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Agosto 20, 2026

Lavín y los DDHH: ¿Negligencia culposa?

Mauricio Jorquera Encina cumplía 19 años el día de su detención, un 5 de agosto de 1974. Estudiaba Sociología en la Universidad de Chile y militaba en el MIR. Han transcurrido 31 años desde su desaparición.

Hace algún tiempo, falleció su padre don Alberto, a la avanzada edad de 89 años. Pareciera que quiso alargar su vida al máximo, por si acaso sabía algo de ese hijo que no vio proyectarse, ni le dio nietos como los otros. Durante estos 31 años su opción fue el silencio. Doña Lucy Encina, esposa y madre, ha sido la más insistente en buscar avanzar en verdad y justicia.

En aquella oportunidad, sus compañeros y amigos, estuvimos en la Iglesia San Lázaro, muy cerca de la casa familiar, despidiendo al padre del “chico Pedro”, y constatando que se van muriendo “los viejos y viejas” sin encontrar todavía el cierre justo para estos crímenes.

Jueces dignos y una Corte Suprema tuerta y sorda

Veamos un ejemplo concreto del rol jugado por el Poder Judicial y su cúpula. Por Mauricio el 20 de agosto de 1974 se presentó el recurso de amparo, rol 963- 74, ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El expediente se extravió y debió reconstituirse. El 1 de abril de ese año era rechazado el amparo y se ordenaba remitir los antecedentes al Primer Juzgado del Crimen. Luego el 8 de abril se iniciaba la causa rol 106.791 por presunta desgracia ante el mencionado juzgado. El 4 de agosto de 1976 el juez declaraba el cierre del sumario y su sobreseimiento temporal. Esta resolución fue aprobada por la Corte de Apelaciones el 6 de octubre de 1976.

Pasaron largos años y en 1991 se reabrió el sumario en la causa rol 106.791 por presunta desgracia. En virtud de estos nuevos antecedentes el 2 de diciembre de 1991, los padres de Mauricio Jorquera, interpusieron una querella criminal.

El juez Guzmán estableció hace un par de años, que los restos de Mauricio habrían sido tirados al mar entre San Antonio y Quinteros, encontrando incluso rieles que confirmaban la versión que estos iban adosados a los cuerpos, para mantenerlos en las profundidades.

La UDI, la UC y Lavín

El candidato de la UDI tiene hoy 52 años. El 73 tenía 20 años, o sea, era un año mayor que Mauricio Jorquera. En octubre de 1973, era detenido y desaparecía en la ciudad de Cauquenes el técnico agrícola Claudio Lavín Loyola, tenía 29 años y militaba en el PS. Sus restos eran reconocidos 26 años más tarde, a raíz de la investigación del ministro Guzmán. Joaquín Lavín en 1973, a pocos meses del golpe militar, ¿podía ignorar que un primo hermano era afectado tan directamente? Con 23 años Lavín se recibía de ingeniero comercial en la Universidad Católica. Era el año 1976.

¿Qué hubiese sucedido si los entonces presidentes de la FEUC, Juan Antonio Coloma y Andrés Chadwick hubiesen reclamado por sus profesores y compañeros de sala expulsados, detenidos, torturados y desaparecidos? ¿Cómo habría reaccionado el rector-almirante Jorge Sewtt? ¿Que hacía Jaime Guzmán, fuera de condolerse e interponer sus oficios en casos muy puntuales, mientras en paralelo asesoraba con su cabeza y su pluma a la mismísima Junta Militar y al general Leigh en particular?

Por esos años, el senador Carlos Bombal, como jefe de gabinete del rector de la época, recibía a los agentes de la DINA que andaban a la caza de opositores, como informaba la revista “El Periodista” en agosto del 2003.

¿Qué sucedía, en tanto, en la Facultad de Derecho donde Jovino Novoa y Miguel Kast fueron presidentes de su Centro de Alumnos? ¿El joven Lavín en la UC, entraría a los baños y leería audaces rayados o escucharía murmuraciones de los pasos de la DINA “poroteando” en el Campus Oriente desde camionetas Luv C 10 con cabinas con toldos y patentes negro y blanco, llevaban en sus cabinas a hombres y mujeres esposadas, para reconocer y delatar a sus compañeros?

Parece que ninguno de ellos se enteró en 1975 de la detención del profesor y poeta del Instituto de Literatura Jaime Ignacio Ossa Galdames, quien luego fallecería en Villa Grimaldi de las torturas recibidas. ¿Alguien en la Pontificia escucho decir que junto a Ignacio fue detenido el seminarista Ricardo Salgado, quien logró sobrevivir?.

¿O quizás les suene el nombre de Alan Bruce Catalán, estudiante de Ingeniería Civil de la misma universidad, desaparecido por obra de su tío el teniente coronel del Ejército Marcelo Morén Brito?

¿Habrán escuchado referirse al también profesor e investigador Juan Avalos Davidson, militante del PC, detenido por la DINA en noviembre de 1975 y desaparecido hasta el hallazgo de sus restos en 1990, en un recinto que perteneció al Ejército?

