{mosimage}Lima.- La
justicia peruana pedirá a Chile la extradición del ex dictador Alberto Fujimori
por delitos que podrían sumar 225 años de prisión, según las penas solicitadas
por las autoridades anticorrupción. De acuerdo con las leyes penales, el reo sólo cumplirá pena
por los cargos más graves por los que resulte condenado. En el historial de
Fujimori, estos son homicidio y lesiones graves, con una pena mínima de 15
años, que el juez podría elevar a prisión perpetua.
El vocal instructor José Luis
Lecaros, magistrado a quien el Poder Judicial peruano encargó el procesamiento
de Fujimori por casi todos los cargos que se le imputan, y quien en cinco años
de investigaciones ha reunido las evidencias contra éste, dijo a IPS que la
justicia estaba en condiciones de sustentar ante Chile las acusaciones.
Lecaros precisó que había 21 casos contra Fujimori en los
que sólo faltaba que éste acreditara su presencia para dictar sentencia.
Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, llegó el domingo
a Chile desde Japón, donde se mantuvo por casi cinco años prófugo, mientras en
su país se lo acusaba de crímenes contra los derechos humanos y corrupción.
De los 21 procesos, la justicia peruana sólo logró sustentar
dos ante los tribunales japoneses en requerimiento de la extradición del ex
presidente.
Ahora, las autoridades peruanas podrán acreditar la
totalidad de acusaciones ante Chile, dijo Lecaros.
El caso más importante es su responsabilidad por la creación
del grupo clandestino militar Colina, conformado por agentes activos del
Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
Fujimori, por intermedio de su entonces asesor de
inteligencia Vladimiro Montesinos que supervisó la formación de Colina, aprobó
la planificación del secuestro, tortura y asesinato de presuntos miembros de
los grupos insurgentes Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru, en un intento por amedrentar a la dirigencia de ambas organizaciones,
según las evidencias.
Justamente en estos días, un tribunal anticorrupción en Lima
procesa a Montesinos y a los militares que formaron parte de Colina, por la
muerte de 25 personas. Tres ex agentes se declararon culpables luego de acusar
a Fujimori y a su ex asesor de haber aprobado sus actividades criminales, entre
1991 y 1992.
En este caso pende sobre Fujimori un pedido de al menos 15
años de prisión por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Y no
es este el único proceso sobre crímenes de derechos humanos.
El procurador (fiscal) Héctor Gutiérrez Ballón, quien
organiza los expedientes contra Fujimori que serán remitidos a Chile, dijo a
IPS que hay otros tres casos graves.
Dos de ellos son el homicidio en 1992 del dirigente sindical
izquierdista Pedro Huilca Tecse, y la desaparición y asesinato de un número no
precisado de supuestos terroristas en los sótanos del SIE. Los fiscales piden
15 años de prisión para el ex mandatario por cada uno de estos hechos.
El tercer proceso se refiere al secuestro y torturas contra
el periodista Fabián Salazar en 2000, a manos de Manuel Aivar, ejecutor de las
operaciones ilegales concebidas por Montesinos. Si es condenado, Fujimori
podría recibir una pena de 10 años de reclusión.
A Salazar intentaron matarlo, cuando el servicio de
inteligencia detectó que había conseguido acceso a los vídeos filmados por
Montesinos cuando sobornaba a políticos y empresarios.
“Ya hemos requerido al Poder Judicial la constitución
de los cuadernillos de extradición de 19 casos contra Fujimori, aunque el
objetivo es presentar 21, por todas las acusaciones”, dijo el procurador
Gutiérrez Ballón.
“Como el tiempo es corto, vamos a darle énfasis a los
casos de violaciones de los derechos humanos, lo que no quiere decir que los
demás no sean importantes. En tres semanas, los expedientes de extradición ya
deben estar en Chile”, anunció.
El magistrado Lecaros confirmó que el Poder Judicial había
recibido los pedidos de la Procuraduría Ad Hoc del Caso Fujimori-Montesinos
para constituir los cuadernillos de extradición.
“Me ha tocado organizar tres expedientes contra
Fujimori para enviarlos a Chile: uno por haber abandonado el cargo de
presidente de la República para refugiarse en Japón y desde allí renunciar por
fax a la jefatura del Estado. Otro por haber ingresado a la casa de Montesinos
cuando este había huido del país, y que Fujimori aprovechó para secuestrar
vídeos, cintas y documentos”, relató Lecaros.
