Recordemos que el conjunto de instituciones y procesos que hoy nos rigen fueron autoritariamente impuestas en ese período: La inmensa concentración del poder económico y comunicacional en grandes grupos económicos; la altamente regresiva distribución del ingreso (que diversas organizaciones internacionales la registran como una de las más desiguales de América Latina y del mundo); la imposibilidad legal del Estado de planificar indicativamente un proyecto nacional de desarrollo; la privatización de servicios públicos esenciales (lo que, incluso, fue continuado por los tres gobiernos concertacionistas); la severa restricción de los derechos laborales; la desarticulación de las organizaciones sociales de los sectores medios y populares, tales como los sindicatos, juntas de vecinos, colegios profesionales y cooperativas; la mercantilización de la educación, la salud y la previsión social; la desnacionalización de la mayor parte de la gran minería del cobre; etc.
Lamentablemente, a aquellas gigantescas limitaciones objetivas, debemos agregar una disposición subjetiva del liderazgo de la Concertación a mantener los rasgos esenciales de dicho modelo de sociedad. Disposición que ha sido convenientemente ocultada a la población. Así, podemos comprender diversas acciones insólitas de aquel liderazgo: la entrega –a través de las reformas constitucionales consensuadas en 1989- a la futura oposición de derecha de la segura mayoría parlamentaria que le aguardaba a Aylwin, de haberse mantenido los artículos 65 y 68 originales de la Constitución del 80; la renuencia a establecer pactos electorales con la izquierda extra–concertacionista, pese a que aquellos le habrían dado mayoría propia en las dos cámaras en 1997; el total desaprovechamiento (para modificar elementos esenciales del modelo neoliberal) de la mayoría obtenida fortuitamente en ambas cámaras entre agosto de 2000 y marzo de 2002, gracias a los desafueros de Pinochet y Francisco Javier Errázuriz; la autodestrucción –por acción u omisión- de todos los medios de prensa afines a la Concertación que ésta laboriosamente pudo desarrollar en la década de los 80 (La Epoca, Fortín Mapocho, Hoy, Cauce, Análisis y Apsi); la negativa a restituir Clarín a sus legítimos propietarios, frustrando con ello la única posibilidad efectiva de volver a tener un diario de centroizquierda en Chile; la falta de voluntad para cumplir con el compromiso programático, formulado en 1989 y 1993, de derogar o anular el decreto-ley de autoamnistía de 1978; los diversos proyectos de ley orientados a consagrar la impunidad, presentados o aceptados en principio por dicho liderazgo, como el Acuerdo- Marco (1990), el proyecto de ley Aylwin (1993), el proyecto de ley Frei (1995), el Acuerdo Figueroa-Otero (1995), el proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Senado (1998), y el proyecto de inmunidad para quienes aportaran datos del destino final de los detenidos-desaparecidos (2003); etc.
Esta lamentable disposición subjetiva a preservar los rasgos fundamentales de la democracia tutelada y del modelo neoliberal podemos verla consagrada con la exultante aceptación de las últimas reformas constitucionales expresada por el Gobierno y el liderazgo de la Concertación, en conjunto con la derecha. De este modo, hemos visto proclamado por el propio Lagos y por connotados parlamentarios oficialistas el término de “todos los enclaves autoritarios” y el consiguiente “fin de la transición”. Es más, se ha anunciado que, en virtud de las últimas reformas, la Constitución del 80 ya no llevará la firma de Pinochet, sino que la de Lagos…
*Sociólogo, autor de “Chile, una democracia tutelada”
