Es una ficción en Europa pretender que los inmigrantes, que suman decenas de millones, son iguales ante la ley. La discriminación salta a la vista. En los aeropuertos, basta ver el color de la piel de cada cual para saber a quién revisarán en forma exhaustiva. Las patrullas policiales detienen a los morenos de pelo ensortijado.
Cientos de vehículos quemados tras una semana de desórdenes en la periferia de París. Todo comenzó cuando dos jóvenes, de 15 y 17 años, en el barrio de Clichy -sous- Bois, se electrocutaron en una subcentral eléctrica mientras, según algunas versiones, huían de la policía. Fue el detonante para que centenares de muchachos hijos de inmigrantes árabes y africanos salieran a las calles a gritar su amargura y frustración.
Lo que comenzó como un incidente de muchos que ocurren en las barriadas pobres de París, creció con velocidad inusitada para transformarse en un asunto de Estado. Para dar una señal de que las cosas estaban bajo control, Nicolas Sarkozy, el ministro del Interior, visitó el complejo habitacional de Chêne-Pointy, donde se registró la mayor violencia. Como cabía esperar, fue abucheado y le lanzaron monedas. El ministro perdió la compostura y sin pensarlo dos veces gritó a los manifestantes que no eran más que lumpen y que se librarían de ellos. ¿Qué quiso decir? ¿Que los deportarían? ¿Que irían a la cárcel? Sarkozy quiso apagar el fuego con bencina: la noche siguiente había aún más personas en las calles.
La seriedad de los incidentes quedó reflejada en el hecho de que tanto el Primer Ministro, Dominique de Villepin, y Sarkozy suspendieron sendos viajes al exterior. En forma oblicua, el Presidente de la República, Jacques Chirac, reprendió a Sarkozy al declarar que la ausencia de diálogo y la escalada de falta de respeto conducen a una situación peligrosa. El Gobierno francés convocó a una reunión de emergencia para analizar la situación de lo que la burocracia describe como zonas urbanas sensibles.
Es claro que cualquiera sea el desarrollo de las cosas, algo ha cambiado. Se multiplican las dudas sobre la efectividad del llamado modelo francés de integración. Las autoridades repiten que hay un solo territorio nacional y que todos los franceses son iguales ante la ley, pero, como habría dicho George Orwell, algunos son más iguales que otros.
Es una ficción en Europa pretender que los inmigrantes, que suman decenas de millones, son iguales ante la ley. La discriminación salta a la vista. En los aeropuertos, basta ver el color de la piel de cada cual para saber a quién revisarán en forma exhaustiva. Las patrullas policiales detienen a los morenos de pelo ensortijado. A la hora de las relocalizaciones, como se denomina la fuga masiva de empresas en busca de los bajos costos asiáticos, los primeros en perder sus empleos son los recién llegados. La sociedad en su conjunto margina y encierra en guetos a los inmigrantes. Es difícil, muy difícil, encontrar arriendos, en especial para los afroárabes, fuera de las zonas sensibles.
La sociedad francesa, como el resto de las europeas, está dividida en cuanto a cómo enfrentar las masas de inmigrantes. Una forma es ignorarlos y dejar que vivan en sus barrios. Ello tiene el peligro de explosiones sociales recurrentes. Otro enfoque es el asumido por Sarkozy, que consiste en aplicar mano dura: quien transgrede las normas se va a la cárcel o fuera del país. Otra opción es buscar intermediaciones que permitan incorporarlos respetando sus identidades culturales. Mucha agua correrá bajo los puentes del Sena antes de que se apaguen las fogatas del descontento.