“Y el tercero es (sobre) la autorización que dio a
Montesinos para que escapara a Panamá, menos de 48 horas después de que se
divulgó un vídeo en donde se observa al asesor presidencial pagándole un
soborno a un congresista de la oposición”, añadió.
Los fiscales han pedido dos, siete y 15 años de prisión para
el ex mandatario, respectivamente, por los tres hechos descritos por Lecaros.
“Ahora me corresponde notificar a la defensa de
Fujimori para que arguya respecto al pedido de extradición, luego emito mi
opinión y elevo mi expediente a la Sala Especial de la Corte Suprema, que es la
que decidirá sobre el trámite de la extradición”, apuntó Lecaros.
En la Procuraduría Ad Hoc hay clima de optimismo. “En
la primera semana de diciembre, debemos estar entregando los primeros
cuadernillos de extradición de Fujimori”, afirmó Gutiérrez Ballón.
Otras penas pedidas son 20 años de prisión por haber emitido
decretos supremos para realizar adquisiciones estatales malversando fondos, 15
años por haber ordenado la compra de armas al traficante israelí Moshe
Rothschild, y 15 años por haber encabezado el golpe de Estado del 5 de abril de
1992, cuando como mandatario disolvió el parlamento.
Además, los fiscales reclaman 15 años de privación de
libertad de Fujimori por apropiarse y enriquecerse con donaciones japonesas
para la infancia pobre, y 15 años por haber ordenado la condonación de las
deudas tributarias de su asesor de imagen Daniel Borobio, quien hoy se
encuentra con él en Chile.
Los pedidos incluyen 10 años de prisión por desviar los
fondos del Servicio de Inteligencia Nacional para el financiamiento de
actividades del presidente, igual cantidad de años de cárcel por haber
contratado al argentino Héctor Ricardo Faisal, a quien se encargó el manejo de
una campaña de desprestigio de políticos y periodistas de oposición, y otros 10
años por la compra a precios inflados de tractores chinos.
Por haber autorizado espionajes telefónicos, Fujimori
enfrenta ocho años de prisión, e igual cantidad de años por adquirir medicinas
a China, así como por haber pagado una “indemnización” de 15 millones
de dólares a Montesinos para convencerlo de que huyera a Panamá en 2000, en el
último intento por salvar a su gobierno.
La falsificación de firmas, organizada por Montesinos para
conseguir la inscripción de Fujimori a la reelección presidencial, es otro
cargo por el que se pide ocho años de reclusión.
En dos ocasiones, por consejo de Montesinos, Fujimori
destituyó a altos funcionarios incómodos al régimen y encumbró a otros, adictos
al gobierno. La justicia deberá decidir si aplica una condena de prisión de dos
años por cada caso.
Estos son los 21 procesos que deberá afrontar Fujimori, si
Chile decide extraditarlo.
Pero no se agotan aquí las denuncias contra el ex jefe de
Estado. El Congreso legislativo –que debe estudiar y aprobar los cargos contra
Fujimori para que el Poder Judicial se encargue de enjuiciarlo– no ha dado
todavía trámite a otras 17 graves acusaciones. De haberse actuado a tiempo,
Fujimori tendría que responder ahora en 38 procesos.
El ex procurador César Pantoja dijo a IPS que el Congreso
tenía una grave responsabilidad por no haber tramitado dichas acusaciones, que
hubieran servido para argumentar a favor de la extradición del ex presidente.
“Es una vergüenza que en tantos años, los congresistas
no hayan conseguido ponerse de acuerdo para llevar adelante esas
acusaciones”, afirmó Pantoja.
Entre esas 17 denuncias encajonadas en el Congreso, se
encuentran varias violaciones de derechos humanos.
Por ejemplo, miles de mujeres de bajos recursos que fueron
esterilizadas quirúrgicamente por orden del gobierno, bajo el argumento de
reducir la cantidad de población en extrema pobreza.
En el Congreso también esperan las denuncias sobre la muerte
de seis vigilantes del Banco de la Nación cuando éste fue incendiado por agentes
de inteligencia de Montesinos para atribuir el siniestro a la oposición, que se
manifestaba contra el fraude electoral que permitió al ex presidente su tercera
reelección.