La defensa de Fujimori podrá presentar los recursos que estime pertinentes para impugnar la decisión, que podría ser revisada por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema.
La decisión fue esperada por una gran cantidad de medios nacionales y extranjeros, incluso japoneses que llegaron hasta el Palacio de Tribunales para conocer de cerca la situación que enfrenta Alberto Fujimori.
El ex gobernante solicitó la excarcelación, luego que el secretario de la Corte Suprema, Carlos Meneses, lo notificara de su detención por más de 20 procesos pendientes ante la justicia peruana.
Japón pide un trato justo
El diplomático habría sostenido una reunión con el canciller chileno Ignacio Walker en la que le solicitó al secretario de Estado chileno más detalles sobre la evolución del caso.
“Como es rutina cada vez que un ciudadano japonés es detenido, el embajador pidió que se le dé un tratamiento adecuado y conforme con la ley”, explica un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores nipón.
La preocupación de Japón se debe a que Fujimori tiene la nacionalidad japonesa
además de la peruana por ser hijo de japoneses y se refugió en Tokio en noviembre de 2000 tras la caída de su Gobierno debido a un escándalo de corrupción, permanenciendo por cinco años en la capital nipona.
Las autoridades japonesas se negaron a todos los pedidos de extradición de Fujimori que el Perú realizó al país asiático.
Procurador del Perú
Por su parte, en conversación con Radio Universidad de Chile, el Procurador de Perú, Antonio Maldonado, afirmó que Alberto Fujimori, detenido en nuestro país desde la madrugada del lunes, es requerido por la justicia peruana para enfrentar 22 procesos que se siguen en su contra.
A juicio del procurador, la solicitud de libertad provisional para Alberto Fujimori, representa un peligro de fuga con rumbo desconocido, sobretodo porque cuenta con los medios como para abandonar Chile con rumbo desconocido.
Para Maldonado el interés del Estado peruano de someter a Fujimori a la justicia mediante un proceso de extradición da mejores garantías si está debidamente cautelado por vía de la privación de su libertad.
El abogado del ministerio Público peruano señaló además que se está trabajando en la identificación de expertos juristas chilenos para que asuman en las próximas horas la representación del Estado peruano en el caso.
Maldonado precisó que es importante considerar que el ex mandatario peruano enfrenta 22 procesos penales, que debería enfrentar en Perú bajo la justicia del país. Para ello existen 60 días a partir de la formulación del pedido de detención provisional con fines de extradición. “Es mi deber como procurador garantizar una intervención del Estado peruano que tenga la mayor eficacia y el mínimo riesgo. Nuestra intervención es sólo de carácter jurisdiccional aunque está abierta a opciones de carácter político. En este caso el tema de la expulsión corre el riesgo de que Fujimori quede en posición de partir a cualquier país con rumbo desconocido. La vía más eficaz que jurídicamente asegura que la persona requerida sea sometida a la justicia que es la extradición”.
Para el procurador de Perú, el mejor escenario es que dentro de la brevedad posible Fujimori sea sometido a la justicia peruana que lo requeire, el peor escenario es que logre por diversos medios evadir la acción de la justicia peruana e inice la fuga con destino desconocido.
Diputados convocan a director del ANIA
Diputados integrantes de la comisión de Defensa decidieron convocan al director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Villalobos, para aclarar el accionar de este organismo frente al ingreso al país de Fujimori.
La determinación fue adoptada luego de escuchar las explicaciones que entregó a la comisión especializada el director nacional de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, quien explicó las medidas tomadas por la institución para determinar si hubo fallas en el procedimiento de ingreso del ex gobernante.
El presidente de la comisión, Jorge Ulloa (UDI), informó que si bien el ingreso de Fujimori fue autorizado por un funcionario de Investigaciones en el aeropuerto Internacional, el error no se circunscribe a esta institución.
“Esto no se trata de un problema de la policía de Investigaciones, aquí hay una gran falla de los servicios de inteligencia porque una situación como ésta debió haber sido prevista con antelación”, explicó.
Por esta razón dijo- se decidió convocar al director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Villalobos, para hacerle consultas sobre la materia ya que -según aclararon los parlamentarios- éste es el organismo que coordina los servicios de inteligencia en el país y que debió haber estado al tanto de la llegada de Fujimori.
Tras escuchar el relato del director de Investigaciones a la comisión, Ulloa comentó que básicamente Fujimori ingresó en el marco de un control rutinario de un avión pequeño, en el que viajaban cinco personas.
Quien desarrolla este control inicial es un funcionario muy joven y allí se produce la situación, por cuanto el avión queda en un sitio alejado por ser un avión privado y el funcionario debe dirigirse hacia la losa y no lo que ocurre normalmente, que están al lado de los equipos de computación, de modo que se produce esta situación”, señaló.
Gobierno acepta posibles errores en la detención
Por su parte, el subsecretario de Investigaciones, Lincoyán Zepeda, admitió eventuales problemas de “agilidad” en la detención de Alberto Fujimori, aunque defendió el procedimiento en consideración de las consecuencias que habría tenido si no se le hubiese permitido ingresar al país o se le hubiese expulsado.
Tras sostener una reunión con el ministro del Interior, Francisco Vidal, en el palacio de La Moneda, reconoció que “es probable que haya habido un error de procedimiento (…), que no se haya tenido suficiente agilidad para informar a tiempo”.
“Existe una orden de captura internacional, entonces, independientemente de que uno pudiera prohibir el ingreso a Chile, uno tiene que preguntarse qué habría pasado, sobre todo con nuestros vecinos del Perú, si existiendo esa orden de captura internacional nosotros hubiésemos procedido a una expulsión o a permitir que el señor Fujimori viajara a otro país donde incluso, probablemente no existan convenios de extradición como los que tenemos con Perú”, explicó Zepeda.