció que
quedaba pendiente la resolución de la frontera marítima con Chile, un
asunto heredado de la guerra del Pacífico (1879-1883) en que el vecino
del Sur había derrotado a Perú y a Bolivia.
El 3
de este mes, el parlamento peruano aprobó de forma unánime una ley que
reformuló los límites marítimos con Chile frente a la línea fronteriza
de la Concordia, extendiendo la jurisdicción peruana hacia el sur. El
gobierno chileno objetó esa norma y reivindicó su soberanía sobre las
aguas en disputa.
El cambio de rumbo de Toledo en
materia de defensa repercutió en las Fuerzas Armadas, que venían muy
golpeadas por la implicación de sus jefes en actos de corrupción
durante el régimen fujimorista. Los incidentes con Chile también
ayudaron a que los militares recuperaran protagonismo.
Toledo
había designado a civiles al frente del Ministerio de Defensa, luego
sustituidos por generales retirados. El actual jefe de la cartera,
Rengifo, protagonizó un lamentable acto en una presentación en el
Congreso legislativo cuando lanzó al piso una bandera chilena. El
gobierno peruano tuvo que pedir disculpas.
El
Fondo de Defensa supuso una victoria de los sectores militares que
reclamaban un presupuesto fijo para la modernización de sus equipos,
argumentando que las Fuerzas Armadas de Chile cuentan desde 1958 con
una ley que les otorga ingresos de 10 por ciento del total de las
ventas de cobre al exterior y ejecutan, desde los años 80, programas de
modernización de sus equipos con un calendario exigente.
En
cambio, en Perú la norma es la improvisación. Debido al conflicto con
Ecuador, Lima se abasteció de armamento de origen ruso de segunda mano
por intermedio de traficantes del mercado negro. Los MiG-29 y Sukhoi-25
fueron adquiridos a Belarus, a pesar de las advertencias de fabricantes
rusos de que no garantizaban dichas aeronaves.
Las
compras de Fujimori en los años 90 estimularon a Chile a imitarlo.
Desde hace tiempo la dinámica armamentista entre los dos países ha sido
a cada compra una respuesta.
Para contrarrestar
los MiG-29, los chilenos adquirieron una decena de los supersónicos
F-16 y en la actualidad negocian la compra a Holanda de otros 28 de
segunda mano.
Durante la dictadura militar del
general Juan Velasco Alvarado (1968-1975), Perú compró a la entonces
Unión Soviética 290 tanques T-55 con la presunta meta de recuperar las
regiones de Arica y Tarapacá, que había perdido en la guerra con Chile.
Especulando con que Fujimori había comprado una
dotación de los modernos T-72, Chile justificó la adquisición de 30
tanques AMX y 290 Leopard.
Luego de que Toledo
anunció la incorporación de cuatro fragatas Lupo de segunda mano por 60
millones de dólares, Chile cerró trato para la compra a la marina real
de Gran Bretaña de tres fragatas Tipo 23, por unos 250 millones, y
otras cuatro holandesas por 350 millones.
Desde
que en 2003 Perú sostuvo que estaba pendiente la definición de la
frontera marítima común, ambos países han aumentado sus gastos
militares.
En 2004, Perú firmó un acuerdo con
Rusia para la recuperación, mantenimiento y modernización de sus
equipos militares, 60 por ciento de origen ruso. El monto estimado del
trato fue de 250 millones.
La entonces ministra
chilena de Defensa, Michelle Bachelet, ahora candidata oficialista a la
Presidencia, viajó a Moscú y suscribió un acuerdo parecido, en un
severo golpe mediático.
Toledo respondió con el Fondo de Defensa Nacional.
El
dinero despertó el apetito de los vendedores de armas. Compañías de
Israel, China, Ucrania, Belarus y Polonia visitan las oficinas
gubernamentales ofreciendo sus productos.
La
empresa Yugo Import, de Serbia y Montenegro, invitó a 20 altos
oficiales del ejército, la fuerza aérea y la marina peruanas a visitar
sus instalaciones en Belgrado.
La Industria
Aeronáutica Israelí ofertó la reparación de los helicópteros Mi-25
rusos a un precio menor que el propuesto por Rusia. Polonia está
interesada en la reparación y modernización de los MiG-29. Ucrania no
sólo quiere reparar, sino vender más aviones Antonov. En julio, China
llevó a sus fábricas de armas al entonces ministro de Defensa, Roberto
Chiabra.
Mientras continúe la polémica por los
límites marítimos con Chile, los gastos en armas escalarán. Y habrá
menos dinero para luchar contra la pobreza.