¿Quién de estos ahora señores honorables diputados, senadores y dirigentes políticos “escuchó nombrar” a Jenny Barros Rosales, estudiante de enfermería, detenida en San Bernardo?

¿Llegarían peticiones de audiencia, ayuda o solidaridad al despacho del entonces Vicerrector de Comunicaciones y académico señor Hernán Larrain, quien desempeñó esos altos cargos entre 1974 y 1986? ¿Acaso no sobraban asientos o quedaban evaluaciones sin reclamar y mensualidades impagas cuando faltaban estos estudiantes desaparecidos, muertos, clandestinos y exiliados?

Parece que son demasiadas las evidencias, los cruces de fuentes, las señales e indicios para haberse enterado de algo, para haber sospechado que “estaban sucediendo hechos graves y punibles”. Por todo lo ya expuesto, es que no creemos en las “desafecciones” de Joaquín Lavín.

Su paso por Concepción y El Mercurio

Pasaron los años. En 1979, con 26 años, Lavín asumía como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. El rector-delegado era el teniente coronel de caballería Heinrich Rochna Viola, luego asumiría Guillermo Clericus, quién lo exoneraría, producto de disputas intestinas entre facciones nacionalistas y gremialistas.

Lavín estaba muy enfrascado en sus altas responsabilidades. Tampoco daba crédito a los informes de Naciones Unidas, y con mucha certeza fue de las personas que escuchó y leyó una nómina de “presuntos desaparecidos sin existencia legal” entregada por el delegado del gobierno chileno ante el organismo internacional, Sergio Diez, en noviembre de 1975.

Eran años en que las gestiones de la señora Lucy Encina, la madre de Mauricio, frente a los tribunales, el Comité Pro Paz y la Vicaría buscaban asumir el previsible desenlace de ese hijo ausente. Pero, la Corte Suprema “estaba en otra”.

En 1981 y durante los próximos siete años Joaquín Lavín asumirá como editor de Economía y Negocios y luego como editor de Informaciones de El Mercurio. Durante ese tiempo, varios centenares de hombres y mujeres mueren en ejecuciones y falsos enfrentamientos, protestas callejeras y también un número menor en acciones de resistencia. Joaquín Lavín, pese a estar en el diario con el mayor archivo periodístico del país, además de tener a mano significativos poderes fácticos, etc., seguiría ignorando las violaciones a los derechos humanos.

La Iglesia Católica, junto a otras confesiones religiosas, asumía una activa denuncia de estos atropellos y crímenes, pero tampoco Joaquín Lavín pudo creerles a sus pastores.

Sucesivos informes desoídos

Con la transición, vinieron el Informe Rettig, la Mesa de Diálogo y luego el Informe Valech. Pero, nada de ello pareció configurar la verdad esperada. El punto de inflexión para descreer en el régimen pinochetista no estuvo en las investigaciones de jueces dignos como García, Bañados, Luksic, Guzmán, Dolmetsch, Muñoz y tantos otros. No, tuvo que suceder lo del banco Riggs para que, involucrado el dinero de por medio, Lavín y sus amigos de generación recién comenzaran a dudar de Pinochet.

Resulta exigible, que de una vez por todas la derecha y sus conspicuos representantes asuman que guardaron silencio culposo, que miraron para el lado, cuando no colaboraron abiertamente con la represión de 17 años.

Se quiera o no los Derechos Humanos seguirán estando presentes en la campaña presidencial. Pretender abstraerse del tema, reducirlo o utilizarlo espuriamente para “desafectarse” como Lavín lo intenta, no parece dar dividendos auspiciosos.

La justicia y la verdad caminan en Chile con un paso para atrás y otro para adelante. De todas formas, la tendencia parece ser que en el mediano plazo y más allá de retrocesos puntuales, el balance es la persistencia de la memoria que aunque no siempre se revele, parece importar a cada vez más significativos segmentos ciudadanos, particularmente entre los más jóvenes. Hoy resulta falaz afirmar que sólo los temas del presente  inmediato copan la  agenda  ciudadana. Mientras más se conoce el pasado reciente, más interés parece haber en profundizar la verdad y la justicia. Si no, basta evaluar las mayoritarias  reacciones contrarias al indulto presidencial , además de los vanos intentos de la UDI y su candidato para lograr travestirse suficientemente, pese a todas las maniobras y artificios intentados.

El Mercurio, muchos supremos, empresarios y políticos entre otros, todavía miran para el lado cuando se les demanda asumir sus responsabilidades  respecto a crímenes de lesa humanidad  que transcurridos 32 años no dejan de asombrar en sus características  de sadismo y exterminio político. Todo indica, que respecto a los Derechos Humanos no se producirán milagros que cierren por decreto, ley o acuerdo cupular, lo que social e históricamente debe seguir procesándose. En esto parece que no habrá milagros.

Entretanto, los viejos se mueren sin verdad ni justicia. Mientras, muchos de nosotros, seguiremos recordando a Mauricio Jorquera y a todos los que en vida y sueño significaron tanto y tienen el derecho a toda la verdad y justicia que sus nombres reivindicados hoy, así demandan.

Ignacio Vidaurrázaga es periodista.