Es mi propósito permanecer temporalmente en Chile, como parte del proceso de retorno al Perú y cumplir con el compromiso adquirido con un importante sector del pueblo peruano que me ha convocado para que participe como candidato a la Presidencia de la República en los próximos comicios del 2006.
Ante la inesperada visita, el ministro Osvaldo Puccio dijo el domingo que, efectivamente, hay una nota de la embajada que está siendo entregada a los tribunales chilenos y son los tribunales chilenos los que tienen que decidir la situación del señor Fujimori.
Puccio agregó que él no puede ser detenido sino en virtud de una orden judicial y esa orden sólo la pueden emitir los tribunales en función de un requerimiento y ese requerimiento lo está haciendo en estos momentos el Ministerio de Relaciones Exteriores a partir de la nota peruana.
En cuanto a las modalidades de ingreso, Puccio dijo que el prófugo tiene visa de turista normal, por tanto, mientras no haya órdenes de detención, no habría nada que hacer. De hecho, Fujimori ingresó al país como cualquier turista, porque, según dijo la jefa de la INTERPOL en Chile, Marianela Gómez, estas órdenes no tienen validez en Chile.
La detención de Fujimori se produjo tras las insistencias del gobierno peruano. Hacia las 21 horas del domingo una nota del gobierno peruano fue entregada a la Cancillería, en la cual solicitaba la detención preventiva del ex presidente. El gobierno, señalan fuentes no oficiales, actuó con rapidez para no complicar más las ya enredadas relaciones con el Perú. No obstante, el canciller, Ignacio Walker, ha señalado que el prófugo de la Justicia del país vecino no será expulsado del país y su situación será trasladada a los tribunales de Justicia.
A primeras horas de la tarde del lunes, cuando el secretario de la Corte Suprema, Carlos Meneses, informó sobre su situación a Fujimori, sus abogados solicitaron su libertad provisional.
Pese a la voluntad de Fujimori, el ex presidente está inhabilitado políticamente por diez años para participar o asumir cargos públicos en Perú, “por incapacidad moral permanente”. No obstante, intenta formar una alianza política entre tres partidos, para lo cual validó recientemente su firma ante el consulado peruano en Tokio con el fin de unir su movimiento político con dos partidos peruanos.
El ex presidente enfrenta 21 procesos, entre los cuales el más grave es el de autor intelectual de las masacres de Barrios Altos y de la Universidad de La Cantuta, cometidos en Lima en 1991 y 1992 respectivamente por el grupo militar encubierto Colina, y en las que murieron 25 personas.
Está también acusado de asociación ilícita para delinquir y de peculado, a partir de la entrega de 15 millones de dólares a su asesor de seguridad, Vladimiro Montesinos (hoy preso en Perú), para que se fugara a Panamá después de haber sobornado a políticos, periodistas y empresarios.
Fujimori ganó la presidencia el 10 de junio de 1990, cuando derrotó con 56,5 por ciento de los votos al escritor derechista Mario Vargas Llosa. En 1992 disolvió el Congreso con apoyo de las fuerzas armadas, que respaldaron su política de combate frontal a los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.
Al mando de una virtual dictadura civil, que combatió a la guerrilla atropellando los derechos de la población civil, Fujimori ganó con 64,4 por ciento de los votos su reelección el 9 de abril de 1995 y forzó una reforma constitucional para ganar nuevamente los comicios presidenciales del año 2000.
Proceso de extradición
En declaraciones a Radio Cooperativa en la mañana del lunes, el canciller Ignacio Walker descartó por completo la posibilidad de que Chile expulse al ex Presidente peruano Alberto Fujimori. “Desde las nueve de la noche de ayer es un tema que está radicado absolutamente en el ámbito judicial”, señaló Walker en contacto con radio Cooperativa.
“El Presidente Alejandro Toledo me llamó a eso de las 20.15 para hacerme algunas consultas sobre nuestra legislación, nuestra situación interna, y le quedó absolutamente claro, meridianamente claro, como que envió una nota a los pocos minutos solicitando esta detención preventiva, que aquí no existe ninguna posibilidad de proceder administrativamente, especialmente cuando hay un marco jurídico que está dado por este tratado de extradición de 1932”, destacó.
El Gobierno de Perú tiene un total de 60 días de plazo para concretar la solicitud de extradición del ex Presidente de ese país, Alberto Fujimori, quien se encuentra detenido desde la madrugada de hoy por orden de la justicia chilena.
Así lo explicó esta mañana el secretario de la Corte Suprema chilena, Carlos Meneses, quien aclaró que lo que ordenó en la noche de ayer el ministro Orlando Ã?lvarez es una orden de detención provisoria del ex Mandatario con miras a la solicitud de extradición, conforme lo establece el Tratado de Extradición firmado entre Chile y Perú el 5 de noviembre de 1932, que se complementa con el Código Procesal Penal.
En su artículo séptimo, el acuerdo bilateral de extradición entre ambos países sostiene que “en caso de urgencia se podrá conceder la detención provisional del individuo reclamado en virtud de petición telegráfica del gobierno requirente que prometa el envío de los documentos indicados en el artículo XII (solicitud de extradición). En tal caso dichos documentos podrán presentarse al país requerido por medio de su embajada o consulado general en el país requirente dentro de los dos meses siguientes de la detención del inculpado”.
El secretario de la Corte Suprema explicó además que alrededor de las 18:00 horas de ayer fue contactado por la Cancillería con el fin de coordinar los trámites que concluyeron con la detención de Fujimori, ordenada por el ministro Ã?lvarez, quien quedará a cargo del proceso de extradición una vez que llegue la solicitud. La orden de detención se despachó a las 22:00 horas.