Ahora, por primera vez desde que salió del país a mediados de 1992, Alfredo Malbrich confirma las sospechas del Consejo de Defensa del Estado en cuanto a que la totalidad o parte del armamento internado por el norte del país hace 19 años estaba siendo comercializado por el Ejército.
“En esa época efectivamente nosotros nos dimos cuenta o ligamos el asunto de las armas que habían aparecido en estos tráficos con el tipo de armas que fueron ingresadas en Carrizal y que por lo menos en ese tiempo, y de acuerdo a las noticias que nosotros teníamos, no estaban en posesión del Ejército, por lo tanto la única posibilidad era ésa. En ese tiempo había algunos otros indicios que nos hacían afirmar que efectivamente se había utilizado parte de ese material para venderlo”, afirmó Malbrich.
En 1991 el FPMR acusó al Ejército de intentar vender a Croacia parte de lo incautado en Carrizal Bajo, lo que fue desmentido por la institución horas después. No obstante, Alfredo Malbrich, cuyo sobreseimiento definitivo en el caso de la internación de armas por Carrizal Bajo será revisado mañana en la Corte Marcial, insiste en sus sospechas, vinculando incluso a la disuelta Central Nacional de Informaciones, CNI.
“Creo que había elementos que indicaban que la CNI estaba usando parte de ese armamento en ese tiempo y después aparecieron sospechas -yo no sé qué tan fundadas, no te podría dar los detalles porque estaba preso en ese tiempo- de que efectivamente ese armamento se podría haber estado comercializando”, insistió Malbrich.
“Después la confirmación que nosotros tuvimos fue cuando apreció este avión por allá, y ahí efectivamente hicimos una declaración formal diciendo que según los elementos nuestros ese armamento era el de Carrizal, lo que debería ser relativamente fácil de confirmar porque ese tipo de armas son fácilmente identificables”.
Las sospechas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ratificadas hoy por Alfredo Malbrich, ex vocero de la organización y uno de los responsables de la internación de armas en agosto de 1986, no estaban lejos de lo que realmente ocurrió hace 14 años.
De acuerdo a antecedentes reunidos en la investigación por el homicidio del coronel Gerardo Huber, a los cuales tuvo acceso Radio Universidad de Chile, las autoridades de Famae, en ese entonces dirigida por el general Guillermo Letelier Skinner; y de la Dirección de Logística del Ejército, a cargo del general Carlos Krumm, solicitaron autorización para “disponer” del material de guerra descubierto en el norte del país.
Sin embargo, el oficial a cargo de su custodia negó la autorización, debido a que el armamento incautado en la Tercera Región era prueba material de un proceso en curso, por lo que no se podía “disponer” de él.
La negativa oficial, de tipo administrativa, que a comienzos de la década de los noventa pronunció la autoridad encargada de la custodia, no elimina del todo las sospechas de que ese material pudiese haber sido comercializado, en razón del carácter ilegal de la operación comercial que pretendía concretar Famae con Croacia, aspecto que por lo demás es parte de las indagaciones ordenadas por la Corte Marcial al reabrir la causa que ahora sustancia el ministro Alejandro Solís.
*Radio U. de Chile